El mayor partido opositor de Sierra Leona demandó a la Comisión Independiente de Medios por haber clausurado su emisora Radio Unity.
La clausura se ejecutó en marzo, luego de enfrentamientos entre seguidores del opositor Partido Popular de Sierra Leona (SLPP, por sus siglas en inglés) y del gobernante Congreso de Todo el Pueblo (APC), cuya radioemisora, Rising Sun, también fue cerrada.
Poco antes del cierre, la radio de APC difundió mensajes que aseguraban que el SLPP había movilizado a ex guerrilleros a su oficina de Freetown para atemorizar a los capitalinos, lo que derivó en un ataque contra la sede partidaria.
La Comisión arguyó que las radios fueron clausuradas por "incitación y no ajustarse al código de ética de los medios de comunicación".
Pero el SLPP insiste en que hubo intereses políticos detrás de la medida y que la emisora de APC sólo fue clausurada para justificar la de Radio Unity, y decidió llevar el caso a la justicia.
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"Nuestra emisora era una espina que el partido de gobierno tenía clavada. Llevamos el caso a la justicia para tratar de corregir la situación", señaló Jacob Jusu Saffa, secretario general del SLPP.
También sostuvo que la Comisión actuó en connivencia con el partido de gobierno para reprimir la libertad de expresión, lo que fue negado en forma rotunda por el organismo.
La justicia reanudará sus labores a fines de diciembre, después de un receso de tres meses, y tratará la demanda del SLPP, que concentrará la atención pública por su contenido político y por estar vinculada a asuntos de derechos humanos, democracia y libertad de prensa.
Radio Unity y Rising Sun comenzaron a funcionar en el periodo previo a las elecciones generales de 2007 que llevaron al APC al gobierno, tras 15 de años de estar en la oposición.
La emisora le dio a APC una gran ventaja en las urnas frente al SLPP. La programación diaria, sumada al creciente descontento del electorado, le permitió reunir numerosos votos.
Pero desde la asunción de APC, la radio del SLPP pasó a ocupar un lugar central en los cuestionamientos al gobierno. Las críticas de Radio Unity al desempeño de algunos funcionarios disgustaron al partido gobernante.
La audiencia de la radio del SLPP aumentó y el apoyo de APC menguó, tan sólo dos años después de llegar al gobierno.
Pero eso no significó que Rising Sun perdiera audiencia. De hecho se volvió un órgano de propaganda eficiente, se utilizó para justificar las acciones de APC y contribuyó a la unidad partidaria.
El ministro de Información y Comunicación, Ibrahim Ben Kargbo, aseguró a IPS que el gobierno no tuvo nada que ver en la clausura de las emisoras.
"La decisión de prohibir las dos radios fue sólo de la Comisión Independiente de Medios. Tiene potestad para regular los medios impresos y electrónicos. No cuestionamos la medida porque creemos en su independencia y neutralidad", señaló Kargbo.
De hecho, el ministro respaldó la decisión diciendo que las emisoras conducían al país por un camino de "falta de unidad nacional, divisiones regionales y obstaculizaban la reconciliación".
Pero no todo el mundo está de acuerdo y gana terreno la opinión de que la medida atenta contra la libertad de prensa en el país.
"Nos oponemos totalmente al cierre de las emisoras de radio. Es inaceptable para nuestra democracia en ciernes y haremos todo lo posible para revocar la medida", señaló Hadji Bah, portavoz de la organización Democracy-Sierra Leona.
Por su parte, el politólogo Joseph Johnson, señaló que pese a no pertenecer a ninguno de los partidos políticos, "cree que la radio del SLPP mantuvo al gobierno en alerta constante y permitió que se expresara la gente común. Debe levantarse la proscripción porque niega los valores de la democracia".
En materia de libertad de prensa, Sierra Leona no tiene buenos antecedentes. Los 11 años de guerra civil, culminada en 2002, y los sucesivos regímenes militares, propiciaron la censura, la persecución y la detención de los trabajadores del sector.
Además, la Asociación de Periodistas de Sierra Leona (SLAJ, por sus siglas en inglés) hace tiempo trata de que se derogue la Ley de Orden Público, de 1965, por considerarla obsoleta. La norma penaliza la difamación y ha servido para llevar a la cárcel a varios periodistas.
La SLAJ hace campaña para que las dos emisoras puedan volver a funcionar y en ese sentido respalda totalmente al SLPP, señaló su presidente, Umaru Fofana.
"No es bueno para la pluralidad ni para la libertad de prensa. La Comisión está autorizada a controlar y regular los medios, no a prohibirlos. Es un golpe claro contra la libertad de expresión y debe revertirse la decisión", añadió.
Tras el cierre de las emisoras, el gobierno encontró una alternativa: transformar el Servicio de Radiodifusión de Sierra Leona en una corporación pública que será autónoma e independiente.
Las autoridades sostienen que habrá espacio para todo el espectro político y mejorará la libertad de expresión. Pero la SLAJ y la oposición no piensan lo mismo.
La SLAJ no está de acuerdo con que el director general de la Corporación de Radiodifusión de Sierra Leona sea designado por el presidente, pues quedaría supeditado a él y podría favorecer al partido de gobierno.
Eso fue lo que ocurrió durante el gobierno del SLPP, cuando el organismo se convirtió en su portavoz y no dio espacio a la oposición.
En este clima de desconfianza, la sociedad civil tiene sus propias ideas para resolver la situación.
El presidente de la Coalición de Activistas de Sierra Leona por los Derechos Humanos y la Sociedad Civil, Charles Mambu, señaló que el gobierno, la SLAJ, la Comisión Independiente de Medios y la oposición deben reunirse para encontrar soluciones.
"Toda intento de amordazar a la prensa, ya sea mediante la proscripción o la detención de periodistas, es inaceptable. El papel de los medios de comunicación es vital para informar y educar a la población, en especial en este país que da sus primeros pasos en la senda democrática", indicó Mambu.
Además propuso organizar una conferencia nacional de consulta que incluya a otros actores del proceso democrático.
