El cuarto y último proceso al ex presidente peruano Alberto Fujimori finalizó este miércoles con una condena de reclusión de seis años y la orden de reparar por un monto de 8,6 millones de dólares al Estado y de 1,07 millones de dólares a las 28 víctimas del espionaje telefónico que ordenó durante su mandato (1990-2000).
Pero la sentencia no quedó firme, pues tanto Fujimori como el fiscal José Antonio Peláez presentaron sendas apelaciones.
El fiscal arguyó que el reo merecía el castigo máximo, de ocho años de prisión, por los delitos que se le imputaban: espionajes telefónicos a opositores y periodistas, sobornos a legisladores y la compra un canal de televisión por cable para impulsar su campaña reeleccionista, acciones ejecutadas con dineros públicos.
El lunes, Fujimori aceptó los tres cargos, lo que le permitió acortar el proceso para obtener una sentencia rápida.
De todos de los delitos que se le imputan a Fujimori en este caso, el tribunal señaló que el más grave es del peculado, cuya pena máxima es de ocho años, pero decidió reducir el castigo porque el reo admitió su responsabilidad.
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La sentencia estableció que, de las tres prácticas delictivas, Fujimori ejecutó más extensamente durante todo su gobierno el espionaje telefónico destinado a obtener información con fines políticos.
«Esta actividad delictiva se inició en los albores del régimen del acusado», señala el fallo.
«Se incrementó luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, y culminó cuando se divulgó el video Kouri-Montesinos, en septiembre del 2000», la filmación que registró al asesor presidencial Vladimiro Montesinos pagando un soborno al congresista Alberto Kouri y que causó un escándalo suficiente para derrumbar al gobierno de Fujimori.
El 5 de abril de 1992, Fujimori —que había accedido legítimamente al poder en los comicios de 1990—, disolvió el parlamento, ilegalizó a los partidos políticos e intervino la justicia, en una acción calificada como un «autogolpe» de Estado.
El texto de la sentencia describe que Montesinos organizó una red de centros de escucha en todo el país, incluso en el Palacio de Gobierno, cuyo aparato de espionaje se denominaba «Casa Blanca». «El acusado Fujimori fue el principal beneficiario de esta actividad delictiva», afirmó el tribunal.
El político de izquierda Javier Diez Canseco fue uno de los blancos del espionaje. Era legislador cuando los servicios secretos interceptaron sus comunicaciones.
«Fui un blanco del chuponeo (escucha) porque en el Congreso investigué las actividades ilegales del Servicio de Inteligencia Nacional, las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares e impulsé el referéndum contra la reelección de Fujimori», dijo Diez Canseco a IPS.
El ex legislador opinó que el tribunal debió ser más duro, pues las investigaciones concluyeron que la información de inteligencia obtenida ilegalmente fue empleada por agentes del gobierno para preparar asesinatos de opositores, como el suyo propio y el del ex primer ministro Yehude Simon, ambos fallidos.
«Lamento mucho que al acortarse el juicio no se haya podido demostrar que el espionaje telefónico no solo tuvo fines políticos sino también criminales», señaló Diez Canseco.
«También lamento que en Perú las condenas no se acumulen como en otro países. Si fuera así, (Fujimori) tendría que purgar 44,5 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, usurpación de funciones, el pago de un soborno de 15 millones de dólares a Montesinos y ahora estos seis años».
El ex presidente ya fue condenado a 25 años de reclusión por ordenar los asesinatos de 25 personas, crímenes conocidos como Barrios Altos y La Cantuta por los lugares donde fueron perpetrados, a seis años por usurpación de funciones y a siete años y medio por el soborno a su ex mano derecha.
La red de espionaje telefónico quedó al descubierto después de la caída del régimen en 2000, cuando se iniciaron investigaciones judiciales, si bien artículos periodísticos habían denunciado su existencia años antes.
Uno de los centros de escucha estaba ubicado en el distrito de Magdalena, muy cerca de la vivienda del periodista Fernando Rospigliosi, quien desde las páginas de la revista Caretas ventilaba presuntos delitos de corrupción, espionaje y narcotráfico, entre otros.
«Todo indica que el teléfono de mi domicilio estuvo ‘pinchado’ durante años, seguramente con la finalidad de saber con antelación sobre los temas que estaba trabajando o para intentar identificar a mis fuentes», dijo Rospigliosi a IPS.
«Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas eran los encargados del espionaje… Los miembros de la cúpula castrense aparecían frecuentemente en mis artículos relacionados con casos de corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos», añadió.
«Todo se hacía con la orden de Fujimori, y Montesinos la cumplía porque él controlaba a la jerarquía militar», sostuvo.
En 1997, la prensa reveló la existencia del sistema de espionaje telefónico. Uno de los blancos fue el periodista Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del diario La República, y actual corresponsal de IPS en Perú.
«Las grabaciones de mis conversaciones telefónicas que interceptó el servicio de inteligencia estaban referidas a investigaciones sobre compra de armamento por parte del gobierno», relató Páez a IPS, que figura en la lista de espiados en la sentencia dictada este miércoles.
«Descubrí que los vendedores pertenecían a un grupo de empresarios que pagaba sobornos a Montesinos para ser elegidos», agregó.
Páez ventiló, antes de que se concretara, una compra a Belarús de 36 aviones de combate MiG-29 y Sukhoi-25 de segunda mano, por valores inflados de más de 400 millones de dólares.
«Espiaron mi teléfono para descubrir a mis contactos, sin duda alguna. Por ese caso, el Congreso legislativo acusó a Fujimori de traición a la patria», relató Páez.
Páez también cree que el espionaje perseguía el fin de neutralizarlo como periodista, incluso por medios violentos. «La compra de armamento, como ha quedado acreditado judicialmente, era la principal fuente de corrupción del régimen, por eso intentaron eliminarme, como consta en grabaciones que hizo Montesinos de las conversaciones que sostenía con los altos mandos militares», dijo.
Fujimori sobornó a periódicos que acusaban al reportero de ser espía de Ecuador, país vecino con el que Perú mantenía un conflicto fronterizo que llegó a ser guerra en enero y febrero de 1995. «En ese momento, estaba vigente la pena de muerte para quienes colaboraran con el enemigo durante la guerra. El espionaje telefónico era parte de toda la trama», sostuvo Páez.
Entre las 28 personas afectadas por las escuchas ilegales se cuentan, además de periodistas, ex candidatos presidenciales, políticos y empresarios.
Con este proceso, aún pendiente de apelación, concluyen los cuatro por los cuales Fujimori fue extraditado desde Chile el 22 de septiembre de 2007.
La justicia peruana está tramitando ante su par de Chile una ampliación de casos, entre ellos la ejecución extrajudicial de 42 presos en el penal Castro Castro, el 9 de mayo de 1992, y un contrabando de 10.000 fusiles AK-47, presuntamente vendidos en 1999 a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
