El ritual de la etnia shona destinado a apaciguar a un espíritu vengativo entregando niñas o jóvenes vírgenes a la familia de la víctima de un crimen es una práctica generalizada en Zimbabwe.
Cinco niñas y adolescentes del valle de Honde, vecino de esta oriental ciudad zimbabuense, fueron obligadas a casarse y mantener relaciones sexuales con adultos para expiar un delito cometido por familiares suyos.
Felicitas Nyakama, Nesta Maromo, Juliet Muranganwa, Precious Maboreke y Perseverance Ndarangwa fueron entregadas en 1999, cuando tenían entre siete y 15 años de edad, a la familia de Gibson Kupemba, que había sido asesinado por familiares de las niñas.
El crimen tuvo el propósito de preparar "muti", una poción de la medicina tradicional que a veces incluye entre sus ingredientes partes del cuerpo humano.
Las adolescentes abandonaron la escuela, son esposas y madres y llevan una vida empobrecida, vendiendo verduras para contribuir al ingreso de su nueva familia.
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El ritual shona obliga a la familia del homicida a calmar el espíritu del muerto con vírgenes, que pueden ser de hasta seis años, y que deben mudarse con los parientes de la víctima sin importar su edad. Al llegar a la adolescencia las casan con los varones de su nueva familia.
El nieto de Kupemba dijo que su abuelo se le apareció en sueños y le reclamó una virgen por cada uno de los asesinos. Según él, las niñas no fueron obligadas, fue su propia decisión salvar a sus familiares del mal espíritu.
"Vienen a confesar por voluntad propia. Cada niña debe ir acompañada de 22 cabezas de ganado", señaló el nieto de Kupemba, de 28 años, quien se casó con Precious Maboreke en 1999, cuando tenía 15. La pareja ahora tiene tres hijos.
La familia de Kupemba ya recibió a cinco adolescentes, pero el nieto del asesinado reclama 12 vírgenes más para vengar la muerte de su abuelo.
Entregar niñas y adolescentes es un delito contemplado en la ley de violencia doméstica, pero es una práctica generalizada en todo el país y nunca se ha procesado a nadie por ello.
La saga de las cinco adolescentes comenzó en 1995, cuando Kupemba fue asesinado por cuatro hombres dueños de una tienda de alimentos, con ayuda de otras 13 personas. Su cuerpo mutilado y descompuesto fue encontrado en el lecho de un río seco.
Poco tiempo después, varios miembros de la comunidad dijeron que el espíritu de Kupemba comenzó a provocar enfermedades y muertes, lo que llevó a algunos de los implicados a confesar.
Los tenderos reconocieron haber mutilado sus partes íntimas, dedos, lengua y un mechón de pelo para preparar una posición que mejoraría sus negocios.
No hubo ninguna detención pese a las confesiones. Los parientes de Kupemba sostienen que los asesinos compraron el silencio de la policía.
A partir de 1999, los implicados entregaron las primeras cinco vírgenes a la familia de Kupemba para aplacar su espíritu.
Pero el proceso se interrumpió en 2006, cuando la organización de defensa de los derechos infantiles Girl Child Network (Red de niñas: GCN, por sus siglas en inglés) presionó a la policía y al Departamento de Bienestar Social para que investigaran el asunto y devolvieran las jóvenes a sus familias.
Las investigaciones se interrumpieron poco después, cuando el jefe tribal del valle de Honde, Samanda, decidió ponerles fin porque las familias de los implicados lo acusaban de no permitirles resolver sus asuntos domésticos.
"En esta zona, todo el mundo está convencido de que el problema sólo puede solucionarse con la entrega de niñas vírgenes. Fui el único que se opuso a la práctica. Las familias decían que estaba entorpeciendo su intento de solucionar las transgresiones", dijo Samanda a IPS.
Finalmente, la policía, que había rescatado a cuatro de las niñas, puestas bajo custodia de GCN, ordenó devolverlas a sus familias y éstas volvieron a entregarlas a los Kupemba.
Sólo Anna Ndarangwa, madre de una de las jóvenes, dijo que trató de salvar a su hija del ritual. "Tuve una dura pelea con los Kupemba", relató, pero no logró que se la devolvieran.
Ndarangwa cree que a las niñas les "lavaron el cerebro" para convencerlas de que la salud y el bienestar de sus familias dependían de su sacrificio. "No quiero que mi hija pague por un delito que no cometió. Moriré peleando por ella", aseguró.
Temerosas de la prensa, ninguna de las jóvenes aceptó hablar con IPS.
