Mientras el presidente de Bolivia, Evo Morales, quiere ampliar el padrón electoral de su país, el gobierno colombiano lo quiere recortar.
Los colombianos que figuran en el padrón electoral son 29.470.000. El umbral (o cifra mínima de votos) que se requiere para dar validez a una consulta popular que refrende una reforma constitucional que permita una tercera postulación consecutiva del mandatario Álvaro Uribe es de algo más de 7,3 millones de sufragios.
Pero las maniobras propuestas por el oficialismo, destinadas a bajar ese umbral, lo reducirían a cuatro millones de sufragios.
Son dos gobiernos y países distintos, con valoraciones diversas sobre el ciudadano elector. Los esfuerzos del gobierno boliviano por aumentar el padrón electoral denotan que, en vez de temerlo, se demanda el voto ciudadano.
[related_articles]
Por el contrario, el proyecto del gobierno colombiano por un padrón recortado, si bien consulta una realidad —la depuración del censo que lleva más de 20 años sin hacerse, lo cual mantiene vivas las cédulas de un millón de muertos— provoca reacciones como la de los senadores Samuel Arrieta y Armando Benedetti quienes, aun siendo uribistas, la encuentran "burda e indecorosa".
Parte del proyecto contempla que solo quedarían habilitados para votar los 12.041.737 electores que participaron en los comicios presidenciales de 2006, más cuatro millones que se empadronaron desde entonces.
De aprobarse la iniciativa quedarían excluidos los 14 millones de electores que, por abstencionistas, por falta de interés, o por cualquier otra razón, no votaron en 2006. En vez de estimular que haya más votantes, parece imperar en el gobierno colombiano el miedo al votante. Y esta es la diferencia radical con el caso boliviano.
Cuando el presidente Morales, apoyado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que señalan la existencia de más de cinco millones de ciudadanos en edad de votar, afirmó que "la meta no es de tres millones y medio, la meta es toda la gente", estaba otra vez dándoles voz a los indígenas aymaras, quechuas y guaraníes, secularmente marginados de la vida social y política de su país.
El dirigente sindical e indígena Felipe Quispe lo dijo en su célebre enfrentamiento verbal con el ex dictador Hugo Banzer (1971-1978 y 1997-2001), "tenemos dos países, general, el suyo y el mío". El secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia retó al presidente a que midieran sus respectivos cerebros para comprobar si uno era más grande o diferente del otro.
La reducción del padrón en Colombia se lograría mediante un agregado a la ley de reforma política propuesta por el senador uribista Manuel Henríquez Rosero, garantizando un cómodo umbral para el referendo reeleccionista.
En Bolivia, que tiene más de 60 por ciento de población nativa, el padrón con predominio blanco y con la exclusión de buena parte de los indígenas, ha resultado cómodo para la gestión política y administrativa de los blancos, hasta ahora.
En una hábil jugada política, el entonces aspirante presidencial Gonzalo Sánchez de Lozada en las elecciones de 1993 propuso la vicepresidencia para un indígena, Víctor Hugo Cárdenas, a pesar del escepticismo y sordo rechazo de la clase política.
Cuando, el día de su investidura, el nuevo vicepresidente dijo su discurso en quechua, aymara, guaraní y español, dejó atrás, por anacrónico e injusto, el trato de indio bruto y de ser inferior que tradicionalmente se endilgaba a los nativos, y mandó un claro mensaje a todos sus hermanos de raza, ya motivados por las celebraciones de los 500 años de la llegada de los europeos a América.
La fuerza de ese mensaje la sintió el propio Sánchez de Lozada en 2002 cuando estuvo a punto de perder la Presidencia frente a su contendor, el entonces diputado y líder cocalero Morales, de origen aymara.
Al mismo tiempo ha crecido, junto con la conciencia política de los indígenas bolivianos, un motivo de alarma para los tradicionales políticos de Bolivia. Se extiende entre la población indígena la idea de que la decisión del voto no se toma individualmente sino en comunidad, lo que blinda a estos electores contra la ofensiva propagandística de los partidos a través de los medios de comunicación.
Ellos no deciden solitariamente frente a un televisor, sino en comunidad: allí programan su registro electoral, discuten y acuerdan su voto, bajo la influencia de una conciencia creciente sobre la dignidad de lo indígena. La vestimenta nativa de la "chola" se salió de las postales de los turistas y entró a la universidad, ocupa un curul en el Congreso y se combina con las carteras ministeriales.
Cada vez es más frecuente que las universitarias que antes lucían uniformadas con la moda occidental, ahora vayan a clases con su "borsalino" de fieltro en lo alto de la cabeza, su manta sobre los hombros y su pollera amplia y colorida alrededor de la cintura.
Los idiomas indígenas, a su vez, están regresando, y una riqueza cultural que se guardaba con recato y timidez entre las paredes del hogar hoy se escucha en medios de comunicación, foros y asambleas, como expresión de que lo indígena está ahí y debe ser incluido.
La pugna política para que el padrón electoral se amplíe en Bolivia tiene ese trasfondo: la incorporación de los excluidos.
Hay además un proceso para empadronar a los ciudadanos que quieran votar en las elecciones nacionales y residen en cuatro países: Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, los de mayor presencia de emigración boliviana.
Pero un párrafo del artículo 47 de la Ley Transitoria Electoral establece: "Como consecuencia de los requerimientos técnicos del registro biométrico, a efectos de la primera experiencia de voto en el exterior, la Corte Nacional Electoral (CNE) empadronará hasta un máximo del seis por ciento del padrón electoral nacional".
Eso implica que sólo una pequeña porción de los bolivianos residentes en esos cuatro países podrán ser censados hasta el 15 de octubre, y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) así lo cumple porque "existen limitaciones técnicas y de tiempo para que se pueda empadronar a más de 211.000 bolivianos en el exterior", declararon portavoces de ese organismo.
El senador opositor Carlos Bohrt encuentra que "es una ley que viola los derechos fundamentales". Y que, además, "responde a un acuerdo político de la oposición". El oficialismo opina lo mismo. Por eso en el Congreso se discute modificar ese artículo, ampliando el padrón electoral en el exterior.
"Se debe registrar a todas las personas que están en edad de votar, que son más de cinco millones", insistió Morales.
Su afirmación ha tenido dos interpretaciones: "Es un pretexto para postergar las elecciones", dijo Samuel Doria Medina, el candidato presidencial de Unidad Nacional. "Es el reconocimiento de una realidad que no tiene regreso", dijo a este reportero el profesor Andrés Gómez, cuando hablábamos de la nueva historia que en Bolivia está integrando a ese 60 por ciento de indígenas a la vida política nacional.
En Colombia, en cambio, el recorte del padrón electoral se mira como un retroceso. "El censo necesita reajuste, pero un reajuste científico, no acomodaticio, y que no altere las reglas de juego", observó el columnista Daniel Samper, al advertir "sobre la última trampa que se cocina: reducir el censo electoral".
Alrededor de las listas de electores se está haciendo, pues, la historia en Colombia y en Bolivia.
*Una versión de este artículo fue publicado en el portal de Internet Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol).
