Las duras medidas tomadas por el gobierno de Irán contra los líderes reformistas Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, como los arrestos a sus aliados clave, confirman el agravamiento de la crisis política en este país.
El martes, las autoridades detuvieron a Alireza Beheshti, asesor de Mousavi, y a Morteza Alviri, consejero de Karroubi.
Los arrestos fueron realizados luego de una redada a la oficina de Karroubi, ordenada por la fiscalía de Teherán. Según el sitio Parliament News, agentes de seguridad se incautaron de documentos, computadoras, discos compactos y cintas de vídeo, para luego sellar las puertas del departamento.
Karroubi fue presidente del parlamento iraní y el principal candidato reformista opositor al presidente Mahmoud Ahmadineyad en las elecciones del 12 de junio.
Los agentes de seguridad se dirigieron luego a las oficinas del partido Etemad Melli, liderado por Karroubi, donde también se incautaron de propiedades y sellaron las puertas.
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Más tarde hubo otra redada en una oficina asociada con la campaña electoral de Mousavi. Esta oficina, dirigida por Alireza Beheshti, recolectaba evidencia de arrestos, torturas, violaciones y asesinatos contra manifestantes detenidos en las protestas tras las elecciones de junio, que la oposición consideró fraudulentas.
Karroubi y Mousavi habían creado un comité conjunto para recolectar pruebas sobre estas violaciones a los derechos humanos. Morteza Alviri, editor en jefe del sitio web del partido Etemad Melli, era el representante de Karroubi en ese comité.
Analistas creen que la creciente presión contra estas dos figuras reformistas está relacionada con la tarea del comité y el temor de las autoridades militares y de seguridad interna a acusaciones por abusos.
La semana pasada, el comité creado por los dos candidatos —que no reconocen la legitimidad del segundo periodo de gobierno de Ahmadineyad— presentó los nombres de 72 personas que afirman fueron asesinadas por las autoridades.
El parlamento y la justicia también crearon sus propios comités para investigar la situación de los manifestantes detenidos y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
El parlamentario Allaedin Boroujerdi, presidente de la Comisión sobre Seguridad Nacional, informó que las autoridades no han respondido a los insistentes pedidos para obtener información.
Por su parte, el fiscal de Teherán, Ibrahim Raisi, informó que Karroubi no le presentó ninguna documentación al comité judicial que investiga los abusos.
Pero esto fue negado por el líder reformista, quien en una entrevista publicada en el sitio del partido Etemad Melli aseguro haber provisto de documentos al comité judicial sobre tres casos, y discutió otros más durante la reunión con Raisi. Añadió que está dispuesto a proveer más evidencia para fundamentar sus denuncias de que varios detenidos han sido víctimas de abusos.
Karroubi había publicado una carta originalmente dirigida al ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997) instándolo a investigar en forma independiente las denuncias de abusos y violaciones a los detenidos.
La carta causó controversia. El gobierno negó las acusaciones, aunque luego prometió investigarlas.
La carta de una víctima de violación que fue detenida durante las manifestaciones expuso también las presiones que sufrió de funcionarios judiciales cuando hizo su denuncia, que la interrogaron y amenazaron.
Karroubi desde entonces criticó la conducta de los jueces investigadores que trabajaron bajo la dirección de Saeed Mortazavi, ex fiscal de Teherán, quien muchos creen orquestó la represión a los manifestantes luego de los comicios.
Analistas políticos esperaban que, con el nombramiento de Sadegh Larijani como nuevo jefe del sistema judicial y la designación de Raisi como fiscal general, las acusaciones de violación y tortura serían investigadas seriamente.
Karroubi afirmó que, debido a esas presiones, la víctima que hizo la denuncia ahora ha desaparecido. Por ello, pidió a las autoridades judiciales garantías por la seguridad de los que denuncian abusos.
Alireza Behesthi había también expresado preocupación por las amenazas contra las víctimas y sus familias para impedir que denunciaran violaciones a los derechos humanos.
Activistas por los derechos humanos temen que los documentos incautados en las oficinas de Mousavi y Karroubi puedan implicar más riesgos para los denunciantes.
No obstante, algunos creen que las crecientes presiones a Karroubi y Mousavi están relacionadas más bien con las protestas previstas para dentro de dos semanas. Los líderes reformistas llamaron a sus partidarios a aprovechar el último viernes del mes sagrado musulmán de Ramadán para manifestarse contra el gobierno.
Ese día tradicionalmente es destinado para una movilización auspiciada por el Estado para protestar contra Israel y apoyar a los palestinos.
