La TV Senado volvió a tener gran audiencia en Brasil. Creada para difundir los debates parlamentarios, esta pantalla se cubrió de furiosos altercados que, por las palabrotas y amenazas proferidas, se asemejan más a peleas callejeras que a actividades de un poder que decide los destinos de la nación.
La crisis parlamentaria, desatada por denuncias de corrupción e irregularidades que involucran a decenas de senadores, tiende a prolongarse ante la resistencia de José Sarney, que preside por tercera vez la cámara alta, en dejar ese cargo pese a ser el principal acusado en este nuevo escándalo.
Sarney, quien gobernó Brasil de 1985 a 1990 y hoy es uno de los apoyos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), es el principal imputado de variados tipos de corrupción y de tener la mayor responsabilidad en casi por lo menos 663 actos secretos del Senado para nombrar como funcionarios a familiares o amigos de legisladores y distribuir beneficios ilegales.
La oposición hizo 11 presentaciones por este asunto en el Consejo de Ética del Senado, cuyo presidente, Paulo Duque, aliado incondicional de Sarney, las rechazó todas sin siquiera escuchar a las partes ni investigar las acusaciones. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, jugó su popularidad para defender también a Sarney, impidiendo a senadores de su PT apoyar la renuncia o su inhabilitación.
Lula arguyó que la gobernabilidad exige mantener la alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del cual el presidente del Senado es su líder.
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Pero el escándalo, que se hizo habitual en el Senado, fortalece un movimiento por la extinción de esa casa cámara, abogada incluso por una facción del mismo PT, encabezada por el ministro de Justicia, Tarso Genro.
La renuncia de todos los actuales senadores es "el único medio de sanear la institución" y "garantizar el futuro", dijo el presidente de la Orden de Abogados de Brasil (colegio), Cezar Britto, en un comunicado divulgado el viernes.
El "estado de calamidad institucional" que vive el Senado, con la violación del decoro parlamentario "perpetrada por dirigentes de los principales partidos", pone en riesgo la democracia, sostuvo Britto.
Los múltiples delitos denunciados comprueban, según él, que son prácticas habituales en un Senado que perdió legitimidad también por la gran presencia de "suplentes sin votos".
El colegio de abogados propone como solución para ese y otros escándalos políticos, que se hicieron frecuentes en Brasil, la revocación de mandatos ("recall") por consulta pública cuando los electos traicionan la delegación de poderes. Sin ese mecanismo, "prosperan discursos oportunistas" como el que propone el fin del Senado, según Britto.
Pero la propuesta de un Poder Legislativo unicameral en Brasil es muy anterior y no producto de esa crisis. El mismo PT la defendió cuando se discutió el texto de la Constitución aprobada en 1988 y la defiende en una reforma política que hace mucho está en debate. Para eso sería necesaria una asamblea constituyente, ya que se trata de enmendar disposiciones de la carta magna.
Para muchos ya no se justifica un Senado que distorsiona la representatividad y demora los procesos legislativos. Pero su extinción sepultaría el federalismo que caracteriza el Estado brasileño, eliminando las autonomías estaduales y municipales, contraponen los defensores del Senado.
Es difícil una reforma que ponga fin a ese cuerpo legislativo, que concentra poderes como la de juzgar el presidente de Brasil y a ministros de Estado en asuntos de "crímenes de responsabilidad", aprobar o rechazar la conformación de la Suprema Corte de Justicia, embajadores y otros representantes del país en el exterior y operaciones financieras internacionales.
Pero la acumulación de escándalos viene debilitando el Senado, que aparece últimamente como un poder claramente suicida. Sus tres presidentes electos anteriormente tuvieron que renunciar para evitar la proscripción política, involucrados en escándalos que se prolongaron por meses, exactamente como ocurre ahora con Sarney.
Uno de los defensores más combativos del presidente del Senado es Renán Calheiros, quien renunció en 2007 después de que se comprobó que pagaba la pensión familiar a una periodista, con que tuvo una hija fuera del matrimonio, utilizando para ello dinero ofrecido por una empresa constructora.
Otro miembro de la "tropa de choque" de Sarney es Fernando Collor de Mello, el presidente de Brasil entre 1990 y 1992 que también renunció cuando el Senado se aprestaba a condenarlo por corrupción. Tras perder sus derechos políticos por ocho años, fue elegido senador en 2006.
Sarney es un ejemplo típico de la cuestionada representatividad del Senado. Es un dirigente que domina la política del nororiental estado de Maranhão, que lo gobernó entre 1966 y 1971, fue elegido senador por el amazónico estado de Amapá por tres veces desde 1990, pese a que no vive en ese distrito.
Las denuncias que se acumularon en su contra en los tres últimos meses comprenden desde el nombramiento de hijos, nietos y parejas de parientes variados, a la compra y venta de inmuebles en nombre de testaferros, uso indebido de recursos públicos y omisión de patrimonio en sus cuentas tributarias.
Controla los principales medios de comunicación en Maranhão, actualmente gobernado por su hija, Roseana Sarney, quien irónicamente asumió porque logró la destitución judicial de su predecesor, Jackson Lago, acusado de abuso de poder, una práctica de la cual la familia Sarney es un símbolo.
Los que proponen eliminar el Senado lo acusan de no ser representativo, al destinar los mismos tres escaños a cada uno de los 27 estados, tanto a Amapá, formalmente representado por Sarney, con sus escasos 600.000 habitantes, como a São Paulo, con 40 millones.
Además, cada senador es elegido con dos suplentes, designados por el candidato principal, independientemente de cualquier votación, en general parientes o amigos. De esa forma, un tercio de los 81 senadores actuales están en sus cargos sin haber recibido un solo voto.
El escándalo actual empezó en marzo, cuando Agaciel Maia, ex director general del Senado, fue despedido después de conocerse que cometió varias ilegalidades y que ocultó de la justicia la propiedad de una casa valuada en 2,5 millones de dólares.
Las investigaciones descubrieron los 663 actos secretos y la complicidad entre dirigentes administrativos del Senado y senadores en muchos delitos o irregularidades. Las denuncias y revelaciones se intensificaron conduciendo a la actual crisis, que para muchos solo terminará con la renuncia de Sarney.
También hay razones económicas. El Senado se convirtió en una institución demasiado costosa, con casi 10.000 funcionarios, un síntoma evidente del nepotismo y la admisión innecesaria y fraudulenta de amigos y ahijados políticos.
