Los muertos y desaparecidos en la dictadura militar en Brasil (1964-1985) representan «uno por ciento de la agenda» de la Secretaría Especial de Derechos Humanos (SEDH), pero acaparan «99 por ciento del interés de la prensa», ironizó Paulo Vannuchi, titular de ese despacho con rango ministerial.
La Secretaría está comprometida con la realización de conferencias sobre derechos de la infancia y la adolescencia en todo el país, en las que participan 170.000 personas, en campañas contra la explotación sexual de niñas y niños, por los derechos de ancianos, de los discapacitados, los homosexuales y otras minorías, ejemplificó.
Además enfrenta otros males aún presentes en Brasil, como el trabajo en condiciones de esclavitud, la tortura y distintas discriminaciones sufridas por mujeres, negros e indígenas. Es "una agenda muy amplia", señaló el ministro, en entrevista con IPS y la agencia italiana ANSA.
Pero son acciones que en general no despiertan la atención de los medios de comunicación, más interesados en cuestiones no resueltas de la dictadura, formalmente extinta en 1985, como los restos desaparecidos de opositores muertos, el castigo de los torturadores y la apertura de archivos confidenciales.
Está en marcha una nueva búsqueda de cadáveres de la llamada Guerrilla del Araguaia, una insurgencia promovida por el antiguo Partido Comunista de Brasil que fue masacrada en una operación militar entre 1972 y 1975 en la norteña región del río homónimo, con más de 70 muertos y muchos puntos aún oscuros.
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El caso fue llevado por familiares de las víctimas y organizaciones civiles al sistema interamericano. El Estado deberá responder por los hechos el año próximo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, y podría resultar condenado por detenciones ilegales, tortura y muerte.
Superar las sombras dejadas por la dictadura militar es una tarea que "no logra consenso, sino que causa divisiones en el mismo gobierno e incluso entre las familias involucradas", dijo Vannuchi. Una parte, por ejemplo, discrepa de la forma en que se practica la búsqueda de restos en la cuenca del río Araguaia, lamentó.
El libre acceso a documentos secretos del período dictatorial para conocer la versión de órganos militares y de represión política sobre los hechos es el propósito de otra prolongada lucha de las familias y activistas, sin éxito hasta ahora.
En Brasil se abrieron muchos documentos, más que en países vecinos que también vivieron períodos dictatoriales, y están todos accesibles en el Archivo Nacional, según Vannuchi.
Pero se está lejos de responder al "Derecho a la Memoria y la Verdad", título de un libro publicado en 2007 por la SEDH y que fue resultado de informaciones recogidas por su Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos a lo largo de 11 años.
Las Fuerzas Armadas, que crearon cuerpos irregulares de represión política, adujeron que todos los archivos relacionados con esas actividades fueron destruidos. "Pero no creo que los centros de inteligencia militar hayan destruido todo", sin guardar la memoria de su experiencia, sostuvo Vannuchi.
La cancillería brasileña, que participó colateralmente de la represión a opositores, tiene cerca de 60.000 documentos históricos, pero alega que exponerlos al público puede reabrir heridas vinculadas a relaciones pasadas con países vecinos, como Bolivia y Paraguay, con los cuales Brasil sostuvo guerras o disputas fronterizas.
En este aspecto "no conseguí convencer a Itamaraty", como se llama al Ministerio de Relaciones Exteriores, "pero seguiré intentándolo", ya que se podrían revelar documentos, excluyendo aquellos delicados para la política externa, acotó el ministro.
La reciente publicación de documentos del ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, que mencionan el apoyo de Brasil al golpe militar de 1973 en Chile, constituye otra presión para la liberación de archivos de Itamaraty.
Otra cuestión en la que países vecinos como Argentina y Chile avanzaron más que éste es el castigo a policías y militares que cometieron crímenes en la represión política, como torturas y ejecuciones. En Brasil se arguye que la amnistía de 1979 comprendió a los dos "bandos", en referencia a que también benefició a guerrilleros, e incluyó a los torturadores.
"Defiendo el castigo", especialmente con penas alternativas y reparaciones, ya que la amnistía "no fue un acuerdo entre las partes", sino que fue impuesta por el régimen militar y constituyó una derrota de la propuesta popular de una medida "amplia, general e irrestricta", destacó Vannuchi.
Hasta tal punto es así que hubo presos políticos hasta octubre de 1980, más de un año después de que fuera firmada la amnistía por el último general que presidió este país durante el régimen. Además, tampoco menciona expresamente el beneficio a "agentes del Estado", sostuvo. Y, finalmente, tortura es un "crimen imprescriptible", según tratados internacionales, arguyó.
La cuestión de la amplitud de la amnistía deberá ser dirimida pronto en un juicio del Supremo Tribunal Federal.
Lo que identifica a la SEDH todavía sigue siendo su actuación en cuestiones heredadas de la dictadura, pero "lo estratégico" de su área es la educación en derechos humanos, que es prioridad en éste y el próximo año, sostuvo Vannuchi, que aprovecha los temas de desaparecidos políticos para realzar otros derechos olvidados, como los de las minorías y los diferentes.
La formación militar en este país, por ejemplo, no incluye el derecho constitucional, que contribuiría a alejar golpes de Estado, ni derechos humanos. Aún es impensable que las Fuerzas Armadas reconozcan el error cometido al derrocar al gobierno en 1964, comentó el titular de la SEDH.
Este asunto está ausente incluso del currículo de las facultades de derecho y también de los exámenes de la Orden de Abogados de Brasil, cuya aprobación es necesaria para que los graduados puedan ejercer la profesión, concluyó.
