La masacre de 10 jóvenes el pasado fin de semana en el sudoeste de Venezuela fronterizo con Colombia quedó rápidamente encuadrada en el conflicto político y diplomático que opone a los dos países desde que Bogotá anunció la apertura de siete bases a fuerzas militares de Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela anunció este martes la detención de varios agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, el más poderoso servicio de inteligencia colombiano, adscrito a la Presidencia), que estarían haciendo labores de espionaje, según dijo el vicecanciller, Francisco Arias, sin detallar número de detenidos, fecha o área de los arrestos.
Los funcionarios "fueron capturados haciendo acciones de espionaje que afectan y dañan la relación entre hermanos", y su objetivo sería la ejecución de "un gran plan de conspiración y desestabilización en contra de Venezuela", dijo Arias.
Es DAS está envuelto en un escándalo que estalló en febrero en Colombia, cuando quedaron al descubierto masivas operaciones de espionaje y sabotaje que ese organismo ejecuta desde hace años contra jueces, políticos opositores, activistas de derechos humanos y periodistas de ese país.
Caracas lamenta la violenta muerte de los jóvenes en la frontera, pero "que no se distraiga la atención de la denuncia sobre las actividades de espionaje del DAS en territorio venezolano", agregó.
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Por su parte, la embajadora de Colombia en Venezuela, María Luisa Chiappe, sostuvo que "lo importante ahora es hacer las investigaciones sobre la matanza de 10 personas en Venezuela, entre ellos ocho colombianos, un peruano y un venezolano, y encontrar a los responsables del crimen".
La "masacre de Chururú", precedida de un secuestro masivo, "es un hecho sin precedentes que nos está señalando que la frontera se ha vuelto un sitio de alta peligrosidad y que los dos países debemos ocuparnos de ese tema", agregó Chiappe.
En Washington, la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) declaró que los gobiernos de Colombia y Venezuela deben investigar de inmediato y exhaustivamente la masacre, y trabajar en forma conjunta para ello.
"El asesinato brutal de estos secuestrados lamentablemente encaja dentro del patrón de abusos sistemáticos por parte de grupos armados en el conflicto colombiano", afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
En Caracas, organizaciones de derechos humanos y analistas de la relación bilateral consultados por IPS todavía acopiaban información sobre la masacre antes de elaborar sus pronunciamientos.
Chururú es un caserío en el estado de Táchira, extremo sudoccidental de Venezuela y limítrofe con el nororiental departamento colombiano de Norte de Santander. Aunque dista menos de 100 kilómetros en línea recta de la frontera, para llegar a él desde ese límite se precisan entre tres y cuatro horas de recorrido carretero.
Allí se asentaron jóvenes colombianos que emigraron en los últimos meses y que se dedicaban, en su mayoría, a vender bolsitas de maní en los autobuses que circulan por la zona, y el grupo de fútbol que crearon se llamaba "Los Maniceros".
Los jóvenes disputaban un partido el 11 de octubre en la cancha local, cuando a bordo de varios vehículos aparecieron unos 15 hombres que vestían ropa de camuflaje, provistos de armas largas y radiotransmisores, y sometieron a jugadores y espectadores.
Luego, lista en mano, se llevaron detenidos a 12 jóvenes. Al cabo de dos semanas, 10 de los secuestrados aparecieron muertos, en grupos de dos y tres, en cuatro puntos de la geografía del Táchira separados por varios tramos carreteros. Hay un desaparecido y otro joven, Manuel Cortés, sobrevivió al disparo que le hicieron en la nuca.
Según relató Cortés, unos 18 hombres armados y varios de los cuales lucían "franelas" (camisetas) con la efigie del guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara los mantuvieron atados o encadenados a la intemperie, en un campamento en una montaña.
En la tarde del 23 de octubre les dijeron que los liberarían y se los llevaron en grupos, pero en verdad fueron a distintos parajes, los arrodillaron y luego los ejecutaron.
"Por las informaciones recabadas de los vecinos, se trataría del Ejército de Liberación Nacional (ELN)", dijo el gobernador de Táchira, César Pérez, democristiano y opositor al presidente Hugo Chávez.
En cualquier caso, "no tengo ninguna duda de que esas organizaciones al margen de la ley tienen su origen al otro lado de la frontera", dijo Pérez, y aseguró que en varios municipios de su estado "y ante las narices de la Fuerza Armada venezolana" hay campamentos con centenares de guerrilleros colombianos.
"Es cierto que el ELN tiene en esa zona, en la parte venezolana, un corredor de paso, de tránsito, que lleva muchos años, desde principios de los años 80", dijo a IPS el analista colombiano Luis Eduardo Celis, de la Corporación Nuevo Arco Iris y ex miembro de esa guerrilla.
El ELN, que se ha pronunciado sobre hechos similares en el pasado en Colombia, explicándolos o negándolos, aún no ha divulgado ninguna declaración sobre este hecho.
Para Celis,"este es un hecho es muy grave porque implica no solamente 10 u 11 personas muertas sino que complica las relaciones con Venezuela".
"Posiblemente en las próximas 72 horas puede haber un pronunciamiento de las estructuras de frontera o del Comando Central del ELN", aventuró.
El vicepresidente y ministro de Defensa de Venezuela, Ramón Carrizález, atribuyó la masacre a un posible ajuste de cuentas entre grupos paramilitares, organizaciones armadas de extrema derecha que han permeado la frontera.
Respecto de los jóvenes abatidos "existen indicios que conducen a identificarlos como paramilitares", como por ejemplo "la actividad a la que se dedicaban (venta de maní), la cual no se correspondía con el nivel de vida que llevaban", dijo.
"Los pobladores de la zona aseguran que frecuentemente aparecían involucrados en hechos violentos. La manera como llegaron, su identidad como grupo, nos hace pensar que son parte de esos planes de infiltración del gobierno colombiano apoyado por factores internos", comentó Carrizález.
El ministro venezolano del Interior, Tarek El Aissami, sostuvo que el gobernador de Táchira mantiene contactos con grupos paramilitares de Colombia, lo que Pérez desmiente airadamente en cada oportunidad y exige la presentación de pruebas.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, hizo "un llamado al gobierno de Venezuela, a su presidente, para que por encima de cualquier diferencia busquemos cómo puede haber una coordinación de actividades para proteger el derecho a la vida de los colombianos y los venezolanos".
Venezuela congeló sus relaciones políticas con Colombia y redujo drásticamente las comerciales al considerar como una agresión el acuerdo entre Bogotá y Washington, que entrará en vigor en breve, para el uso de bases militares colombianas por parte de fuerzas estadounidenses.
Una muestra de esa desconfianza fue que Venezuela negó permiso para que aeronaves militares colombianas, un avión o algunos helicópteros, llegasen a Táchira para recoger y repatriar los cadáveres de los abatidos en Chururú.
Los cadáveres fueron repatriados por vía terrestre, hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, a la medianoche del lunes a este martes, después de trámites que se complicaron por falta de equipos de impresión y fotocopiado en la oficina de registro venezolana, que rechazó la oferta de esos instrumentos, efectuada por el consulado colombiano.
El canciller colombiano Jaime Bermúdez desestimó la acusación de espionaje contra el DAS este martes al subrayar en una declaración que "el mundo entero confía en que Venezuela asuma la investigación (de la masacre) con responsabilidad, pulcritud y claridad".
De modo que la masacre y su investigación queda enmarcada en la conflictiva relación entre Bogotá y Caracas, los dos gobiernos ideológicamente más dispares de América del Sur.
* Con aporte de Constanza Vieira (Bogotá).
