Las presuntas mayores garantías que Estados Unidos otorgará a los reclusos sospechosos de terrorismo de la prisión afgana de Bagram son por lo menos insuficientes, según juristas y defensores de derechos humanos.
Las medidas anunciadas el lunes buscan conceder el derecho a impugnar el arresto a los presos de Bagram, una prisión ubicada en una base militar que las tropas estadounidenses mantienen cerca de Kabul.
Algunos de los más de 600 prisioneros de Bagram llevan seis años allí, sin acceso a abogados ni acusación formal, y existen numerosos indicios de que han sido sometidos a tortura.
El presidente Barack Obama ha sido acusado de convertir a Bagram en una nueva Guantánamo, ya que Washington dejó de enviar sospechosos de terrorismo a la prisión que mantiene en Cuba porque tiene previsto cerrarla en enero.
Las nuevas pautas que propondrá el Departamento de Defensa asignarían a cada detenido un representante, que no será abogado sino un oficial militar estadounidense, encargado de reunir testigos y evidencias exculpatorias para presentarlas a paneles de revisión designados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
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Hasta ahora, los detenidos no tienen derecho a conocer las acusaciones en su contra y son considerados "combatientes enemigos". Esta clasificación debe ser revisada periódicamente por paneles militares, pero las revisiones son incompletas, parciales e ineficaces, según sus detractores.
Tina Monshipour Foster, directora de International Justice Network (IJN), una organización jurídica que representa a cuatro detenidos en Bagram en un caso pendiente ante un tribunal de Estados Unidos, opinó que los cambios propuestos son "un paso en la dirección equivocada".
"Ningún conjunto de medidas será legítimo hasta que haya transparencia y rendición de cuentas en todos los casos de violación de las propias reglas militares. Impedir que el acusado tenga contacto con su abogado es la antítesis de un sistema de justicia legítimo", dijo a IPS.
La activista dijo que primero se debe permitir el acceso de los detenidos a un abogado. Toda medida que no habilite esto "solo invita a violar las reglas, y arroja dudas sobre la legitimidad de los procesos que se lleven a puertas cerradas", afirmó.
"Los nuevos procedimientos que adoptará el gobierno de Obama no son nuevos para nada. Parecen ser exactamente los mismos que creó la administración de (George W.) Bush (2001-2009) en respuesta a denuncias anteriores de reclusos en Guantánamo", señaló.
Más optimista se mostró Sahr Muhammed Ally, de la organización Human Rights First, que ha entrevistado a varios ex detenidos de Bagram.
"Los nuevos procedimientos parecen mejorar el actual régimen de revisión, que un tribunal de distrito de Estados Unidos halló mucho peor que los desacreditados procedimientos de revisión en Guantánamo", dijo a IPS.
Pero "ante las lecciones aprendidas en Guantánamo, es importante que los procedimientos de revisión de Bagram proporcionen a los detenidos un representante legal, cosa que no está contemplada en las nueva pautas", explicó.
"También es importante mejorar la confiabilidad de la información que lleve a la captura de una persona para mitigar los riesgos de una detención errónea, aspecto que los nuevos procedimientos no abarcan", agregó.
Muhammed Ally pidió una supervisión independiente y pública de la instrumentación de las nuevas pautas, con el fin de evaluar su eficacia.
David Frakt, profesor de derecho en la Universidad Western State y ex abogado defensor en Guantánamo, duda de que las normas adoptadas por el gobierno vayan a funcionar.
"La propuesta que otorga mayores derechos a los detenidos en Bagram me recuerda al proceso insufriblemente insuficiente del Tribunal de Revisión de la Condición de Combatiente que el gobierno de Bush instituyó para los detenidos en Guantánamo y que Obama suspendió, luego de las duras críticas de la Corte Suprema", comentó Frakt.
"La falla más evidente del proceso propuesto es que no proporciona representación legal a los detenidos. En cambio, el gobierno propone asignar oficiales sin experiencia para representarlos. Este modelo fue un fracaso total (con Bush) y no debe repetirse", exhortó.
"No es realista que personas que no son abogados defiendan con tesón a los detenidos, ni que reúnan con eficacia testigos y evidencia que cuestionen la legalidad de la detención", sostuvo.
En abril, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) se basó en la Ley de Libertad de Información para solicitar al gobierno de Obama que hiciera públicos los registros correspondientes a la detención y el tratamiento de los prisioneros en Bagram. El gobierno aún no ha entregado esos registros.
Melissa Goodman, abogada del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, dijo que las nuevas pautas son "alentadoras", pero no despejan la inquietud sobre la falta de transparencia en Bagram.
"El público sigue desinformado sobre hechos básicos como quiénes están recluidos allí, cuánto hace que están, dónde fueron capturados y sobre qué base son sometidos a una detención indefinida", manifestó.
"El gobierno debe hacer públicos los documentos que puedan arrojar luz sobre esta información crucial", dijo.
Chip Pitts, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y presidente de la organización Bill of Rights Defence Committee, también se muestra escéptico.
"Es fundamental que las nuevas normas distingan entre los conflictos clásicos y legítimos en los cuales se aplican las reglas de la guerra, y el intento de incluir todo el antiterrorismo dentro del marco ilegítimo de la llamada guerra contra el terror, que desprecia derechos fundamentales de civiles que no toman parte en una batalla", argumentó.
No queda claro cuándo se implementarán las pautas propuestas por el Pentágono, en gran medida por la falta de personal, pero el paquete de iniciativas va acompañado de cierta urgencia. El motivo probable es que el gobierno se prepara para apelar una decisión judicial que en abril dictaminó que algunos prisioneros de Bagram trasladados desde otros países tienen derecho a recusar su encarcelamiento.
El juez John D. Bates falló entonces que tres detenidos de Bagram tenían los mismos derechos legales que la Corte Suprema otorgó el año pasado a los prisioneros de Guantánamo, porque fueron capturados fuera de Afganistán y llevados a Bagram, donde permanecen sin juicio desde hace más de seis años.
Los tres prisioneros, dos de Yemen y uno de Túnez, pretenden que un juez civil revise las evidencias en su contra y ordene su liberación, amparados en el derecho constitucional al hábeas corpus.
