Brasil podría acelerar su marcha hacia un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU si gana la apuesta en Honduras o complicarse como «socio de acciones osadas» del presidente venezolano Hugo Chávez.
Así lo evaluó el cientista político brasileño Clovis Brigagão, director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Cándido Mendes, en Río de Janeiro, quien además destacó que finalmente el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mostró su "rostro de líder".
De todas formas, cualquiera sea el resultado de la crisis en el país centroamericano, Brasil avanzó a otro nivel de acción internacional. "Dejó de ser el simpático" conciliador en los bastidores para entrar decididamente al "juego del liderazgo", agregó.
"Ganará muchos puntos" si la presencia del presidente derrocado Manuel Zelaya en la embajada brasileña impulsa una negociación y Honduras vuelve al estado de Derecho. Pero también hay el riesgo de desastre, con enfrentamientos y muertes, alertó.
La "acción robusta" en Honduras no es la única señal de que "cambió la política externa". Brasil también "muestra los dientes" con la compra de armas francesas y con el aumento de más de 50 por ciento en su presupuesto de defensa para 2010, alcanzando 7.200 millones de dólares, destacó a IPS.
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La alianza estratégica con Francia, concretada durante la visita a Brasilia el 7 de septiembre del presidente Nicolas Sarkozy, va también en esa dirección, elevando el status internacional de ambas naciones, sostuvo. La diplomacia y la defensa, antes apartadas en la política exterior brasileña, "empiezan a articularse", acotó.
Sobre el regreso a Honduras del presidente Zelaya y su acogida en la embajada en Tegucigalpa, Brigagão cree que fue una "acción articulada" internacionalmente, sin afirmar si hubo concertación con autoridades brasileñas, pero recordando que el mandatario hondureño derrocado había estado el 12 de agosto en Brasilia. "No creo que haya habido una consulta anterior", dijo por su parte a IPS el ex embajador brasileño João Clemente Baena Soares, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 1984 y 1994, para quien el gobierno de Lula está actuando bien en una "situación inédita".
La presencia de Zelaya en la embajada brasileña, por insólita, genera muchas especulaciones y opiniones encontradas, indicó. Pero era conocida la intención del mandatario hondureño de regresar a Tegucigalpa de alguna forma, y por tanto fue lógica la elección del refugio, ya que Brasil es "un país equilibrado", y alternativas como Venezuela o Estados Unidos presentaban obvias inconveniencias. "No hay nada maquiavélico", concluyó Baena.
En décadas pasadas, recordó, en América Latina era usual reconocer formalmente a un gobierno de facto si éste tenía el comprobado control de todo el territorio nacional. Los principios de autodeterminación y de no injerencia en asuntos internos de otros países fueron usados muchas veces para justificar el apoyo a regímenes instalados por golpes de Estado.
Eso cambió con la Carta Democrática Interamericana de 2001, resultado de un proceso iniciado 10 años antes en una Asamblea General de la OEA, cuando se aprobó el Compromiso con la Democracia, y con las cláusulas democráticas adoptadas por muchos acuerdos internacionales y bloques regionales, como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, señaló Baena.
"La idea de preservar la democracia se está diseminando, en el buen sentido, por toda la comunidad internacional", acompañada de reacciones ante cualquier violación de las reglas democráticas, observó. En el caso hondureño, "ningún estado reconoció al gobierno de facto" de Roberto Micheletti, ni siquiera Estados Unidos, que lo hacía siempre, destacó.
El "abrigo" brasileño a Zelaya se justifica porque se trata del único presidente hondureño efectivamente reconocido por Brasil. Para ser coherente, la administración de Lula no puede negociar con el régimen de Micheletti, y por tanto descarta un papel de mediador, razonó Baena, ahora miembro del Comité Jurídico Interamericano.
"La salida sólo puede ser negociada", opinó, ante la situación creada de dos presidentes en un mismo territorio, uno con apoyo internacional y otro con los efectivos instrumentos de poder. "No invadirán la embajada", confió Baena, pese al cerco militar a la sede diplomática, las interrupciones en el suministro de agua, luz y teléfono, el lanzamiento de gases y otras presiones.
El Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) condenó, en reunión extraordinaria el viernes, las agresiones a la embajada por violar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en respuesta a un pedido y denuncias de Brasil, pero no se manifestó sobre la crisis en Honduras.
Zelaya disfruta en la embajada de un "status sui generis", no previsto, porque no pidió asilo político, pero Brasil tiene todo el derecho de concederle "abrigo legal" porque es "soberano" en su representación diplomática para recibir cualquier persona, explicó a IPS Luciana Diniz, coordinadora académica del Centro de Derecho Internacional, de Belo Horizonte.
No hay injerencia en asuntos internos si la embajada permite el acceso de periodistas o amigos que pretendan entrevistar o dialogar con Zelaya, pero sí hay injerencia y violación de tratados internacionales cuando el gobierno de facto restringe los servicios, la entrada y salida de personas, acotó.
Brasil no está actuando solamente por principios democráticos, sino también por su interés en asegurar la estabilidad política en países vecinos, pues una señal de tolerancia al derrocamiento de Zelaya en junio sentaría un precedente negativo en la región, sostuvo Tullo Vigevani, profesor de Ciencia Política en la Universidad Estadual Paulista.
El golpe en Honduras se caracterizó por romper las reglas formales, por más que sus defensores aleguen que Zelaya violó la Constitución y fue destituido legalmente por el parlamento y la Suprema Corte. El régimen de Micheletti nunca siguió el debido proceso, sostuvo el experto en relaciones internacionales.
La salida probable es una negociación facilitada por un organismo multilateral como la OEA, porque Brasil tiene que evitar un reconocimiento de hecho del régimen de Micheletti. Por otra parte, no está prevista en el Derecho Internacional la protección ofrecida a Zelaya, y sólo son los organismos internacionales que pueden formular jurisprudencia, concluyó.
