En lo que definió como un «nuevo día de la independencia de Brasil», el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este lunes el marco jurídico para la explotación de los nuevos yacimientos de hidrocarburos bajo el océano Atlántico. La intención es mayor control estatal sobre esas riquezas.
Descubiertas hace dos años, las reservas ocupan un área submarina de casi 800 kilómetros cuadrados y a unos 7.000 metros de profundidad, en una región hasta ahora no explorada bajo capas de sal, que le da la denominación de presal, de hasta dos kilómetros de espesor, que se extiende desde cerca de las costas de los estados de Espíritu Santo hasta Santa Catarina, en el sudeste del país.
Un descubrimiento que, según destacó Lula, es necesario aprovechar para fortalecer aún más a Petrobras, una empresa brasileña con control estatal y acciones en las bolsas nacionales e internacionales.
«Este lunes 31 de agosto representa un nuevo día de la independencia para Brasil», dijo Lula en su programa radial «Café con el presidente».
«Estamos hablando de reservas muy grandes que ponen a Brasil entre los mayores productores de petróleo del mundo», agregó.
Lula indicó que el nuevo marco regulatorio para la exploración y explotación de los nuevos yacimientos, que debe ser aprobado aún por el Congreso legislativo, es importante para que el Estado brasileño pueda «ser dueño» del petróleo.
«El presal es una dádiva de Dios, una riqueza que bien explotada y administrada puede impulsar grandes transformaciones en el país, mejorando las condiciones de vida de nuestro pueblo», agregó Lula en el acto oficial de lanzamiento del proyecto de nueva ley.
La firma Petrobras estima que estas nuevas reservas pueden convertir a Brasil en uno de los mayores productores y exportadores mundiales de hidrocarburos, pasando a ser parte del selecto grupo de países que por el volumen de reservas integran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Irán, Iraq, Kuwait, Rusia y Venezuela.
El marco legal propuesto busca cambiar el modelo vigente de concesiones de petróleo y gas por otro de producción compartida, que convierta al Estado en propietario de las reservas presal y a las compañías privadas en prestadoras de servicios.
Según el nuevo modelo, el gobierno puede contratar tanto a Petrobras como a operadora de las áreas presal, así como hacer licitación para convocar a otras empresas.
Licitación que según la jefa de gabinete, Dilma Rousseff , será ganada por «quien garantice el mayor porcentaje de lucro para el Estado».
Pero en ese caso, Petrobras siempre tendrá garantizado por lo menos 30 por ciento de participación, un privilegio que Rousseff justificó por la necesidad de que el operador tenga acceso a información estratégica del yacimiento y controle el ritmo de producción y desarrollo tecnológico.
Decisiones tomadas, según Lula, bajo la premisa de que el petróleo y gas pertenecen a todo el pueblo, y para asegurar que «la mayor renta generada permanezca en manos brasileñas».
El modelo de producción compartida es visto por algunos analistas de mercado como un paso atrás del modelo de concesión al que llevó el proceso de flexibilización de la explotación petrolera estatal, iniciado en 1995 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
Uno de esos expertos es Rafael Schechtman, del Centro Brasileño de Infraestructura, quien entiende que la nueva legislación es «un completo retroceso». El nuevo modelo «volvió a darle el monopolio a Petrobras», dijo a IPS.
Según Schechtman, no hay garantías de que, así como ahora el gobierno puede garantizar a Petrobrás un mínimo de 30 por ciento de participación en las operaciones presal, en el futuro «no cambie la ley de nuevo y le otorgue un 100 por ciento para que la firma nacional vuelva a tener el control».
Como las nuevas leyes serán válidas también para otras áreas de explotación de similar potencial y características, «pueden aplicarlas en cualquier caso que se considere mínimamente lucrativo, es decir que cerró el mercado», opinó el especialista en energía.
Anticipándose a esas críticas, Lula definió esa época en que se estableció el régimen de concesión a privados como la de «adoradores del mercado», donde «la presencia del Estado estaba en baja».
Hoy, en cambio, la nueva estrategia de producción compartida se da en una época en la que el Estado vuelve a tener protagonismo, añadió. Sería un «gran error» mantener en el yacimiento presal un modelo de concesiones apropiado para bloques de riesgo», que permiten a las compañías privadas explotar petróleo y si lo encuentran comercializarlo.
Eran «dueños del petróleo arrancado de las entrañas de nuestra tierra», cuestionó.
En discusión desde hace dos años, la legislación en estudio encierra una polémica que no termina con su anuncio sino que se extenderá mientras dure el trámite legislativo de sus principales puntos.
Según estimaciones oficiales, los yacimientos encontrados en el presal en el océano Atlántico pueden albergar entre 50.000 millones a 80.000 millones barriles de petróleo, equivalentes a casi seis veces más todas las reservas comprobadas hoy en el país, que llegan a 14.000 millones de barriles. Sólo en el yacimiento de Tupí, donde Petrobras ya comenzó a extraer crudo, hay reservas calculadas entre 5.000 y 8.000 millones de barriles. Un tesoro demasiado tentador escondido en el fondo del mar, que despierta todo tipo de codicias.
Por un lado, el gobierno de Lula quiere asegurarse un mayor control y lucro con sus reservas, en lo que el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, define como un «tesoro que pertenece a todos los brasileños» y que ayudará al país a conquistar un «papel protagónico» en «la geopolítica mundial».
Para ello el gobierno dice que las ganancias de las nuevas reservas serán invertidas en tres ejes básicos: educación, ciencia y tecnología, y en proyectos de combate contra la pobreza, a través de la creación de un fondo social.
«No tenemos derecho a agarrar ese dinero y gastarlo en el presupuesto del gobierno», destacó el presidente, para quien los nuevos descubrimientos deben «aprovecharse» para generar riqueza con desarrollo y evitar, como en otras naciones productoras, el descalabro de otras industrias.
Por otra parte, los gobiernos de los estados de Río de Janeiro, São Paulo y Espíritu Santo, que concentran las mayores reservas presal, no quieren quedar fuera del negocio.
Por eso se oponen al proyecto de ley de Lula que crea un nuevo mecanismo de reparto de ganancias por el cual la mayor parte va para el fisco nacional y el resto es compartido con los estados que no son productores.
Los gobernadores Sergio Cabral, de Río de Janeiro, José Serra, de Sao Paulo, y Narciso Agúndez, de Espíritu Santo, que no participaron del acto oficial de Lula, quieren que se mantenga el actual sistema de distribución de royalties a los distritos productores. Pero, ante la polémica, este punto quedó pendiente para definición en el Congreso legislativo.
Cabral dijo que el gobierno nacional es una especie de Robin Hood que da a los más pobres el dinero de los más ricos, en su más suave acepción del término.
Otro de los puntos controversiales del proyecto es la creación de una nueva empresa estatal, que se llamaría Petrosal, para administrar los nuevos recursos y contratos de producción y comercialización de petróleo y gas.
Petrobrás va a invertir 174.000 millones de dólares hasta 2011 para la exploración de petróleo presal, motivo por el cual, es importante crear medidas de salvaguardia para que las riquezas «funcionen como una inédita revolución industrial en la historia económica» de Brasil, puntualizó Lula.
Tal volumen de inversiones, todavía no especificado para las reservas presal, se debe a que los nuevos yacimientos están ubicados en un área de exploración y explotación de difícil acceso y que requiere por tanto mayores costos y nuevos desafíos tecnológicos.
Lula reiteró que Brasil no quiere ser un «mero exportador de petróleo bruto» sino de valor agregado, como el de refinados, creando una poderosa industria petroquímica.
