La falta de voluntad política para combatir la corrupción impide que Timor Oriental salga adelante, asegura Sebastião Ximenes, defensor del pueblo (ombudsman) para los derechos humanos y la justicia.
"El pueblo espera que nuestros gobernantes demuestren una gran decisión para luchar contra la corrupción", dijo Ximenes a IPS en su oficina en Dili. "Aun con una buena legislación y buenas instituciones, si no hay voluntad política, no se puede combatir el problema".
El defensor del pueblo dirigió a la fiscalía general 28 denuncias contra funcionarios del actual y del anterior gobierno, pero ninguna llegó a la justicia.
"No tenemos poder de decisión, sólo podemos hacer recomendaciones. Después de investigar enviamos las conclusiones y recomendaciones a la fiscalía", explicó. Otras dos copias se envían al primer ministro y a los denunciantes.
A principios de este mes se filtró a la prensa un informe de la Defensoría del Pueblo en el que Ximenes recomendaba investigar si el viceprimer ministro José Luis Guterres incurrió en los delitos de abuso de poder, colusión y nepotismo al contratar a su esposa, Ana Maria Valerio, como consejera de la embajada de Timor Oriental ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2006.
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Guterres era embajador concurrente de este país en Estados Unidos y en la ONU en 2006, antes de regresar a Dili y ser investido como ministro de Relaciones Exteriores.
Según el informe de Ximenes, Valerio no reunía condiciones para ser nombrada en ese cargo, cuyos aspirantes debían ser diplomáticos de carrera y haber servido previamente en funciones de más bajo rango. Ella no cumplía ninguno de esos requisitos ni era ciudadana timorense.
Tampoco tenía derecho a recibir un complemento salarial para vivienda, reservado solamente para diplomáticos o ciudadanos de este país que trabajan en el exterior y carecen de un lugar donde vivir.
Los delitos mencionados en el informe pueden conducir a una condena de 20 años de prisión.
Las acciones de Guterres constituyeron "abuso de poder e infringieron varias leyes, derivando en irregularidades y perjuicios para el Estado en beneficio de su familia", según el informe de la Defensoría del Pueblo.
El viceprimer ministro se negó a hacer declaraciones al ser consultado por IPS. Pero poco después, el gobierno divulgó un comunicado afirmando que Guterres "en ningún momento incurrió en ningún acto de corrupción".
"Valerio colaboraba con la Misión Permanente de Timor Oriental ante la ONU desde 2003, cuando era necesario y en forma honoraria. El cargo le fue otorgado por méritos y en forma temporal", agregó el comunicado.
Guterres es uno de los dirigentes tradicionales del Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente (Fretilin), que luchó contra la sangrienta ocupación indonesia (1975-1999) y gobernó el país desde su independencia, en 2002, hasta 2007.
En 2006, Guterres encabezó una fracción interna, Mudança (cambio, en portugués) que intentó sin éxito tomar el control del partido, embarcado en una dura disputa interna.
Para las elecciones legislativas de 2007, el líder histórico de la independencia y ex presidente José Alexandre "Xanana" Gusmão, que había abandonado el Fretilin, se postuló por el recién creado Congreso Nacional de Reconstrucción Timorense.
Pese a que el Fretilin obtuvo el primer lugar, Gusmão consiguió formar un gobierno de coalición, contando entre otros con el apoyo del movimiento Mudança, y fue investido primer ministro.
Pero Guterres y Mudança no han abandonado el Fretilin. Las luchas políticas intestinas de ese partido hoy opositor podrían estar vinculadas con las denuncias de corrupción en su contra.
"El Fretilin acusó a Guterres de corrupción después de que éste se convirtiera en viceprimer ministro del IV gobierno constitucional, encabezado por el primer ministro Xanana Gusmão", sostuvo el comunicado del gobierno.
Para el ombudsman Ximenes, que ocupa el cargo desde hace cuatro años, la denuncia contra Guterres es una de las tantas que quedaron archivadas.
Los hechos "ocurrieron cuando Guterres era canciller", señaló. "No sé si olvidó la ley o quizá no la conocía o sus asesores le informaron mal, pero publicamos lo que descubrimos".
Sin embargo, no se trata solo de falta de voluntad política para procesar los casos de corrupción.
Timor Oriental necesita una ley específica que obligue a legisladores, miembros del gobierno y otros altos funcionarios a declarar sus bienes, señaló Ximenes, quien añadió que su oficina no suele recibir el apoyo necesario.
"A veces no es buena la colaboración con otras instituciones", explicó. "La ley señala que el ombudsman puede acceder a todas las instituciones para buscar información, pero a veces nos cuesta conseguir los documentos y los datos que buscamos, no nos los dan".
El ombudsman trabaja estrechamente con la fiscalía general, pero eso no es suficiente.
"El problema con la fiscalía no es su falta de disposición, sino de capacidades", señaló. "No hay personal ni un fiscal especial para atender los casos de corrupción".
El papel de la sociedad civil se vuelve cada vez más importante ante la incapacidad del Estado para atender casos de corrupción en las altas esferas y el atraso de la fiscalía general, que tiene unos 5.000 casos pendientes.
La organización no gubernamental Lalenok Ba Ema Hotu (Labeh) lanzó en agosto la Campaña Nacional contra la Corrupción para sensibilizar a la población sobre las numerosas irregularidades existentes en el país.
"Si decimos que hay corrupción, hay que derivar los casos a la justicia para que ésta encuentre a los responsables, los envíe a prisión y los destituya. Después de tantos años, la gente merece una vida mejor", señaló el propio Guterres en el acto de lanzamiento de la campaña en Dili.
Para el director ejecutivo de Labeh, Christopher Samson, "la mayoría de los integrantes del gobierno no comprenden de qué se trata el trabajo del defensor del pueblo. No tiene nada que ver con la ley".
"Todos los que se opusieron al informe del ombudsman lo hicieron porque se vieron afectados en forma personal", añadió.
