Gustavo de la Rosa, delegado en Ciudad Juárez de la autónoma Comisión Estatal de Derechos Humanos del norteño estado mexicano de Chihuahua, tuvo que refugiarse casi un mes en la vecina ciudad estadounidense de El Paso debido a amenazas de muerte en su contra vinculadas a su actividad.
El caso de De la Rosa es ilustrativo de la delicada situación que afrontan los activistas humanitarios en este país, según la información recogida por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en un informe presentado este martes en esta capital.
En el reporte titulado "Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo", la OACNUDH da cuenta que halló, entre enero de 2006 y agosto pasado, 128 casos de agresiones a activistas, 10 de ellas terminaron en asesinato, y recibió 54 denuncias de ataques en todo el país.
"Compromiso y riesgo, esa es la situación en la que trabajan los defensores de derechos humanos", dijo el italiano Alberto Brunori, director de la OACNUDH, en la presentación en México del documento, de 50 páginas de extensión.
Las amenazas representaron 27 por ciento de los expedientes, la persecución penal de los promotores otro 20 por ciento, el hostigamiento ascendió a 17 por ciento y la injusticia arbitraria, como robo de información y allanamiento a oficinas, a 10 por ciento, según el informe.
La ciudad de México, el estado de Chihuahua y los sureños Oaxaca, Guerrero y Chiapas fueron los escenarios donde se registró el mayor número de incidentes.
En 52 por ciento de los hechos se desconoce la identidad de los perpetradores, en tanto que los encargados de la procuración y administración de justicia local fueron responsabilizados por 17 por ciento de los actos.
Un defensor es cualquier persona que, individual o colectivamente, promueva y procure la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional o internacional, según la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, de la ONU de 1998.
Del total de casos registrados, 36 fueron en contra de mujeres y, en el lapso citado, 10 personas fueron asesinadas y otras tres secuestradas debido a su trabajo de defensoría.
Ante ese panorama, la respuesta del Estado mexicano, según Brunori, ha sido desigual, especialmente en el ámbito local.
"Sigue siendo indispensable que el Estado adopte el tema de los defensores como una de sus prioridades y que se fortalezca una política de estado integral sobre el tema", expresó Brunori, cuya oficina se estableció en México en 2000.
Para elaborar el reporte, la OACNUDH visitó 10 de los 32 estados que componen México, se entrevistó con organizaciones no gubernamentales, defensores, víctimas de agresiones, autoridades y periodistas, además de enviar cuestionarios a todos ellos y a organismos públicos del área.
Para Noemí Ramírez, directora ejecutiva de la no gubernamental Academia Mexicana de Derechos Humanos, la situación de los defensores es "preocupante". "El gobierno ha denostado el trabajo de defensores. En esta administración, hay un retroceso grave", declaró a IPS.
Sandra Salcedo, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la privada Universidad Iberoamericana, expresó un punto de vista similar. "Las organizaciones hablan de la falta de apoyo a su labor y los problemas que encuentran en su trabajo, agravados con el incremento de ataques del crimen organizado", señaló.
Durante el Examen Periódico Universal, un mecanismo para analizar ese campo efectuado el 10 de febrero en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) transmitió varias recomendaciones al Estado mexicano en relación con la situación de los activistas.
Este país norteamericano pasa por una severa crisis de seguridad pública. Poco después de asumir el cargo en diciembre de 2006, el presidente de México, el conservador Felipe Calderón, inició una campaña de lucha contra el narcotráfico mediante el despliegue de miles de soldados y policías.
Este año, más de 5.500 personas han muerto en sucesos ligados al crimen organizado, dato que ya supera al reportado en todo 2008, según recuentos periodísticos.
Además, el ejército mexicano es señalado por organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante sus operativos antinarcóticos.
La OACNUDH firmó un acuerdo con la Secretaría (ministerio) de la Defensa que incluye apoyo para prevenir potenciales violaciones a los derechos básicos y la formulación de un sistema de indicadores para evaluar el programa de formación en esa materia para sus miembros.
Una de las historias más notorias conectadas con la experiencia de los defensores en México es el caso de Raúl Lucas y de Manuel Ponce, dirigentes de la no gubernamental Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, cuyos cuerpos aparecieron torturados y ejecutados el 21 de febrero en un municipio del estado de Guerrero, crimen que continúa impune.
En febrero, el no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", que recibió un premio por su labor de parte de la también independiente Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas inglesas) en septiembre, cerró una delegación en la comunidad de Ayutla de los Libres, en Guerrero, por amenazas, intimidación y persecución contra activistas pro derechos de los pueblos indígenas que colaboran con esa entidad.
La impunidad es precisamente uno de los aspectos que despierta inquietud en la delegación de la ONU. "El mensaje es que alienta la repetición de los crímenes", destacó Brunori.
La representación de la ONU recomendó al gobierno la institución de un mecanismo nacional para la protección de los defensores, la consolidación de un programa especial de atención a los promotores amenazados y una campaña de difusión masiva sobre la labor de los activistas.
El estado mexicano se enfrenta a varias demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita al sistema de justicia de la Organización de los Estados Americanos y con sede en San José de Costa Rica.
Entre los casos figuran el del dirigente comunitario Rosendo Radilla, desaparecido por soldados en el estado de Guerrero en 1974, la violación de dos mujeres indígenas a manos de uniformados en ese mismo territorio en 2002 y el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos y que pertenecen al grupo de las llamadas "muertas de Juárez".
"La lucha contra el narco ha agravado la situación de los derechos humanos, son constantes los reportes de violaciones a esos derechos en las zonas donde están asentados los militares. La sociedad queda en un estado de vulnerabilidad ante el ejército", señaló Ramírez.
"No hay respuesta a las denuncias presentadas. Además, están las campañas de descalificación contra las organizaciones desde diferentes poderes", sostuvo, por su parte, Salcedo.
"Existe un riesgo de que las agresiones contra los defensores se incrementen", reconoció Brunori.
De la Rosa, que asumió su cargo en abril de 2008, volvió el sábado pasado a Ciudad Juárez, donde se encuentra bajo protección del gobierno estatal.
