El gobierno de Sri Lanka, acusado de retener ilegalmente a los desplazados de la guerra entre el ejército y los rebeldes tamiles, prepara el retorno de esa minoría a su territorio antes de que comience la temporada de monzones, según organizaciones no gubernamentales.
Más de 250.000 desplazados internos permanecen en campamentos en la ciudad norteña de Vavuniya desde que escaparon de los combates de este año entre tropas del gobierno y los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil-Eelam (LTTE).
El ejército quebró las filas defensivas de los rebeldes en mayo y mató a su líder Velupillai Prabhakaran, poniendo fin así a casi 30 años de conflicto generado por la búsqueda de la independencia de los tamiles, una minoría étnica que representa 14 por ciento de la población de Sri Lanka y que se concentra en la región nororiental del país.
Un 4,6 por ciento de los tamiles de origen indio, traídos a este país por los colonizadores británicos para trabajar en las plantaciones de té y caucho, no apoyan la causa separatista y prefieren mantener su propia identidad. Aún viven en esas plantaciones y su número ronda el medio millón de personas.
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El gobierno negó las acusaciones de que mantiene a la fuerza a los desplazados en los campamentos desde que terminó la guerra, asegurando que primero se necesita eliminar las minas plantadas por los Tigres y restaurar las viviendas dañadas antes de que puedan retornar. Además, alegan las autoridades, cientos de presuntos cuadros del LTTE están infiltrados en esos campamentos y deben ser identificados antes de permitir el regreso masivo.
El 10 de este mes, el Ministerio de Reasentamiento y Atención de Desastres anunció que los habitantes de los campamentos serían enviados con familiares que pudieran suministrarles refugio y que toda la información pertinente debía entregarse a cada secretario de Distrito, máxima autoridad gubernamental regional, de las zonas nororientales de donde proceden los desplazados, para acelerar la liberación de civiles.
El gobierno ya autorizó a los mayores de 60 años, unos cuantos cientos de personas, a dejar los campamentos y mudarse a casas de familiares.
Organizaciones no gubernamentales, civiles y religiosas asisten a la gente de los campamentos, afectada por todo tipo de carencias sanitarias. Las autoridades no permiten a los periodistas visitar las instalaciones.
"Lloré cuando entré a un campamento que alberga a más de 200.000 personas", dijo a IPS una veterana trabajadora social el 9 de este mes, cuando regresó a Colombo tras visitar uno de esos centros de reclusión.
Es cierto que el gobierno afronta muchas dificultades para hacer menos gravosa la estancia de los desplazados, admitió la socorrista que no quiso dar su nombre, pero la "acongojó" ver las penurias que soportan las mujeres y los niños, sostuvo. "Les llevamos vestimenta y leche en polvo, y ellos nos rogaban que pidiéramos a las autoridades que los liberen", relató.
"Cuando les dijimos que sus hogares estaban rodeados de minas que deben ser retiradas, nos contestaban que están preparados para ir a donde sea si pueden ser libres", añadió.
Las mujeres carecen de baños con mínima privacidad fuera de las tiendas donde viven las familias y no hay lugares donde dejar cosas tan íntimas como las toallas higiénicas.
Hay muy poca agua, que debe ser trasladada desde lugares distantes, "las mujeres sólo se pueden bañar cada cuatro días y eso es un problema para las que están menstruando", explicó.
El líder opositor Ranil Wickremasinghe acusó al gobierno de violar la ley y la Constitución por retener a los desplazados.
Al hablar ante el parlamento el 9 de este mes, Wickremasinghe insistió en la liberación de los desplazados, argumentando que ninguna ley nacional permite al gobierno recluir a nadie sin una orden de arresto.
"Es claro que esos ciudadanos no están detenidos legalmente. Es ilegal. Tenemos un gobierno que actúa fuera de la ley y viola la Constitución", dijo. "No aceptamos el argumento de que está protegiendo a la población desplazada".
El líder de la Alianza Nacional Tamil en el parlamento, Rajavarothiam Sampanthan, había dicho que el gobierno no tiene recursos para el rápido retorno de los desplazados, y que sólo 8,5 por ciento de ellos habían regresado tres meses después de terminados los combates.
"Las autoridades se comprometieron ante India y las Naciones Unidas a que el retorno de 80 por ciento de los desplazados se completaría en 180 días a partir de mayo", sostuvo Sampanthan, cuyo partido representa a la minoría tamil.
En Jaffna, capital de la norteña región tamil, las familias de los desplazados esperan su regreso. "Uno de mis parientes partió a Vavuniya el lunes cuando se enteró de que algunos desplazados serían entregados a sus familias", dijo un periodista por teléfono desde esa ciudad.
Según las autoridades, unos 50.000 desplazados tienen parientes en Jaffna. Thiagarajah, del Consorcio de Agencias Humanitarias, aseveró que hay 2.880 mujeres embarazadas, 14.000 discapacitados y 600 huérfanos que el gobierno prometió reasentar rápidamente.
El Consejo Nacional de Paz, que trabajó por una solución negociada al conflicto étnico que mató a miles de personas desde 1983, saludó la decisión de entregar los desplazados a familiares que quieran albergarlos.
Pero primero, advirtió, aquellos que quieran irse deben pasar un riguroso proceso de identificación que debe realizarse con velocidad y transparencia, añadió.
