Cuando la policía en el occidental estado indio de Gujarat anunció haber abatido en un «encuentro» a cuatro miembros del grupo islamista Lashkar-e-Toiba (LeT, «Soldados de Dios»), incluyendo a una estudiante de 19 años, el 15 de junio de 2004, pocos le creyeron.
En primer lugar, porque la palabra "encuentro" ha sido popularmente aceptada como un eufemismo de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la policía en India.
En segundo lugar, porque el ministro jefe (gobernador) de Gujarat, Narendra Modi, del pro-hindú Partido Bharatiya Janata, aún no ha limpiado su imagen de la asonada policial anti-musulmana entre febrero y mayo de 2002, en la que al menos 1.000 personas murieron y miles quedaron sin hogar.
Activistas por los derechos humanos dijeron que era demasiado obvio que la policía había arreglado el lugar donde se encontraban los cadáveres, las armas que supuestamente llevaban y el auto en el que habrían viajado hasta la escena del tiroteo en las afueras del centro industrial de Ahmedabad, la mayor ciudad de Gujarat. Curiosamente, ningún policía resultó herido en el supuesto tiroteo.
El 4 de este mes, las denuncias de los activistas recibieron aval cuando el juez metropolitano de Ahmedabad, S.P. Tamang, concluyó que el encuentro había sido un invento y que las cuatro víctimas (Ishrat Jehan, de 19 años, Javed Ghulam Sheikh alias "Pranesh Kumar Pillai", Amjad Ali alias "Rajkumar Akbar Ali Rana" y Jisan Johar Abdul Gani) no estaban relacionados con el LeT.
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Tamang señaló en su informe que la policía había disparado contra los cuatro "a sangre fría usando sus armas de servicio".
"Aun si los ocupantes del automóvil hubieran sido miembros del LeT, la policía debió haber seguido el debido proceso en lugar de recurrir a lo que solamente puede ser descrito como un asesinato a sangre fría", dijo Colin Gonsalves, abogado en la Suprema Corte y activista.
Gonsalves dijo a IPS que los policías involucrados deberían ser procesados, de acuerdo con diversos fallos de la justicia. El Comité de Justicia Jeevan Reddy, que investigó asesinatos policiales en "encuentros" con islamistas, había recomendado en 2005 que siempre que un uniformado mate a alguien se debe iniciar un proceso legal y debe quedar en manos de un tribunal decidir si en el caso se aplica el derecho a defensa propia.
Igualmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó en 2003 que aunque la policía tenía derecho a la autodefensa y podía recurrir a un uso razonable de la fuerza arrestando a sospechosos de crímenes graves, "las muertes causadas en ese encuentro, si no están justificadas, equivalen a un delito de homicidio culposo".
La Comisión también dejó en claro que "invariablemente debe realizarse una investigación magisterial en todos los casos que ocurren en el curso de una acción policial" y que "los familiares más próximos de los fallecidos han de estar invariablemente relacionados con esa investigación".
Pero, lejos de tomar acciones contra los 21 policías involucrados en lo que pasó a llamarse el "caso Ishrat Jehan", el gobierno de Modi pidió a la Suprema Corte de Gujarat que calificara de "ilegal y dudoso" el informe de Tamang.
El gobierno estadual ya está involucrado en otro caso similar presentado ante la Corte Suprema, en el que tuvo que admitir que la muerte de Sohrabuddin Sheikh el 13 de enero de 2003 fue resultado de un "encuentro" falso orquestado por la policía.
Sheikh murió abatido por la policía en las afueras de Ahmedabad. Los uniformados luego asesinaron a su esposa, Kausar Bi, el 27 de noviembre de 2005.
La polémica aumentó cuando el ex director general de policía en Gujarat, R.B. Sreekumar, admitió que los encuentros fraguados eran una "política" en el estado.
Sreekumar, ahora vinculado con la organización no gubernamental Ciudadanos por la Justicia y la Paz, presentó en noviembre del año pasado un libro detallando el comportamiento de la policía y del gobierno estadual en la polémica por la violencia ocurrida en 2002 en Gujarat.
El libro, "Diary of a Helpess Man" (Diario de un hombre indefenso), describe cómo el gobierno de Modi, en el poder desde 2001 y ahora en su tercer periodo consecutivo, actuaba de forma cruel y era dirigido por burócratas y por la policía "más corrupta en India".
Sreekumar aseguró que algunos de los inspectores de la policía recolectaban 75.000 dólares al mes en sobornos.
Pero el crédito por la denuncia de los encuentros orquestados por el gobierno de Modi contra islamistas debe ir para el abogado y activista Mukul Sinha, quien ha presentado varios casos en nombre de los sobrevivientes de las víctimas, incluyendo a Shamima Kausar, madre de Ishrat Jehan.
"Los cabos finalmente comienzan a atarse después de todos esos años. El fin ahora está a la vista en muchos casos e investigaciones contra el gobierno de Modi relacionados con la violencia de 2002 y la serie de encuentros dirigidos contra una comunidad en particular", la musulmana, dijo Sinha a IPS en conversación telefónica desde Ahmedabad.
