«¿A dónde va la sangre de las mujeres asesinadas, la de las humilladas y apaleadas? Se la lleva el Senado al ratificar a Chávez», decía este jueves una de las pancartas que acompañó la manifestación contra el aval de la cámara alta al nuevo fiscal general designado por el gobierno.
A pesar de las protestas de las organizaciones sociales y de las denuncias, el Senado aprobó la nominación de Arturo Chávez enviada por el presidente de México, el conservador Felipe Calderón, por 75 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
El voto conjunto de los partidos Acción Nacional (PAN), gobernante, y Revolucionario Institucional (PRI), de oposición, hizo posible la llegada de Chávez a la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), rechazada por organizaciones no gubernamentales mexicanas.
"La ratificación es un premio a la impunidad, porque se le premia como abogado de la nación a pesar de la matanza de mujeres, por encima del estado de derecho", declaró a IPS María Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una red de organizaciones de la sociedad civil que hace un seguimiento de los crímenes de género en el país.
Chávez arrastra tras de sí la falta de resolución en los casos del asesinato de mujeres en la norteña Ciudad Juárez.
Conocidos como "las muertas de Juárez", se trata de más de 300 mujeres ultimadas entre 1993 y 2003, casos en su mayoría todavía impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.
Además, el estado de Chihuahua, donde está Ciudad Juárez y en el cual Chávez fue procurador de Justicia entre 1996 y 1998, es el que presenta mayores índices de violencia relacionados con el crimen organizado.
La oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó en 1998 al nuevo titular de la PGR de obstruir la investigación. Similar señalamiento emanó en 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de los Estados Americanos y con sede en la ciudad estadounidense de Washington.
A ello se suma un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de octubre de 2003, en el cual un grupo de expertos señaló graves irregularidades en el esclarecimiento de esos casos.
El Estado mexicano se halla bajo juicio desde 2007 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en Costa Rica, por el caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
"El principal mensaje es la poca prioridad que concede el gobierno de Calderón a los derechos humanos", dijo a IPS Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México.
Calderón propuso a Chávez el 7 de este mes, ante la dimisión del entonces procurador general Eduardo Medina.
La solicitud de ratificación de Chávez originó un fuerte debate en el Senado, en el cual los partidos izquierdistas de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo desaprobaron al nominado presidencial.
"Debieron haber escuchado a las organizaciones no gubernamentales, a las víctimas de ejercicios públicos del pasado", manifestó el senador del PRD Ricardo Monreal durante su intervención en la tribuna.
Con la entronización de Chávez en la PGR, el presidente Calderón mantiene el dominio de su fracción política, el PAN, sobre esa instancia, en momentos en que el país se ve sacudido por la violencia relacionada con el crimen organizado.
Desde su llegada al gobierno en diciembre de 2006, el gobernante ordenó la integración del ejército al combate del narcotráfico mediante el despliegue de miles de soldados en las zonas más afectadas por ese flagelo. A lo largo de este año, la cifra de muertos vinculados a esa actividad criminal superó los 4.000, según estadísticas extraoficiales.
Chávez inició su carrera como servidor público en 1992, cuando asumió la Subprocuraduría en el estado de Chihuahua. De 1994 y 1996, el nuevo fiscal fue delegado de la PGR en ese mismo territorio.
Este año al menos 50 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez. "Hacemos un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que vigile este nombramiento", instó Estrada.
En febrero pasado, México se sometió a una revisión de la situación de los derechos humanos en el país ante esa instancia de la ONU mediante el mecanismo del Examen Periódico Universal.
Entre las recomendaciones que el Consejo emitió para el Estado mexicano figura "asegurar que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez sean esclarecidos, y que los responsables y sus cómplices, incluidos los funcionarios públicos que no han realizado las investigaciones pertinentes, sean llevados ante la justicia".
"Una negociación política más que, como siempre, está muy lejos de representar lo que la sociedad quiere de sus gobernantes. Porque, a cambio de quién sabe qué prebendas, se han minimizado o, de plano, desechado denuncias de organizaciones", escribió este jueves el comentarista Francisco Rodríguez en su sitio en Internet.
"Es también una confirmación de la medianía y grisura de una parte importante del gabinete ministerial de Calderón", resaltó Aguayo.
