Es inminente el establecimiento de una mesa de diálogo entre el depuesto presidente Manuel Zelaya y el mandatario de facto Roberto Micheletti para negociar una salida pacífica a la crisis de Honduras, en base al plan del gobernante Oscar Arias, de Costa Rica.
Tras una serie de consultas con ambas partes, con el mediador Arias y otras instancias internacionales, es posible el inicio del diálogo entre Micheletti y Zelaya "en las próximas 48 horas", aseguró Martínez.
El grupo de candidatos lo integran Elvín Santos, del gobernante partido Liberal (PL), Porfirio Lobo, del opositor y derechista partido Nacional (PN), Felícito Avila, de la Democracia Cristiana (DC), y el propio Martínez, del socialdemócrata Partido Innovación y Unidad (PINU), designado como coordinador por unanimidad de los integrantes.
En estas conversaciones se recogieron las posiciones de ambas partes para ver la aproximación a un acuerdo, basado en mutuas concesiones que no serán nada fáciles, pero se imponen los intereses del país en vez de los personales, indicó Martínez.
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"Este es un momento que requiere de nuestro mayor esfuerzo para recuperar la unidad de la familia hondureña y que todos depongamos cualquier interés particular en aras del bien común, y de los grandes intereses nacionales", indicaron en un comunicado los presidenciables.
Estas gestiones postergaron la visita de una misión integrada por secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Insulza, y seis cancilleres latinoamericanos para impulsar el diálogo entre las partes en conflicto, en base al plan propuesto por el presidente Arias.
El mandatario costarricense declinó visitar Honduras "por el momento", y lo mismo sugirió al ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1978-1981), premio Nobel de la Paz, ambos invitados por Micheletti para constatar en el terreno que "no hubo un golpe de Estado, sino una sucesión presidencial en base a la Constitución".
Mientras, se espera la llegada de una delegación del Senado de Brasil este lunes para verificar la situación de su embajada en Tegucigalpa, donde se encuentra refugiado Zelaya, su esposa Xiomara Castro y unos 30 seguidores, además de un reducido grupo del personal de la legación diplomática.
El plan de Arias contempla como primer punto la restitución de Zelaya en la presidencia, pero a cambio de que renuncie al proyecto de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para "refundar a Honduras".
También contempla la formación de un gobierno de unidad nacional, una amnistía para los delitos políticos cometidos por los involucrados en el golpe y el adelanto de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.
Los seguidores de Zelaya, agrupados en el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe (FNR o "la Resistencia"), insisten en que la restitución en la presidencia y la Asamblea Constituyente son condiciones irrenunciables. Además, rechazan el proceso electoral, ya que no hay garantías de comicios libres y transparentes bajo un gobierno "golpista".
Micheletti rechaza frontalmente la restitución de Zelaya en la presidencia y sostiene que las elecciones serán libres y transparentes, además de la única salida a la crisis.
La Resistencia mantiene la movilización de militantes desde el 28 de junio, minutos después de que trascendió la captura y expulsión a Costa Rica de Zelaya.
El FNR está conformado por miembros del partido Liberal, seguidores del mandatario depuesto, las tres centrales obrero-campesinas, el poderoso gremio de los maestros de nivel primario y medio, y el Bloque Popular, que agrupa a más de una decena de fuertes sindicatos de instituciones estatales.
Las marchas de la Resistencia se incrementaron drásticamente tras el ingreso clandestino a Tegucigalpa de Zelaya, el 21 de este mes, y su refugio en la embajada de Brasil.
El periódico El Heraldo, duro crítico de Zelaya, informó en su edición de este sábado que el gobernante pretendía que, tras su ingreso a Tegucigalpa, la Resistencia organizara una manifestación con unas 500.000 personas para tomar por la fuerza la Casa de Gobierno y expulsar a Micheletti.
Ese día, la estación de radio Globo y la televisora Canal 36 llamaron a la Resistencia a congregarse frente a la Casa de las Naciones Unidas, donde se dijo estaba Zelaya, pero luego marcharon a la embajada de Brasil en un concurrida manifestación. El gobierno de facto decretó un toque de queda que duró desde el lunes hasta el miércoles, y luego lo restableció de las 6:00 a las 20:00 horas.
La esposa de Zelaya, Xiomara, estimó que ese día se congregaron unas 100.000 personas frente a la embajada brasileña. Micheletti sostuvo que eran 2.500, mientras observadores imparciales las calcularon en 20.000.
Al día siguiente, en la madrugada, fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía disolvieron violentamente a los manifestantes con disparos de balas de goma, garrotes, bombas lacrimógenas y moderna tecnología procedente de Israel, según el FNR.
La Resistencia denunció graves violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza de los militares y policías contra los manifestantes, tanto en las marchas por las calles y avenidas de Tegucigalpa como en los barrios y colonias pobres y de clase media.
En los primeros cinco días de la presencia de Zelaya en Tegucigalpa se denunciaron masivas detenciones de manifestantes que luego fueron liberados, así como uso de excesiva violencia para dispersar a pobladores que erigieron barricadas en barrios y colonias la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
El Canal 36 mostró dramáticos videos donde aparecen más de 20 personas con heridas graves, particularmente en la cabeza, producto de golpes con garrotes.
Dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos indicaron que vienen registrando graves violaciones a las garantías constitucionales y las denuncian ante la Fiscalía General.
El fiscal general del Estado, Luis Rubí, declaró que la Fiscalía de Derechos Humanos ha recibido 200 denuncias desde que Zelaya retornó al país.
El mandatario depuesto denunció el viernes un intenso hostigamiento de las autoridades a la embajada con gases tóxicos y un sistema de ondas sonoras que afectan los oídos y producen erupciones en la piel, además de causar hemorragias.
El gobierno permitió el ingreso a la sede diplomática de la Cruz Roja, del ex ministro de Salud, Carlos Aguilar, y otros médicos para revisar a Zelaya y a quienes lo acompañan.
Tras revisarlos, los médicos confirmaron que la mayoría de las 80 personas que se encuentran en el edificio sufren problemas de taquicardia, ansiedad, hemorragias y estrés, generados por el ambiente de tensión, además de un agravamiento de enfermedades propias, como diabetes.
También denunciaron la demora en la entrega de alimentos y de otros suministros personales para el aseo. Portavoces de la policía negaron frente a la embajada de Brasil el uso de gases tóxicos y confirmaron el retiro del sonar, conocido como el "cañón del dolor".
Unos 2.000 policías y soldados aún bloquean las calles en los alrededores de la embajada y no permiten el paso a ningún particular.
