Obligado a recuperar la economía moribunda de Zimbabwe, el gobierno se muestra ávido de inversiones y para conseguirlo debe evaluar cómo compatibilizar sus intereses sin resignar los avances nacionalistas.
El no gubernamental Grupo de Acción Afirmativa aboga porque las inversiones que lleguen al país tengan su contraparte nacional. "Queremos independencia económica", dijo a IPS Tafadzwa Musarara, secretario general de esa entidad.
Esta organización considera la vanguardia local de la potenciación de la población negra en las empresas, la educación y el empleo. Sus demandas surgen a raíz de la legislación aprobada cuando el ex gobierno de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), decidió obligar a las compañías extranjeras a entregar la mayoría de las acciones a zimbabwenses "autóctonos".
"La colonización privó a los indígenas de sus derechos, y es este legado el que quisimos cambiar mediante esta ley. El logro de la independencia no está completo sin la independencia económica", sostuvo Musarara.
La ley de "indigenización", introducida hace más de un año, aspiraba a que 51 por ciento de las acciones de las empresas quedaran en manos de zimbabwenses.
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Pero la norma parece haber ahuyentado a los inversores extranjeros. Ahora, en lo que parece un cambio de táctica por parte del actual gobierno de coalición del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) y la ZANU-PF, esa estrategia es objeto de revisión.
En el viaje realizado en junio a Europa para intentar enmendar las relaciones con los países de ese continente, el primer ministro Morgan Tsvangirai, líder del MDC, dijo que cambiar las leyes era "una cuestión urgente".
La ministra de Integración Regional y Comercio Internacional, Priscilla Misihairabwi-Mushonga, dijo a IPS que es necesario realizar un balance entre aquello que permite concretar buenas inversiones y aquello que afecta a las poblaciones nativas.
El Grupo de Acción Afirmativa "tiene razón en presionar por aquello en lo que cree, pero en el gobierno se debate sobre cómo concretar la indigenización sin espantar a los inversores", agregó.
Pero Musarara considera que las leyes son mal interpretadas. "Nos corresponden los recursos que están debajo y sobre la tierra, igual que en Europa, Estados Unidos y Asia. Hay temores innecesarios sobre la ley de indigenización. Es verdad que exige 51 por ciento de las acciones, pero esto está abierto a negociación, como en cualquier otra transacción empresarial", sostuvo.
"Esta cuestión tiene que aclararse antes de que vengan los inversores. La ley tiene un precio, pero nuestros recursos no son renovables y deberíamos utilizarlos para las futuras generaciones", añadió.
La organización fue disparadora en agosto de un altercado diplomático al reclamar que la empresa alemana de correo privado DHL cediera acciones a ciudadanos zimbabwenses en concordancia con la ley de indigenización.
La embajada alemana aconsejó al gobierno de Zimbabwe que, de continuar la interferencia con DHL, reconsiderara sus relaciones con el país.
Pero el Grupo de Acción Afirmativa insistió en que todas las empresas extranjeras tienen que cumplir con las normas. "Cuando vemos personas desobedeciendo leyes tenemos que obligarlas a cumplirlas", dijo Musarara.
El grupo de presión agregó que también lucharía contra la contratación de expatriados por parte de empresas extranjeras que operaran en Zimbabwe, en situaciones en que hubiera ciudadanos de este país calificados para administrar las empresas.
"Presionaremos al Departamento de Inmigración y nos opondremos a la emisión de permisos a extranjeros que desacaten las leyes de indigenización. Los extranjeros deberían capacitar a nuestros ciudadanos y prepararlos para hacerse cargo", dijo Musarara a IPS.
También se mostró "convencido" de que en Zimbabwe hay suficientes personas calificadas como para ocupar altos puestos en estas empresas extranjeras.
Su organización también hace campaña para que se aprueben leyes que protejan a las industrias locales y creen empleo para los zimbabwenses. Según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo en Zimbabwe es de 96 por ciento.
El sector manufacturero todavía opera a menos de 20 por ciento de su capacidad, y la población depende de las importaciones de alimentos para sobrevivir.
Musarara también cree que es necesario dejar espacio a las industrias locales para crear puestos laborales e impulsar la economía del país a través de las exportaciones.
"Estamos totalmente en contra del ingreso descontrolado de mercaderías. Nuestra población está innecesariamente expuesta a la competencia de inescrupulosos productores extranjeros. Necesitamos proteger a las industrias locales y crear empleo", dijo Musarara a IPS.
"Lo que tenemos por el momento son soluciones que toman atajos", añadió.
A Zimbabwe han llegado mercaderías de países como Sudáfrica, China, Brasil e India. Pero la mayoría de esos productos, desde agua mineral hasta harina de maíz, azúcar y complementos para lactantes, resultaron ser de mala calidad.
Desde entonces el gobierno ha prohibido algunos de elementos, incluida la fórmula de leche sintética, así como pollo y aguas saborizadas.
"Nos apresuramos a abrir nuestras fronteras, pero ahora necesitamos extender licencias a los productores extranjeros de alimentos y someter sus mercaderías a una prueba de calidad antes de colocarlas en el mercado", insistió Musarara.
