El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos llamó a la calma en Honduras ante el regreso a Tegucigalpa del depuesto presidente Manuel Zelaya, a quien volvió a reconocer como legítimo jefe de Estado de ese país centroamericano.
"Hemos confirmado que está en Honduras. ¿Dónde exactamente?, no lo sabemos", dijo este lunes a periodistas el portavoz de esa oficina, Ian Kelly, poco antes de que comenzaran a circular en Internet fotos de Zelaya ya alojado en la embajada brasileña en Tegucigalpa.
"Por ahora todo lo que puedo decir es reiterar nuestro casi diario llamado a ambas partes a la moderación y a abstenerse de cualquier actividad que pueda provocar violencia", añadió Kelly, indicando que Washington todavía considera a Zelaya el "líder constitucional y democráticamente electo de Honduras".
El mismo mensaje fue hecho por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
"El presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya, se encuentra actualmente en Tegucigalpa, en la embajada de Brasil", dijo en una declaración emitida en la sede de la OEA en Washington.
[related_articles]
"Quisiera llamar a la calma a las partes en este proceso y subrayarle a las autoridades del gobierno de facto que deberían ser responsables de la seguridad del presidente Zelaya y de la embajada de Brasil", añadió.
La OEA convocó este lunes una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, donde hasta última hora analizaba la situación hondureña.
Por su parte, Zelaya dijo a la cadena de televisión sudamericana Telesur que se había comunicado con Insulza, y éste le confirmó que se trasladaría este martes a Tegucigalpa.
El regreso de Zelaya constituye un duro golpe para el gobierno de facto de Roberto Micheletti, elegido presidente interino por el Congreso legislativo luego de que militares secuestraran a Zelaya y lo trasladaran Costa Rica el 28 de junio.
Pero también supone un inesperado desafío diplomático para la administración del presidente Barack Obama, en vísperas de la sesión esta semana de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Si bien Washington insistió en que Zelaya debía ser restituido, también se quejó de los pasados esfuerzos del mandatario hondureño para regresar a su país cuando fracasaban las negociaciones de un acuerdo con el gobierno de facto, mediado por el presidente costarricense Oscar Arias, para poner fin a la crisis.
De hecho, la secretaria de Estado (canciller) estadounidense Hillary Clinton calificó de "imprudente" el intento de Zelaya de volver a su país en julio. Estas declaraciones de Clinton fueron interpretadas como un distanciamiento de Washington respecto de la causa del mandatario hondureño.
Sin embargo, la administración de Obama ha mantenido firme su reconocimiento a Zelaya como presidente, y ha intentado incrementar gradualmente la presión contra el régimen de Micheletti para que aceptara la propuesta de acuerdo de Arias.
Inmediatamente después de la expulsión de Zelaya, Washington suspendió ayuda militar y asistencia económica bilateral por unos 20 millones de dólares a Honduras, y respaldó las iniciativas en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para congelar los desembolosos a Tegucigalpa.
En agosto, canceló las visas a cuatro altos funcionarios del régimen de facto, medida que luego extendió a otros 17 miembros del gobierno de Micheletti hace 10 días.
A comienzos de este mes, el Departamento de Estado suspendió más ayuda económica bilateral, incluyendo 11 millones de dólares de la Corporación del Desafío del Milenio, la última entrega de un crédito por 215 millones de dólares a cinco años aprobado por el gobierno de George W. Bush (2001-2009).
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado sugirió que no reconocería el resultado de las elecciones previstas para noviembre en Honduras a menos de que Zelaya fuera restituido en el cargo.
Cada una de estas medidas causaron protestas de congresistas del opositor Partido Republicano, quienes han calificado el golpe de Estado en Tegucigalpa de un intento de salvar la democracia hondureña de los planes regionales del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien Zelaya tiene afinidad.
De hecho, al menos un legislador republicano ha obstaculizado la confirmación en el Congreso de importantes cargos en el gobierno de Obama para América Latina, como forma de presionar al Departamento de Estado para que no apoye a Zelaya.
La representante Ileana Ros Lehtinen, republicana cubano-estadounidense del sudoriental departamento de Florida, y también integrante del Comité de Relaciones Exteriores, ha sido una de las principales voces que justificaron el golpe de Estado en Honduras.
La legisladora ha insistido en que Washington debe oponerse a la restauración de Zelaya y reconocer el régimen de Micheletti como gobierno interino hasta que se realicen las elecciones.
Pero, por otra parte, grupos que apoyan a Zelaya expresaron su satisfacción por las últimas noticias, aunque expresaron sus temor de que se produzcan hechos de violencia, especialmente si el gobierno de facto intenta detener a Zelaya o reprimir a sus partidarios que se encuentran en torno a la embajada brasileña.
"Me parece brillante que haya ido a la embajada brasileña, debido a que el prestigio y estatura de Brasil y (el presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva) no tiene igual en la región", dijo Vicki Gass, analista de la Oficina de Washington para América Latina, grupo de derechos humanos en la capital estadounidense.
"Si hubiera ido a otra embajada, especialmente la de Venezuela, la situación habría sido mucho más explosiva, y habría sido usada por los partidarios del golpe para fortalecer sus argumentos de que es Chávez quien maneja las cuerdas", añadió.
El apoyo de Brasil a Zelaya también incrementa las posibilidades de que Estados Unidos se una más enfáticamente a su causa, por lo menos sólo por el hecho de que el gobierno de Obama ha convertido en prioridad regional un acercamiento con Lula.
"La pregunta es si esto irá de un impasse a otro", dijo Gass. "¿Continuará siendo intransigente el gobierno de facto, o verá esto como una oportunidad para asegurar un final pacífico? Se teme que no lo haga, y que la violencia estalle".
"Esto podría ser la receta para la violencia", alertó Cynthia Arnson, jefa del programa para América Latina del Wilson Centre for International Scholars. "Es una política arriesgada y es difícil saber qué va a pasar ahora".
