El Consejo de Derechos Humanos de la ONU sentó un sólido precedente en favor del aislamiento internacional del gobierno de facto de Honduras, nacido del golpe de Estado del 28 de junio contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.
El Consejo, que en la jerarquía de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sólo se sujeta a la autoridad de la Asamblea General, ratificó este martes la decisión de expulsar al representante del régimen anticonstitucional, José Delmer Urbizo.
Agentes de seguridad de la oficina de la ONU en Ginebra habían obligado en la víspera a Urbizo a abandonar el recinto donde comenzaban las sesiones del Consejo, que se deben prolongar hasta el 2 de octubre.
Los representantes de Brasil y de Argentina objetaron la participación de Urbizo y recordaron que la Organización de los Estados Americanos (OEA) no había reconocido al gobierno instaurado por la fuerza en Tegucigalpa.
En nombre del grupo de países de América Latina y el Caribe, México demandó la suspensión de las sesiones hasta que se resolviera el problema de la representación.
[related_articles]
Fuentes diplomáticas dijeron que el grupo africano había expresado inquietud ante el procedimiento de separar a un representante diplomático hasta ese momento reconocido legalmente, a raíz del precedente que podría establecer.
La situación institucional en naciones como Guinea, Madagascar y Fiji difiere poco del caso hondureño. Por esa razón, los diplomáticos del grupo africano y también India expresaron temores de que el Consejo estuviera creando un antecedente amenazador para esos tres países y para otros en condiciones similares futuras.
El presidente del Consejo, Alex Van Meeuwen, de Bélgica, consultó entonces a la Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Con la respuesta de ese cuerpo y las copias de las cartas enviadas por Patricia Rodas, ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Zelaya, Van Meeuwen emitió una declaración que zanjó el problema.
El presidente dijo que luego de informar y consultar a la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, y a los grupos regionales, "las acciones apropiadas fueron adoptadas en el tema". Con esas palabras, respaldaba la decisión de expulsar del recinto al representante del régimen intruso de Honduras.
En el último párrafo de su declaración, Meeuwen interpretó que el Consejo de Derechos Humanos concuerda en que el cuerpo se guía por la decisión de la Asamblea General de la ONU acerca de las recomendaciones de la Comisión de Verificación de Poderes.
Con esta última aclaración, el Consejo demostró que acata las políticas de la Asamblea General, sin adoptar posiciones unilaterales sobre el reconocimiento de diplomáticos, con lo cual despejó las dudas expuestas por naciones africanas.
La Asamblea General de la ONU había aprobado el 30 de junio por aclamación una resolución de condena al golpe de Estado hondureño, reclamando la restitución inmediata del gobierno de Zelaya.
El debate sobre el caso hondureño, que atrasó más de una jornada las deliberaciones del Consejo, pareció haber tomado desprevenidos a la secretaría de la oficina de la alta comisionada Pillay y también al propio presidente del Consejo.
Una semana atrás, en una rueda de prensa y ante una pregunta, Meeuwen descartó la posibilidad de que el caso hondureño pudiera interferir en el apretado programa de trabajo del Consejo.
Fuentes diplomáticas interpretaron que tanto la secretaría como el mismo Meeuwen se encuentran concentrados desde hace semanas en el asunto que parece ser dominante en la presente sesión del Consejo: la cuestión de Medio Oriente.
La alta comisionada Pillay, que finalmente pudo presentar su informe este martes, mencionó los territorios palestinos ocupados por Israel cuando habló del alto precio que pagan los derechos humanos por los conflictos que azotan esa región, al igual que Afganistán, Colombia, el este de la República Democrática de Congo, Somalia, Sri Lanka, Sudán y Yemen, entre otros.
Pero la crisis de Medio Oriente ya se confirma como uno de los debates más candentes de la presente sesión del Consejo, luego de que se conociera este martes el informe de la misión investigadora sobre el conflicto de la franja de Gaza, encabezada por el jurista Richard Goldstone, ex magistrado de la Corte Constitucional de Sudáfrica y ex fiscal de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda.
La investigación de esa misión de cuatro miembros se concentró en las violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y a las leyes humanitarias internacionales cometidas durante las operaciones militares desarrolladas en Gaza entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, y que causaron la muerte de unos 1.400 palestinos y de 13 israelíes.
El informe, encomendado por el Consejo de Derechos Humanos en abril, indica que existen pruebas de violaciones a esos dos ordenamientos jurídicos por parte de Israel durante el conflicto. Dice además que hay evidencias de la comisión israelí de acciones que equivalen a crímenes de guerra y a "posibles crímenes de lesa humanidad".
Pero las conclusiones de la misión consignan asimismo que hay evidencias de que grupos armados palestinos hayan perpetrado esas mismas clases de delitos en sus repetidos lanzamientos de cohetes y morteros hacia el sur de Israel.
La misión recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU que demande a Israel la presentación de un informe, en un plazo de seis meses, acerca de las investigaciones y acusaciones que pueda efectuar en relación con las violaciones enunciadas en las conclusiones del organismo investigador.
También recomienda que el Consejo de Seguridad establezca un cuerpo de expertos independientes para que informe sobre los progresos de las investigaciones y procesamientos que Israel realice.
En caso de que los expertos encuentren al cabo de seis meses que no se han realizado avances en esos procedimientos, la misión recomienda que el Consejo de Seguridad traslade la situación de Gaza a conocimiento del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
La misión sugiere asimismo que ese mismo grupo de expertos informe al Consejo de Seguridad sobre los procesos conducidos por las autoridades de Gaza sobre los crímenes cometidos por fuerzas palestinas. Como en el caso de Israel, si en seis meses no hubiera procedimientos acordes a las normas internacionales, el Consejo de Seguridad debería remitir el caso a la fiscalía de la CPI.
El informe concluye que Israel ha violado su deber de respetar el derecho de la población de Gaza a un nivel de vida adecuado, incluyendo el acceso apropiado a los alimentos, el agua y la vivienda.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional estimó que todos los organismos de la ONU deben actuar rápidamente y en coordinación para aplicar las recomendaciones del informe Goldstone.
En particular, el Consejo de Derechos Humanos debe aprobar el informe y sus recomendaciones y solicitar al secretario general de la ONU que las remita al Consejo de Seguridad, sostuvo Donatella Rovera, que encabezó una misión investigadora de Amnistía sobre el conflicto de Gaza.
Otra organización independiente, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), acogió favorablemente el informe Goldstone.
Por demasiado tiempo, israelíes y palestinos han fracasado en la investigación, procesamiento y juzgamiento de los acusados de perpetrar graves violaciones. Ese fracaso determina una impunidad permanente, dijo Wilder Tayler, secretario general interino de la CIJ.
