El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), se declaró este lunes culpable de haber ordenado espionajes telefónicos a opositores y periodistas, sobornado a legisladores y comprado un canal de televisión por cable para impulsar su campaña reeleccionista. Todo con dineros públicos.
El tribunal presidido por el juez César San Martín aceptó el pedido y fijó para este miércoles la lectura de la previsible condena, la cuarta desde que el ex mandatario fue extraditado de Chile el 22 de septiembre de 2007.
"Al allanarse a la conclusión anticipada Fujimori ha dicho 'soy culpable de todo lo que se me acusa'", dijo a IPS el fiscal Peláez. "Aceptó su culpabilidad por los cargos formulados, de haber comprado congresistas y medios de comunicación, y de haber ordenado el espionaje telefónico", abundó.
Para el portavoz del bloque parlamentario fujimorista, Carlos Raffo, esto no significa admisión de culpabilidad.
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"Fujimori solicitó el mecanismo de la sentencia anticipada exclusivamente para evitar el show", dijo Raffo a IPS. "¿Para qué ir a un juicio cuando ya sabíamos en qué iba a terminar, condenándolo a la pena máxima? Fujimori le ha ahorrado tiempo y dinero al tribunal".
El fiscal Peláez señaló que había abundantes y "contundentes" pruebas contra el ex presidente. "Además, contamos con los testimonios de (su ex asesor de inteligencia) Vladimiro Montesinos, ex congresistas, generales en retiro y abogados. Por si fuera poco, tenemos documentos, grabaciones y vídeos".
Fujimori ya fue condenado a seis años de prisión por usurpación de funciones, a otros 25 años como autor mediato de 25 asesinatos perpetrados por un comando de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y a siete años y medio por haber pagado un soborno de 15 millones de dólares a Montesinos, quien reclamó esa suma como condición para exiliarse en Panamá, cuando el régimen se derrumbaba.
Fuentes judiciales ya habían adelantado a IPS este desenlace, para evitar un desfile de testigos de los tres cargos durante unos seis meses de proceso.
Peláez había citado a 61 testigos, entre ellos ex ministros, ex jerarcas militares, ex oficiales de servicios secretos y víctimas del espionaje del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Entre los espiados se cuentan el ex candidato presidencial en 1995 y ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991), la ex esposa de Fujimori y ex legisladora Susana Higuchi, y otros dos ex postulantes a la Presidencia, el escritor Mario Vargas Llosa, en 1990, y Lourdes Flores, en 2000.
Entre los periodistas cuyas comunicaciones fueron interceptadas por el gobierno de Fujimori se cuenta este corresponsal de IPS.
Al ser informado por el tribunal de que su solicitud había sido aceptada, Fujimori dijo: "Estoy conforme". Esta es la segunda vez que solicita la sentencia anticipada. La primera fue en el caso por el pago del soborno a Montesinos.
Su abogado defensor, César Nakazaki, aseguró que el tribunal que lo juzga carece de imparcialidad. La semana pasada, el jurista intentó una recusación, rechazada en cuestión de horas por la Corte Suprema de Justicia.
Cuando Fujimori y Montesinos se conocieron, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones de 1990, éste le demostró las ventajas de contar con información confidencial de sus adversarios.
Montesinos entregó a Fujimori transcripciones de conversaciones telefónicas de Vargas Llosa, su competidor de entonces por la primera magistratura, que había conseguido por intermedio de sus contactos en el SIN. Fujimori lo contrató en el acto como su asesor personal.
Una vez en el gobierno, Montesinos organizó un aparato de espionaje telefónico e inclusive instaló un equipo en el Palacio de Gobierno, según testimonios de militares que cumplieron servicio en la sede del Poder Ejecutivo. Los más importantes políticos de la oposición, periodistas que investigaban casos de corrupción y actividades de inteligencia fueron blancos del "chuponeo", como se le llama en la jerga local.
En la campaña por su segunda reelección, Montesinos destinó millones de dólares de fondos del SIN para torcer a su favor la línea editorial de canales de televisión, periódicos y radioemisoras, acciones acreditadas con las filmaciones que el propio Montesinos realizaba.
En uno de esos vídeos se observa a Montesinos abonando 2 millones de dólares a representantes de la televisora Cable Canal de Noticias (CCN), con lo que adquirió 75 por ciento de las acciones.
Montesinos también testificó que, ante la evidencia de que el gobierno no había conseguido mayoría parlamentaria en las elecciones de 2000, Fujimori le ordenó que captase a legisladores de otros sectores. El asesor sumó alrededor de una docena a filas oficialistas, pagando sobornos, según su testimonio.
Aparentemente, la estrategia judicial del ex presidente busca no dañar la candidatura presidencial de su hija, la congresista Keiko Fujimori.
El Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica informó la semana pasada que, tras varios meses liderando las preferencias electorales, Keiko Fujimori bajó al segundo lugar.
Además, la justicia está investigando si el ex mandatario utilizó fondos públicos para pagar los estudios de sus hijos, Keiko inclusive, en universidades estadounidenses.
"No creo que el juicio afecte la campaña de Keiko porque va a empezar el próximo año", dijo Raffo. "Al contrario, los anteriores calentaron las encuestas a su favor. Se pidió la conclusión anticipada de este juicio porque la salud de Fujimori es primero. No era necesario exponerlo a un juicio con tantos testigos", sostuvo.
La visión del fiscal Peláez es otra. "Era una derrota cantada. Lo mejor que hizo fue aceptar su culpa".
