La condena de 150 años de prisión para el ex paramilitar Felipe Cusanero por el secuestro y desaparición de seis indígenas entre 1982 y 1984, alienta la idea de que podría funcionar la justicia en Guatemala, donde la impunidad cobija a 98 por ciento de los delitos.
El fallo, emitido el lunes, es el primero en un caso por desaparición forzada en este país que vivió una guerra interna de 36 años, entre 1960 y 1996.
"Estamos sumamente satisfechos porque por primera vez en la historia del país se sentencia a una persona por actos de terrorismo de Estado, especialmente porque la interpretación que se ha dado a la ley es la adecuada", dijo a IPS Mario Polanco, máximo dirigente del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, dedicado a la defensa de los derechos humanos.
"Esperamos que este caso contribuya a que se abran otros para lograr sentencias similares en busca de justicia para los familiares de estas víctimas inocentes", agregó.
Cusanero, de 68 años, fue hallado culpable y sentenciado por la desaparición de los indígenas cakchiqueles Filomena López, Encarnación López, Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay, todos habitantes de la aldea Choatalum, en el departamento de Chimaltenango, sudoeste del país.
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Los hechos ocurrieron entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984, mientras Cusanero fungía como comisionado militar, una suerte de paramilitar autorizado por el ejército para actuar en operaciones contrainsurgentes.
Las acciones contra la guerrilla a cargo de esos colaboradores civiles de los militares dieron pie a un sinfín de violaciones de derechos humanos, según denuncias de organizaciones humanitarias,
Cusanero recibió una pena de 25 años de reclusión por cada desaparecido.
La independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), registró más de 42.000 víctimas en el conflicto armado entre el Estado y varios grupos insurgentes que en 1982 se unificaron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
La creación de la CEH fue dispuesta en junio de 1994 por uno de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la URNG, con el fin de "esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado", así como "elaborar un informe que contenga los resultados de las investigaciones".
Ese informe, "Guatemala: Memoria del Silencio", publicado en 1999, estimó que la cantidad total de asesinados o desaparecidos superó los 200.000, según datos combinados de las investigaciones de la CEH y de otros estudios sobre la violencia política.
El juicio de Cusanero despertó gran interés internacional. Asistieron a las audiencias los embajadores Stephen McFarland, de Estados Unidos, Teunis Kamper, de Holanda, y Jorge Saavedra, de Chile.
El proceso fue complejo e insumió más de seis años desde que se interpuso la primera denuncia.
Los familiares de los desaparecidos denunciaron los hechos el 9 de junio de 2003, y el juicio no comenzó hasta 2006. A partir de entonces fue interrumpido dos veces por acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la defensa de Cusanero, hasta que el 26 de agosto se reiniciaron las audiencias.
"Es una sentencia histórica" también porque "le da credibilidad a los informes de la CEH y (de la Comisión) de la Recuperación de la Memoria Histórica" que condujo en 1998 el obispo Juan Berardi, luego asesinado, dijo a IPS el abogado Juan Francisco Soto, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos.
Si tiene voluntad el Ministerio Público (fiscalía), que coordina la investigación y es el ente acusador, se pueden lograr resultados, estimó el jurista, que brindó asesoría en el caso.
"Ha sido mucho tiempo, y mucho se ha pasado en las inconstitucionalidades, pero ha prevalecido la voluntad de los familiares de las víctimas de hacer justicia. Esperamos que contribuya a agilizar otros procesos", expresó.
Pero del proceso no emergieron datos para conocer el paradero de los desaparecidos. "Seguimos sin noticias de nuestro hijo, y lo único que queremos es darle cristiana sepultura", dijo Hilarión López, querellante en representación de las familias de las víctimas.
López es padre de Encarnación, capturado ilegalmente por Cusanero el 19 de marzo de 1984 y llevado posteriormente a una base militar.
Manuel Tay, representante de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado de Chimaltenango, dijo a IPS que "la sentencia es justa" aunque no pudo esconder su frustración porque "Cusanero nunca nos dijo la verdad sobre dónde están nuestros seres queridos".
Además, a partir del fallo, familiares de las víctimas han comenzado a recibir amenazas.
Tay trabaja en tareas de exhumación de restos y en sensibilizar a sobrevivientes del conflicto en Chimaltenango, donde se estima fueron masacradas unas 300 personas y otras tantas están desaparecidas.
Evelyn Blanco, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos, dijo a IPS que este fallo "será fundamental para que todos los casos que han estado en proceso se desentrampen y comiencen a seguir su curso".
Pero apoyar de manera integral a los familiares requiere la aprobación de un proyecto de ley para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.
Ese organismo tendría una vigencia "de 15 años, presupuesto propio y una base de datos única, lo cual vendría a resolver esta situación", explicó Blanco.
Además, según dirigentes de derechos humanos, toda la información recabada por esta comisión serviría como prueba en los juicios por desapariciones forzadas.
El proyecto se mantiene estancado desde 2006, cuando fue presentado al Poder Legislativo. "No hay voluntad política porque si quisieran que la ley estuviera vigente ya hubieran firmado el dictamen", se quejó Blanco.
Según la CEH, entre los desaparecidos había unos 5.000 niños y niñas, cuyos familiares no saben si viven, si fueron dados en adopción a extranjeros, o si sus restos están enterrados en algún cementerio clandestino.
