«Lloraba mucho, no podía creer que estaba en la cárcel y ( ) nunca pensé que iba a estar tanto tiempo», dijo este jueves la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial en sus primeros días de libertad, luego de haber sido condenada y puesta tras las rejas por un secuestro que no cometió.
Francisco, de 46 años, dejó la madrugada del miércoles la prisión de la ciudad de Querétaro, a 211 kilómetros de la capital mexicana, luego de cumplir tres años y un mes de una condena a 21 años de reclusión dispuesta por la justicia, que la involucró en el secuestro del que fueron víctimas en marzo de 2006 seis agentes de la hoy disuelta Agencia Federal de Investigación.
Los policías efectuaban un operativo en busca de discos falsificados en una feria irregular en el poblado de Santiago Mexquititlán, en el sur del estado de Querétaro.
Luis Arriaga, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), dijo este jueves, en rueda de prensa efectuada en la capital mexicana, que "con este acto de justicia, a la vez que se reconoce su inocencia se admite que en el procedimiento hubo graves irregularidades".
El Centro Prodh asumió el apoyo económico y la defensa legal de Francisco, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) declaró "presa de conciencia" en agosto pasado.
Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el proceso penal seguido en contra de esta indígena estuvo plagado de irregularidades, como la no presentación de pruebas, un fallo condenatorio basado exclusivamente en testimonios de los policías, la falta de acceso a un traductor y la negación del derecho a la presunción de inocencia.
"Este caso se ha convertido en un escándalo, en un emblema de cómo funciona el sistema de justicia del país, débil e ineficiente", dijo en la misma conferencia de prensa Alberto Herrera, director ejecutivo de la oficina mexicana de AI, con sede central en Londres.
La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) resolvió que no presentaría pruebas acusatorias "por una duda razonable" en contra de Francisco, pero sin reconocer que hubo vicios de procedimiento en el proceso.
El paso previo a la puesta en libertad de Francisco, fue una serie de careos realizados el lunes con policías que la incriminaron por el hecho. Esta mujer otomí, que se dedicaba a vender jugos de fruta, es analfabeta y no hablaba español cuando fue encarcelada.
Junto con ella fueron también acusadas Teresa González y Alberta Alcántara, también indígenas otomíes que aún se encuentran encarceladas.
"Estoy contenta porque volví con mi familia, pensé que ya no iba a verlos. Cuando me sentenciaron, no quería que lo supiera nadie, pero si no lo supiera nadie, todavía estuviera en la cárcel", dijo en su precario español Jacinta Francisco.
Había iniciado su exposición en la rueda de prensa en lengua otomí, enfundada en una blusa típica negra y un chal morado. Su rostro destilaba dignidad y a veces se quebraba por las lágrimas al evocar sus días en prisión.
La defensa legal de Francisco no descartó demandar al juez del Cuarto Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza, y a la PGR en busca de resarcimiento.
"La instrucción penal aún no se cierra. Estamos a tiempo de interponer un nuevo recurso de revisión de amparo. La postura de la PGR no es una dádiva, es un acto de justicia, porque ellas no cometieron ningún delito", explicó a IPS Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh y quien ha llevado el caso de Francisco.
Organizaciones civiles mexicanas y extranjeras demandaron la excarcelación de la indígena y la reparación del daño incurrido al procesarla anómalamente.
Alberto Brunori, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó el 10 de septiembre a Francisco, tras lo cual pidió que las tres mujeres "puedan acceder a mecanismos legales para demandar la reparación por las violaciones a sus derechos humanos".
En 2003, esa delegación internacional había advertido, en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que "precisamente en el campo de la procuración y administración de justicia se expresa mayormente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes denuncian ser víctimas de discriminación, vejaciones y abusos".
"Jacinta era una mujer incómoda para la justicia mexicana. Se había convertido en el ejemplo más claro de la sinrazón de las autoridades que imparten las leyes en el país", escribió este jueves José Gil, en una columna difundida por la agencia informativa Apro.
En abril pasado, la defensa de Francisco ganó una apelación, tras de lo cual la fiscalía resolvió no presentar pruebas acusatorias, lo cual allanó la posibilidad de que recuperara la libertad.
Jacinta, quien estuvo acompañada de su esposo Guillermo Francisco Prisciliano, sus dos hijos y Arriaga, denunció la existencia de más casos como el de la indígena otomí.
La liberación "modera nuestro entusiasmo", pues "constatamos que hay en el país muchas Jacintas", según Arriaga. Las deficiencias judiciales acentúan "la vulnerabilidad de quienes por su identidad de género, su origen étnico o su posición social padecen discriminación y violencia", prosiguió el activista.
En prisión, Francisco aprendió a tejer y a hacer manualidades, pues trabajó en un taller textil durante su confinamiento. Pero también padeció la discriminación por "ser indígena y pobre", según su relato.
"Me va a costar trabajo volver a empezar, pero no me daría pena porque sé que no hice nada. Voy a volver a vender aguas frescas", dijo Jacinta Francisco.
