La amenaza de una suerte de golpe de Estado parlamentario se cierne sobre el escenario político paraguayo tan solo 16 días después de que el presidente Fernando Lugo cumpliera su primer año de mandato. La piedra del escándalo es la nominación de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia.
El Senado eligió a Agustín Lovera Cañete para cubrir una vacante en la máxima instancia judicial del país, pero Lugo rechazó esa decisión por entender que no respondía a criterios de idoneidad y capacidad sino a una mera afinidad política. La sesión que el jueves pasado debía tratar este asunto no se concretó porque la ausencia de la oposición no permitió hacer quórum.
"Sigue primando el criterio de la pertenencia a un partido político y no la idoneidad para ocupar el cargo", dijo a IPS el senador Carlos Filizzola, del socialdemócrata Partido País Solidario (PPS) y principal portavoz parlamentario de la coalición centroizquierdista gobernante Alianza Patriótica para el Cambio (APC).
La candidatura de Lovera Cañete fue avalada por el Partido Colorado, la tradicional agrupación que gobernó hegemónicamente el país por seis décadas hasta el año pasado, dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) incluida, y hoy es la principal fuerza de oposición parlamentaria.
El analista político Alfredo Boccia explicó a IPS que "la confusión se crea en la propia Constitución, porque en su artículo 264 dice que la designación debe hacerse con acuerdo del Poder Ejecutivo".
El caso de Lovera Cañete es el primero que no registra acuerdo entre ambos poderes del Estado. Según Boccia, en la carta magna se quiso evitar la imposición de un poder a otro, pero con la frase "con acuerdo ", se dio pie a la imposición.
"Ahora le imponen a Lugo un candidato y él no da su acuerdo, pero podría pasar que el Senado ratifique su decisión, con lo cual se estaría dando una suerte de golpe de Estado parlamentario", sostuvo.
Pero la mirada es más optimista desde el sector oficialista. Según Filizzola, el escenario en que se mueve Lugo no se ve alterado y no da como un hecho que se logre perpetrar un movimiento desestabilizador de ese tipo.
Lugo asumió la presidencia el 15 de agosto de 2008 sin contar con una mayoría propia en el Congreso legislativo, donde si lo logran cuando se suman los opositores Partido Colorado y su histórico desprendimiento la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), que lidera el ex general Lino César Oviedo.
La elección de Lovera Cañete se dio a partir de un pacto entre el coloradismo y el oviedismo y algunos parlamentarios del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que es la segunda fuerza política a nivel nacional y fue el principal sostén de la candidatura de Lugo desde la APC, de la cual se retiró a mediados de este año.
Si bien el PLRA se alejó de las tiendas de la APC, sigue formando parte del gobierno de Lugo, con cuatro representantes en el gabinete ministerial.
"Realmente los liberales no saben lo que son; si son gobierno o son oposición", sostuvo Boccia. La situación planteada con la designación del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia revela una vez más la debilidad de las instituciones paraguayas, donde aún priman las cuotas políticas para llenar los cargos.
La elección del Senado se dio en base a una terna de candidatos, todos colorados, elevada por el Consejo de la Magistratura. Esta instancia está compuesta por ocho miembros, todos vinculados a los partidos de oposición al actual gobierno.
La Corte cuenta con nueve miembros y actualmente tiene sólo seis activos, en su mayoría también afines al Partido Colorado, herencia del anterior gobierno, de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), de esa agrupación derechista.
"En caso de ratificarse a Lovera Cañete, se creará una situación irregular, porque se tendrá un miembro sin acuerdo de un poder del Estado, contrariando lo que mandata la Constitución. Y una vez más tendremos una Corte con menos miembros y con menos calidad", apuntó Boccia.
Desde su asunción al gobierno, uno de los escollos más difíciles de superar para Lugo ha sido la oposición en el parlamento, con el peligro latente de la desestabilización.
Pero a esto se añade las fuertes críticas, principalmente de los sectores empresariales y grandes productores agropecuarios, quienes lanzaron amenazas constantes de movilizaciones para impedir que se produzcan cambios en el sistema de uso y tenencia de la tierra.
Las críticas más fuertes a los 12 meses de gestión del ex obispo católico se dieron sobre todo a la falta de definición en cuanto a políticas de Estado, como la reforma agraria, la reactivación económica y la generación de empleo, temas que se hallaban entre sus principales promesas electorales. Desde el gobierno se destacó el acuerdo al que arribó Lugo con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para compartir más equitativamente los recursos que genera el complejo hidroeléctrico binacional Itaipú.
Otro de los aciertos reconocidos al gobierno de Lugo ha sido llevar la gratuidad universal a la salud.
Actualmente las organizaciones sociales y partidos de izquierda juegan un papel importante en el sostén político de Lugo. Así lo asegura el senador Filizzola, mientras que Boccia sostiene que el poder real que tiene el ex obispo está en haber ganado las últimas elecciones generales, pero que en términos políticos, el sostén aún es débil.
