Para organizaciones como Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Humanos en San Vicente y las Granadinas (SVGHRA), el 25 de noviembre será un día que afectará a todo el Caribe.
Entonces se realizará un referendo en San Vicente sobre una nueva Constitución, que reemplazaría a la aprobada en 1979, cuando este país caribeño se independizó de Gran Bretaña.
Si la mayoría de los estimados 120.000 votantes le dan al gobierno del primer ministro Ralph Gonsalves el apoyo que está buscando para adoptar la nueva ley fundamental, el Estado sanvicentino podrá ejecutar como norma a todas las personas acusadas de homicidio.
La última ejecución en el Caribe de habla inglesa (conformado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, San Cristóbal-Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago) fue realizada en diciembre pasado en San Cristóbal, cuando Charles Elroy Lapalce, quien había esperado en el pasillo de la muerte durante cuatro años, fue ahorcado por haber asesinado a su esposa.
En San Vicente, la última ejecución había ocurrido en febrero de 1995. Actualmente en este país tres condenados aguardan su turno.
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Amnistía Internacional aprovechó la ejecución de Laplace para renovar su llamado a los gobiernos caribeños a abolir la pena de muerte. También reconoció que su aplicación es cada vez más esporádica, aunque el apoyo popular a su uso es alto.
Los gobiernos de la región han culpado insistentemente al Consejo Privado de la Corona tribunal de última instancia para las ex colonias británicas, con sede en Londres de emitir fallos destinados a bloquear las ejecuciones.
Ante esto, en 2001 crearon la Corte Caribeña de Justicia, a la que defensores de los derechos humanos acusan de ser en el fondo un "tribunal de ahorcamiento".
Pero con la excepción de Guyana y Barbados, el Consejo Privado de la Corona todavía sigue siendo la máxima instancia para la Commonwealth (Mancomunidad Británica) caribeña.
El primer ministro Gonsalves aseguró que la nueva Constitución "protegerá mejor el derecho de una persona a la vida, asegurando que el disuasivo de la pena de muerte por homicidio sea empleado sin ser sujeto a una serie de restricciones bizarras, irracionales e inaceptables del juez".
Hizo especial referencia a la cláusula 29, según la cual se "restaura la pena de muerte y se la aísla de los ataques de los magistrados".
Además, deja bien claro que "nada contenido o hecho bajo la autoridad de ninguna ley será considerado inconsistente o en contravención de esta sección".
Además, establece que "ninguna objeción será hecha por ninguna corte a una sentencia de pena capital realizada un año después de que se hayan agotado todos los procedimientos legales en cualquier corte o tribunal u otro organismo cuya jurisdicción sea reconocida por las leyes de San Vicente y las Granadinas".
El primer ministro destacó que la cláusula acaba con los términos de la llamada "decisión Pratt y Morgan" sobre los plazos para aplicar el máximo castigo.
El Consejo Privado de la Corona adoptó tiempo atrás la decisión Pratt y Morgan, según la cual las personas que han estado en el pasillo de la muerte durante más de cinco años no pueden ser ejecutadas.
En 2002, los jueces británicos fallaron por unanimidad contra la norma en Belize y todo el este del Caribe de sentenciar a muerte a todos los condenados por homicidio, y luego extendieron su veredicto a Bahamas.
Defensores de los derechos humanos calificaron esa decisión de "hito en la campaña internacional contra la pena de muerte".
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas dijo que la nueva carta magna hace "una distinción entre asesinato capital, por la cual uno recibe la pena máxima, y el asesinato no capital".
Gonsalves rechazó los argumentos de que Gran Bretaña y Europa por extensión se están alejando de la pena de muerte y de que el Caribe debería seguir el ejemplo. "La pena de muerte está disponible si alguien matara a la reina", afirmó.
SVGHRA, que se opone a la nueva cláusula, anunció que publicará una serie de documentos para "educar" a la población sanvicentina sobre este tema.
"Si el referendo la aprueba, todos deberemos respetar la Constitución, pero lo que puedo decir es que sin duda no estaremos en la línea de los estándares de los derechos humanos en el resto del mundo", indicó a IPS la presidenta de la organización, Nicole Sylvester.
