Los jueces de la Corte Suprema de India deberán presentar declaraciones públicas de su patrimonio, lo que se considera un avance hacia la transparencia del Poder Judicial, que presenta altos porcentajes de corrupción en este país, según analistas.
"La declaración patrimonial de los jueces es un paso más hacia la responsabilidad y la transparencia judicial", declaró Prashant Bhushan, destacado abogado y presidente de la Campaña por la Responsabilidad y la Reforma Judicial (CJAR, por sus siglas en inglés), que defiende la democratización de la justicia en India.
Para Bhushan, la decisión del 26 de agosto, tomada por 23 jueces del tribunal máximo, se debió a que la opinión pública es favorable a que los jueces rindan cuentas de la misma manera que la Corte Suprema ordenó a los candidatos electorales que presentaran declaraciones públicas de su patrimonio, en 2002.
Sectores judiciales temerosos de que la revelación de los bienes haga vulnerables a los jueces ante la difamación resistieron la decisión. Pero Bhushan dijo que los magistrados están protegidos por las leyes de desacato, a diferencia de los legisladores y demás funcionarios que no gozan de tales privilegios.
"Lo que falta es una ley que haga obligatoria la declaración anual y pública de los bienes y los ingresos de todos los funcionarios, incluidos los jueces", señaló Bhushan a IPS.
"Sólo cuando es posible comparar los bienes de los funcionarios con sus fuentes legales de ingreso es que se puede atrapar a quienes adquirieron bienes desmedidos para sus ingresos", explicó.
"En lo que concierne a los jueces, la declaración pública no basta para enfrentar el serio problema de la responsabilidad judicial, o la falta de la misma", sostuvo.
La CJAR exige la creación de una institución independiente que se encargue de las quejas por irregularidades, las investigue y tome medidas contra los jueces infractores, que ahora se ocultan tras un muro de mecanismos de protección.
La decisión del 26 de agosto se originó en la polémica respecto a si la revolucionaria ley del derecho a la información, aprobada en 2005, es aplicable al tribunal supremo. Cuando la Comisión Central de Información, que implementa la ley, dictaminó que sí se aplica a los jueces, la Corte Suprema apeló la medida ante el Alto Tribunal de Delhi, donde estaba en proceso.
A medida que crecía la controversia, jueces en altos cargos, inclusive 600 jueces de las cortes superiores provinciales, declararon públicamente que estaban dispuestos a revelar su patrimonio.
También ayudó a ejercer presión la percepción pública sobre la corrupción generalizada en los círculos superiores de la justicia. Una encuesta realizada por la organización Transparencia Internacional en 2007 reveló que el 77 por ciento de la población considera que la justicia es corrupta en India.
El ex juez de la Corte Suprema, S. P. Bharucha, declaró en 2002 que uno de cada cinco jueces en los tribunales superiores del país es corrupto. Bhushan sostiene que esa cifra es conservadora y que podría ascender al 50 por ciento.
A pesar de las denuncias de corrupción y los procesos de destitución iniciados contra varios jueces, el sistema judicial ha logrado, a través de varios fallos, reforzar constantemente sus enormes poderes.
Por ejemplo, en 1992 la Corte Suprema dictaminó que la policía no podía aceptar o investigar casos contra los magistrados de tribunales superiores, aunque existieran pruebas de irregularidades, sin el permiso previo del juez que preside el máximo tribunal.
Destituir a un juez corrupto es casi imposible. Para iniciar el proceso de destitución se necesita la firma de 100 legisladores.
Hace 16 años se inició el primer proceso de destitución de un juez, contra V. Ramaswamy, luego de que un comité de tres de sus pares lo hallara culpable de conducta impropia. Pero el partido en el gobierno respaldó a Ramaswamy y se abstuvo de votar.
Acusar a un juez es un ejercicio peligroso para el ciudadano común porque se le podría acusar de desacato. En 2002, la escritora y activista Arundhati Roy fue a la cárcel por un día acusada de "escandalizar o rebajar la dignidad del tribunal".
"Debemos modificar la ley de Desacato y eliminar la cláusula sobre escandalizar o rebajar la autoridad del tribunal de la definición de desacato penal", sostuvo Bhushan.
"La justicia tiene mucho poder que ejercita con valor e ingenio, y también para expandir con ambición el poder judicial", escribió Rajeev Dhavan, activista judicial, en el diario Indian Express, el 28 de agosto. "Esto convirtió a la justicia india en la más poderosa del mundo".
Además de tener un control absoluto sobre la vida, la libertad y la propiedad, los jueces tienen el poder de declarar ilegales y nulos los actos públicos de burócratas, ministros y gobiernos sobre la base de que violan la Constitución, la ley o los principios de la justicia natural.
Los jueces incluso pueden declarar nula una ley debidamente aprobada por el Parlamento si se interpreta que entra en conflicto con la Constitución.
Pero lo que más inquieta a la CJAR es cómo los jueces designan a sus colegas en altos cargos. En 1993, el poder judicial dejó de rendirle cuentas a los poderes legislativo y ejecutivo sobre los nombramientos y transferencias de los magistrados.
"Ahora no sólo se carece de transparencia, sino que no existe un método para elegir a los candidatos. El proceso es totalmente arbitrario", sostuvo Bhushan. "Lamentablemente, los jueces equiparan la independencia con la falta de rendición de cuentas".
Varios países de América Latina, como Argentina, Brasil, México y Panamá aprobaron leyes que obligan a los funcionarios a revelar su patrimonio, al igual que Sudáfrica y Australia. En algunos casos la legislación también abarca a los jueces.
La discusión sobre si los jueces deben declarar su patrimonio o no ha generado un sano debate que, según el activista Anil Divan, es "una señal de una democracia viva".
