«¡Que cese el fuego! ¡Que cese el fuego inmediatamente!», clamó a través de la radio Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Colombia, el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando de la guerrilla nacionalista M-19 tomó el Palacio de Justicia.
Reyes Echandía, cabeza de la Rama Judicial, no fue atendido. Murió, igual que otros 10 magistrados y 83 personas más, tras 27 horas de batalla.
El ejército reaccionó como un relámpago y «no dejó nada al azar», según la fiscal Ángela María Buitrago.
La semana pasada, Buitrago pidió condenar al entonces comandante de la Escuela de Caballería, teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por secuestro agravado y desaparición forzada agravada, por cuenta de 11 personas que no aparecieron nunca, a pesar de que siete fueron vistas saliendo con vida del Palacio.
Otros responsables militares de la época también están enjuiciados, luego de que el ahora ex fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, reabrió en 2005 el expediente del Palacio de Justicia.
Los militares aborrecían al M-19 (Movimiento 19 de Abril).
El 1 de enero de 1979, esa guerrilla que se autodisolvió en 1990, había robado al ejército 5.000 armas del Cantón Norte de Bogotá, complejo militar donde están situadas la Brigada 13 y la Escuela de Caballería.
En 1980 negoció exitosamente la ocupación de la embajada de República Dominicana, donde por casi dos meses mantuvo como rehenes a 12 embajadores, incluidos el de Estados Unidos y el Nuncio Apostólico.
[related_articles]Según la fiscal Buitrago, la operación de retoma del Palacio siguió el libreto previsto en el Plan Tricolor, un documento secreto confeccionado en 1980 por las Fuerzas Armadas, sin fecha de vencimiento y vigente hasta «destruir» al M-19, que contenía directrices políticas y operativas sobre cómo conducir una operación de guerra irregular.
El Plan Tricolor centralizaba en el ejército el control total de la operación, algo que trató de ser cambiado «de una u otra manera» en documentos oficiales que Buitrago contrastó en su alegato final en el juicio a Plazas Vega.
«El control de la operación, el control de los rehenes, el control de la información, el control de las noticias, el control del traslado, el control de la verificación y de la investigación corrió por cuenta del ejército nacional de Colombia, Brigada 13», cuyas unidades tácticas tenían funciones específicas asignadas por el Plan Tricolor, dijo la fiscal Buitrago.
La afirmación es reveladora porque, por obra de la casualidad o del Plan Tricolor, da alguna luz sobre el conjunto de la respuesta gubernamental y estatal.
El gabinete del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) se dividió, y su ministro de Justicia, Enrique Parejo, sostiene hoy que la fuerza pública no informó al gobierno civil acerca de lo que en realidad estaba ocurriendo, en otras palabras que los militares tomaron el control.
La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, actual aspirante a la Presidencia, estableció censura de prensa.
[pullquote]1[/pullquote]Cuando todo terminó, los militares no dejaron ingresar al Palacio a los jueces de instrucción. A cambio, el general Jesús Armando Arias Cabrales, jefe de la Brigada 13 que asumió como juez de primera instancia, dispuso que el levantamiento de cadáveres fuera supervisado por oficiales.
Todos los cuerpos fueron cambiados de sitio y apilados en el primer piso, desnudados y despojados de sus pertenencias. Algunos fueron lavados y luego todos fueron introducidos en bolsas plásticas, mezclando los elementos que podían servir para identificarlos.
Los investigadores forenses sólo pudieron entrar al año siguiente al Palacio de Justicia en ruinas.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 94 cadáveres y alcanzó a identificar a 70, antes de que un juez militar diera la orden de enterrar a los restantes en una fosa común, sin haber culminado el reconocimiento por parte de familias que buscaban a los suyos.
El proceso en la jurisdicción penal militar fue cerrado en 1994 con apenas sanciones disciplinarias para dos uniformados.
De las 215 personas que probadamente sobrevivieron al «holocausto», como se lo conoce en este país, más de 50 fueron amenazadas para que no contaran lo que vieron.
Las amenazas de muerte se mantienen hasta hoy contra familiares y testigos, contra la fiscal Buitrago y contra la jueza María Stella Jara, una cuestión que siembra dudas sobre la inocencia de los imputados.
En medio de un alegato anticomunista, la defensa del coronel Plazas Vega aseveró que el oficial no tuvo el manejo de los rehenes y que las personas que salían del Palacio quedaban en manos de la sección de inteligencia (B-2) de la Brigada 13 y del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici).
En 1985 el Coici dependía del comando del ejército y era conducido por el general Iván Ramírez, hoy retirado y cuyo juicio está por comenzar.
Además, el defensor de Plazas Vega, Pedro Capacho, recordó que el presidente Betancur asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido, lo que es cierto. El jurista afirmó que el mandatario fue quien dio las órdenes, y que su defendido no era más que un eslabón en la cadena de mando.
Un magistrado auxiliar que investigaba violaciones a los derechos humanos, Carlos Horacio Urán, militante católico de la Teología de la Liberación, salió vivo y caminando del Palacio de Justicia, con apenas una herida en una pierna, tal como muestra un vídeo.
Luego apareció muerto de un tiro a contacto en la cabeza, y el ejército reportó haber encontrado su cuerpo dentro del Palacio. La justicia apenas comienza a investigar su caso.
La misma suerte pudo haber corrido el magistrado Manuel Gaona Cruz, destacado jurista y maestro latinoamericano del control constitucional integral, sistema en el que el juez tiene en cuenta no sólo los artículos e incisos de la ley, sino también las circunstancias sociales y económicas y la realidad cambiante.
Las sospechas de la familia Gaona se hicieron públicas por primera vez 22 años después de la tragedia, ante la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, pero luego el portavoz familiar fue amenazado de muerte y se asiló.
La Comisión fue creada por la Corte Suprema de Justicia en 2005, tan pronto prescribieron los delitos distintos a la desaparición forzada. Integrada por tres magistrados, prevé lanzar en noviembre su informe final, que no tendrá efectos jurídicos, aunque sí de opinión.
Tampoco tuvo efectos jurídicos, en 1986, el informe del denominado Tribunal Especial de Instrucción Criminal, creado ad hoc por decreto presidencial, que trabajó seis meses y recogió investigaciones judiciales que se adelantaban en la época.
El Tribunal Especial nunca efectuó una investigación propia sobre los desaparecidos de la cafetería. Conjeturó, sin pruebas, que los cuerpos se hicieron cenizas en el incendio que se desató desde la hora 17:30 del 6 de noviembre, subrayaron la Fiscalía y el apoderado de las víctimas, Jorge Molano.
El coronel Plazas Vega resolvió hace siete meses desconocer a la jueza Jara. No asistió a las últimas audiencias del juicio oral, y presentó un documento de la jefa de psiquiatría del Hospital Militar Central que lo mostró inhábil para asistir al juzgado.
Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal determinó que el oficial retirado, aunque sufre de «ansiedad generalizada», tiene un «pensamiento lógico y coherente» y para efectos psiquiátrico-forenses no padecía ninguna enfermedad grave ni estaba incapacitado para asistir a las audiencias.
Medicina Legal hizo constar también que la psiquiatra del Hospital Militar saludó efusivamente a Plazas Vega antes de examinarlo.
* Con aporte de Helda Martínez (Bogotá).
