El ex ministro del Interior de Perú, Agustín Mantilla, que se desempeñó durante el primer gobierno del presidente Alan García (1990-1995), seguirá bajo juicio por violaciones de derechos humanos, dictaminó el juez Segismundo León, al desestimar un argumento de prescripción.
El abogado Mario Cavagnaro interpuso un recurso de prescripción de la acción penal con el propósito de que se extinguiera el proceso contra su cliente, Montilla, ex dirigente del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP).
El argumento sostiene que los delitos de los que está imputado son comunes y en consecuencia han prescrito.
Pero el juez León respondió en su dictamen que las acusaciones a las que debe responder el ex ministro son sobre crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
La justicia acusa a Mantilla, ex secretario de Organización del PAP y ex secretario personal de García, de haber aprovechado su condición de ministro para organizar un grupo parapolicial integrado por militantes apristas de su guardia personal y efectivos de la policía especializados en lucha contraterrorista.
[related_articles]
El grupo fue bautizado Comando Rodrigo Franco (CRF), nombre de un dirigente aprista asesinado por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso el 29 de agosto de 1987.
Su primera acción fue la ejecución el 28 de julio de 1988 del abogado Manuel Febres Flores, defensor del guerrillero Osmán Morote, uno de los fundadores y líderes de Sendero.
Poco después, el 12 de agosto del mismo año, el CRF secuestró, torturó y asesinó a Luis Pasache Vidal y Sócrates Porta Solano, miembros del insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que negociaban el rescate de un militar al que habían secuestrado.
El 13 de febrero de 1989, el secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú, Saúl Cantoral, que conducía una huelga contra el gobierno, fue secuestrado junto con su pareja, la activista Trinidad García, defensora de las esposas de los mineros. Los cuerpos de ambos se encontraron en una zona deshabitada con balazos en las cabezas.
De acuerdo con la justicia, apoyada en testimonios de ex integrantes del CRF y en investigaciones del Congreso legislativo, de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación y de la fiscalía especializada en casos de desaparición forzada, Mantilla concibió la formación del comando para responder a las acciones violentas y asesinatos de Sendero y del MRTA contra funcionarios y miembros del aprismo.
"La línea de defensa de Mantilla y de sus cómplices es que no existió el Comando Rodrigo Franco. Aseguran que las personas que los acusan tienen problemas mentales y han solicitado la intervención de psiquiatras", dijo a IPS el abogado de las víctimas del CRF, Juan José Quispe, de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos.
"El pedido de prescripción es una maniobra de dilación para entorpecer el proceso. Al rechazar el juez León la pretensión de la defensa del ex ministro, queda establecido que este juicio es por crímenes de lesa humanidad", que "según la normatividad vigente y las convenciones internacionales, son delitos imprescriptibles", agregó Quispe.
No sólo Mantilla niega la existencia del CRF. El PAP ha sostenido lo mismo en forma oficial. Cuando una comisión parlamentaria investigadora emitió un informe en 2005 responsabilizando al ex ministro, los diputados apristas se negaron a suscribir el documento, alegando que no se había probado que el comando hubiera operado en el primer gobierno de García.
El abogado Cavagnaro, ex funcionario del aparato judicial de Alberto Fujimori (1990-2000), defendió la prescripción pues "ya se agotó el periodo de tiempo que tenía el Estado para sancionar a mi defendido de los presuntos delitos que falsamente se le atribuyen, porque han transcurrido más de 20 años de los hechos".
Cavagnaro anunció que apelará la decisión del juez León.
"Las autoridades manifiestan que los delitos son de lesa humanidad, pero no es así porque en la época en que se produjeron los hechos dicha tipificación no estaba legislada en el Perú y no puede tener efectos retroactivos", dijo Cavagnaro a IPS.
"Sólo en 1997 se incorporan en el Código Penal los delitos de lesa humanidad, y ninguno corresponde a los que atribuyen a mi defendido", agregó.
El magistrado León reconoció en su fallo que, en efecto, los crímenes de lesa humanidad imputados a Mantilla no estaban tipificados cuando se cometieron los asesinatos y secuestros.
Pero procede hacer una excepción en el caso del ministro, porque se le atribuyen "violaciones a las normas más esenciales del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo porque son violaciones que son el resultado de una práctica sistemática o generalizada, realizada por agentes estatales o no estatales, materializadas en conductas que significan actos contra la vida, la dignidad humana, la libertad personal, a los cuales se les denomina crímenes de lesa humanidad", afirma el dictamen judicial al que tuvo acceso IPS.
El juez citó además jurisprudencia peruana de procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la tipificación en el Código Penal, por ejemplo los juicios a los militares del Servicio de Inteligencia del Ejército que pertenecieron al "Grupo Colina", responsable de los asesinatos de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
Otros casos citados fueron los procesos a los efectivos del ejército que masacraron a 69 pobladores de la comunidad andina de Accomarca, en agosto de 1985, y a 25 campesinos de Cayara, en mayo de 1988.
"Mientras Mantilla y otros 13 procesados alegan que el CRF no existió, durante las diligencias judiciales los testigos secretos han ratificado ante el juez quiénes integraban el comando paramilitar, cómo operaban y en qué circunstancia cometieron los crímenes", destacó el abogado Quispe.
"Por esta razón Mantilla se encuentra en condición de reo, no puede salir del país y cada 30 días debe firmar un cuaderno de control de asistencia", abundó.
El ex integrante del CRF, Miguel Exebio Reyes, único testigo que abiertamente acusó a Mantilla, relató que en las audiencias judiciales el ex ministro intentó desacreditarlo.
"Mantilla ha dicho ante el juez que no me crean una palabra porque soy un demente y ha pedido que me sometan a pruebas psiquiátricas, en un acto desesperado por negar su responsabilidad como jefe del CRF", dijo Reyes a IPS.
En 2002, un tribunal condenó a Mantilla a seis años de prisión por haber aceptado un soborno de 50.000 dólares del asesor presidencial de Fujimori, Vladimiro Montesinos, durante la campaña electoral de 2000. Luego de cuatro años y medio de reclusión obtuvo un beneficio de libertad vigilada.
Aunque fue expulsado del PAP, mantiene influencia en esa organización política que gobierna Perú.
