El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) podría demandar por daño ambiental al consorcio chileno-italiano que realiza una exploración geotérmica a pocos kilómetros del turístico campo de géiseres de El Tatio, en la norteña región de Antofagasta.
"El proyecto ha tenido una contingencia que no estaba prevista en la resolución de calificación ambiental… En una operación rigurosa, cuidada, de acuerdo al desarrollo normal del proyecto, esto nunca debió haber ocurrido", dijo la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
La secretaria de Estado se reunió este martes con el presidente del CDE, Carlos Mackenney, para solicitar que el organismo evalúe la posibilidad de interponer una acción por daño ambiental ante la justicia.
El CDE es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica e independiente de los ministerios, que es supervisado directamente por la presidenta de la República. Su misión es defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado en sus intereses patrimoniales y no patrimoniales.
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Mackenney confirmó que el CDE estudia el caso desde hace varios días.
La posible demanda del CDE se sumaría al proceso de sanción abierto por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta por eventuales incumplimientos administrativos a la resolución de calificación ambiental.
"Estamos investigando con el máximo celo y rigor las causas y consecuencias de este hecho y nos parece que el CDE, dentro de sus atribuciones, puede acompañar esta investigación porque perseguiría responsabilidades distintas a las que está persiguiendo la Corema en este momento", explicó Uriarte.
La acción judicial del CDE buscaría la reparación del eventual daño ambiental provocado por la empresa en esta zona altoandina de vegas (tierras húmedas) y bofedales (formaciones vegetales que se nutren de aguas superficiales y subterráneas).
El lugar, que diferentes actores piden declarar reserva o parque nacional para asegurar su protección, también es hábitat de vicuñas (Vicugna vicugna), vizcachas (Lagidium viscacia) y otros animales.
En julio de 2008, Geotérmica del Norte inició un proyecto de exploración de 18 meses en la Quebrada del Zoquete, comuna de Calama, a pocos kilómetros de El Tatio, el campo de géiseres más grande del hemisferio Sur y el tercero del mundo, con más de 100 manantiales en erupción a más de 4.000 metros de altura.
De propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, y administrado por dos comunidades indígenas atacameñas, El Tatio fue declarado en 2002 zona de de interés turístico.
Geotérmica del Norte es controlada por la Empresa Nacional de Geotermia, un consorcio cuya propiedad se reparte en 51 por ciento para la estatal eléctrica italiana ENEL y 49 por ciento para la Empresa Nacional del Petróleo de Chile.
El 25 de este mes, la Corema de la región de Antofagasta, 1.400 kilómetros al norte de Santiago, recomendó a la empresa paralizar las obras hasta que la anómala columna de vapor y agua fuera controlada, decisión que ya había tomado Geotérmica del Norte.
"La geotermia, y en eso quiero ser categórica, es una energía renovable no convencional que a Chile le interesa desarrollar, nos interesa seguir propulsando y promoviendo", pero como su explotación es nueva para el país, el gobierno evalúa recurrir a expertos internacionales para aclarar lo sucedido, dijo Uriarte.
Chile es rico en esta energía calórica del interior de la tierra, puesto que está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. La geotermia produce unos 9.000 megavatios en el mundo, con Estados Unidos, Filipinas y México a la cabeza. Distintos estudios indican que el potencial de aprovechamiento chileno ronda los 3.000 megavatios.
Lejos de hacer una autocrítica a nombre del gobierno por la aprobación del proyecto, la ministra responsabilizó totalmente a la empresa.
"Claramente acá hay algo que se hizo de forma distinta a aquello señalado en la resolución de calificación ambiental. No es el proceso de evaluación ambiental el que ha tenido una falla", dijo Uriarte.
En julio, el ministro de Energía de Chile, Marcelo Tokman, dijo a IPS que el gobierno había tomado todo los resguardos necesarios para evitar algún daño ambiental, como la contratación de una consultora estadounidense para que analizara el estudio de impacto presentado por la empresa.
"Lamento (que la preocupación del gobierno por determinar y sancionar el daño ambiental) se haya dado luego del hecho tan lamentable que está ocurriendo en estos instantes", dijo a IPS Julio Ramos, presidente del Consejo del Pueblo Lickanantay-Atacameño, que agrupa a comunidades de esta etnia en Antofagasta.
"Hace tres años que estamos en una oposición constante del proyecto… y en ese periodo nunca hubo sensibilidad de las autoridades en torno a escuchar y tomar acción sobre lo que nosotros estábamos planteando como originarios", acusó el dirigente indígena, cuya organización inclusive interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar el proyecto.
Aunque la empresa descarta daños ambientales, según Ramos el fuerte ruido y los temblores provocados por la fuga de agua y vapor están ahuyentando a la frágil fauna de la zona, y la columna contaminada con metales del fondo de la tierra, asegura, afectará irremediablemente a la flora local.
Además, el municipio de Calama está evaluando la posibilidad de cerrar el acceso a la zona de los géiseres por motivos de seguridad, lo cual generaría millonarias pérdidas al turismo de San Pedro de Atacama, desde donde salen las excursiones a esa zona termal.
El Consejo del Pueblo Atacameño estudia presentar una demanda no sólo contra quienes resulten responsables de la fuga sino también contra quienes autorizaron la exploración, adelantó Ramos. También convocó a una marcha para este sábado hacia los géiseres.
"No puede ser que en un país que está proyectándose hacia el Bicentenario (de la independencia de España, a celebrarse en 2010) con una visión renovada, de desarrollo moderno, exista este tipo de irresponsabilidades respecto a proyectos que ponen en riesgo el gran patrimonio natural del norte de Chile", sostuvo Ramos, quien exige la paralización definitiva de la exploración.
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medioambiente de la Cámara de Diputados anunció que este miércoles analizará la situación de El Tatio.
