Decenas de familias comenzaron a desmantelar sus hogares junto a un lago ubicado en el centro de la capital de Camboya, asumiendo como infructuosos sus prolongados esfuerzos para que las autoridades les permitieran quedarse en el lugar.
Cuando termine el proceso de desalojos serán unas 30.000 las personas que dejarán libre tierras ahora valiosas para el mercado inmobiliario en Boeung Kak.
Activistas por los derechos humanos dijeron que éste será el mayor desalojo de camboyanos en décadas. Los habitantes de esa zona no quieren irse, pero son expulsados mediante amenazas de la municipalidad.
Pol Vanna, de 77 años, vive en Boeung Kak desde principios de los años 80. Este ex trabajador ferroviario se opone rotundamente a mudarse al sitio de reasentamiento asignado, un campo ubicado a unos 30 kilómetros de su actual vivienda y que no cuenta con ningún servicio.
"No queremos irnos de Boeung Kak. La empresa debería darnos tierra para vivir en vez de obligarnos a mudarnos. No entiendo por qué no pueden dárnosla", dijo a IPS durante una manifestación realizada a comienzos de este mes en el exterior de la municipalidad.
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La compañía en cuestión es Shukaku, que pertenece al senador Lau Meng Khin, del gobernante Partido Popular Camboyano. El año pasado, el gobierno concedió a esa empresa un contrato de tercerización por 99 años, en lo que fue un acuerdo irregular.
Desde entonces, ha estado echando enormes cantidades de arena en el lago con el fin de rellenarlo para extender el área de construcción de edificios.
Los desalojos no son un fenómeno nuevo en Camboya. Solamente en la capital, por lo menos 100.000 personas han sido desplazadas desde 2001. Pero el drama también abarca zonas rurales.
El descomunal aumento del precio de la tierra hace que sea un negocio apetitoso para los inversores, dijo Naly Pilorge, directora de la Liga Camboyana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (Licadho).
La codicia y la impunidad son las fuerzas motoras del problema, sostuvo.
Es difícil determinar la cantidad de personas afectadas en todo el país. Amnistía Internacional dijo el año pasado que 150.000 corrían el riesgo de ser desalojadas.
Según Licadho, que opera en 13 de las 24 provincias del país, las confiscaciones de tierras, desalojos y amenazas reportadas aumentaron de alrededor de 2.600 casos en 2003 a más de 16.000 en 2008.
Pilorge dijo que eso equivale a más de 250.000 camboyanos en apenas seis años. Sin dudas, el número real es más elevado, agregó.
"Apuesto cualquier cosa a que si tuviéramos el doble de personal tendríamos el doble de casos reportados", expresó.
Desarraigar a la gente y reubicarla en lugares distantes, donde no hay trabajo y escasean los servicios, no ayuda a aliviar la pobreza, por más que ésa sea una preocupación clave declarada por el gobierno.
Según Pilorge, muchos desalojados que ahora viven en sitios de reasentamiento fuera de la capital han sido empujados debajo de la línea de pobreza.
Uno de esos grupos de residentes fue violentamente desalojado en enero. Ocurrió en el central barrio de Dey Krahorm, que significa "tierra roja". Allí, la población se dividía en dos amplias categorías: los que podían demostrar que tenían derechos legales sobre su vivienda porque habían vivido allí durante un periodo prolongado, y quienes estaban alquilando.
Los desalojados de Dey Krahorm fueron llevados a un sitio llamado Damnak Trayeung, ubicado en las afueras de Phnom Penh. Quienes poseían títulos de propiedad sobre la tierra recibieron una casa de ladrillos de una habitación, con el mismo tamaño y diseño de un garaje individual.
Las familias que alquilaban no recibieron nada, y todavía viven en cobertizos hechos con lonas impermeables sobre un enlodado terreno ubicado junto a una carretera.
En Damnak Trayeung hay muy poco trabajo. Y como el sitio está a más de 20 kilómetros del centro capitalino y viajar de ida y vuelta al trabajo costaría el salario de un día, mucha gente ya ha dejado su empleo y está desocupada. Licadho indicó que dos tercios de los desalojados que antes contaban con un ingreso ahora no tienen ninguno.
Luy Sinath es una costurera de 41 años que antes ganaba ocho dólares diarios en Dey Krahorm. Ahora cobra apenas 25 centavos. Eso significa que sus tres hijos no pueden ir a la escuela y para sobrevivir toda la familia depende ahora de los alimentos que le entregan organizaciones de caridad.
"A veces no tenemos qué comer, así que todos compartimos lo que tenemos con el otro. Cuando yo estaba en Dey Krahorm, tenía esperanzas de que mis hijos recibieran una buena educación", dijo.
Son esas experiencias las que preocupan a Pol Vanna y a su hijo Touris, un obrero de la construcción de 26 años. El segundo visitó el sitio propuesto para reubicar a los desalojados de Boeung Kak, y comprobó que carece de todo servicio.
"Está muy lejos de las escuelas para nuestros hijos y del lugar donde trabajamos. La mayoría de nosotros somos empleados de la construcción", señaló.
"Hay un largo trecho hasta el hospital más cercano. No podemos siquiera pagar el transporte para nuestros hijos", agregó.
Pilorge, de Licadho, dijo que las condiciones de algunos sitios de reasentamiento en las afueras de Phnom Penh son nefastas, prácticamente sin atención a la salud, sin escuelas, sin agua corriente, sin saneamiento y sin trabajos.
En el de Angong, por ejemplo, los médicos de esa organización de derechos humanos van puerta a puerta porque algunos residentes están demasiado enfermos o son muy ancianos para ir a consultarles.
"Vemos desnutrición, beriberi, decoloración del cabello, vientres hinchados", relató Pilorge.
"En Andong tienen llagas (en las piernas) porque caminan constantemente en agua estancada que está mezclada con la de alcantarillas", agregó.
De nuevo en Boeung Kak, el aire se hace tenso con el sonido de los golpes, mientras los habitantes desmantelan las casas en las que vivieron por 30 años. Ellos son los primeros de unos 30.000 que terminarán siendo desalojados de los alrededores del lago.
Todavía es demasiado pronto para decir cómo se verán afectadas sus vidas. Pero las experiencias de Luy Sinath y otras personas sugieren que, probablemente, las vidas de los pobladores de Boeung Kak se volverán mucho más duras en los próximos meses.