Cuando pasó un lustro del incendio que arrasó con el supermercado Ycuá Bolaños y la vida de 400 personas, la justicia paraguaya confirmó finalmente la prisión para los cuatro principales acusados, aunque aún falta resolver las indemnizaciones para las familias de las víctimas y sobrevivientes.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme las penas de 12 años de cárcel para el propietario del lugar, Juan Pío Paiva, de 10 años para su hijo, Víctor Daniel Paiva, de cinco años para el guardia de seguridad Daniel Areco y de dos años y medio para Humberto Casaccia, directivo de la firma.
La pena máxima para este tipo de delitos establecida en la legislación paraguaya es de 25 años de penitenciaría, por lo cual las condenas fueron consideradas muy benévolas por centenares de familiares de las víctimas fatales y por afectados en la mayor tragedia civil de la historia de Paraguay.
De este modo pasó sin cambios por la máxima autoridad judicial el fallo dictado en primera instancia por el Tribunal de Sentencia que, en febrero de 2008, condenó a los acusados por homicidio doloso y por el delito de exposición de personas a lugares peligrosos.
El incendio en el supermercado Ycuá Bolaños, de Asunción, comenzó a las 11:25 hora local del domingo 1 de agosto de 2004, cuando el recinto se encontraba abarrotado por más de 800 personas. La causa fue la explosión en el sistema de gas de la cocina, que luego se propagó hacia el patio de comidas y arrasó con las dos plantas del edificio, incluyendo el estacionamiento.
[related_articles]
Declaraciones testimoniales de sobrevivientes aseguraron que los dueños del centro comercial cerraron las puertas del recinto cuando se desató el incendio, con el pretexto de evitar robos, obstruyendo así la salida de las personas y su consecuente salvación.
"Con la sentencia favorable, de comienzos de este mes, se podría comenzar a creer que la justicia puede cambiar", dijo a IPS Carmen Rivarola, dirigente de la Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños.
Para Rivarola, el sistema judicial fue ineficiente en la atención del caso y "la sentencia se dio por la lucha de resistencia emprendida por las víctimas", quienes exigieron a la máxima instancia judicial que se expida sobre el caso y se evitara así la extinción de la causa.
Durante el proceso hubo 79 jueces inhibidos y cuatro ministros de la Corte recusados. El incendio de Ycuá Bolaños dejó 401 personas muertas. En el incendio propiamente fallecieron 327 de ellas, pero es cifra trágica fue creciendo con el paso del tiempo a raíz de las profundas secuelas que dejó el siniestro en muchos de los que resultaron heridos.
El número de sobrevivientes con lesiones varias ascendió a 361, de los cuales 22 presentan afecciones graves, como mutilaciones, desfiguración de rostro u otras partes del cuerpo, así como la reducción de sus capacidades físicas y psíquicas. Igualmente se tiene el registro de siete personas consideradas desaparecidas y de 206 huérfanos como consecuencia del fatídico suceso.
Estudios de la coordinadora de víctimas refieren que 5.000 familias fueron directamente afectadas y 69.000 personas de manera indirecta. Paraguay tiene 6,1 millones de habitantes.
Tras la sentencia firme y ejecutoriada, ahora comienza un nuevo recorrido hacia la reparación del daño. De ahora en más, se llevarán a cabo las justipreciaciones o valoración del patrimonio de los condenados en relación con la cantidad de víctimas.
"Con el volumen de víctimas y de los costosos tratamientos, será realmente imposible hablar de una justa indemnización sin la participación activa del Estado", dijo a IPS Ricardo Lataza, abogado querellante de 137 víctimas.
Sostuvo que en este caso hay responsabilidad compartida en lo que atañe a la indemnización por parte de los propietarios, del constructor y también del Estado, a través de la administración del municipio capitalino.
En los procesos de investigación que se abrieron sobre las posibles causas y sus responsables, en 2004, la Fiscalía General del Estado ordenó que el caso fuera dividido en cuatro investigaciones.
Así, una causa contra los dueños, accionistas y agentes de seguridad, otra contra el constructor de la obra, la tercera hacia las autoridades o alcaldes de Asunción, y la cuarta dirigida a los funcionarios del municipio.
El proceso contra las autoridades fue sobreseído en febrero de 2006.
"A partir de entonces, un litigio que comportaba dirimir trascendentales responsabilidades del sector público fue definitivamente privatizado y se dirigió apenas a la penalización de los responsables particulares", explicó Ade Galeano, de la Asociación Pojoaju, en el último informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Galeano resalta que "esto no es una cuestión menor en una sociedad en que por lo general el Estado se encuentra ausente y sectores fundamentales de la economía se presentan carentes de control, generando tragedias".
El caso Ycuá Bolaños quedó divido en tres partes: los propietarios y el guardia de seguridad; el constructor y los empleados del municipio capitalino. Estas dos últimas causas están pendientes en etapa de apelación.
Actualmente existe un número variable de la cantidad de personas que deberán ser indemnizadas. Dentro de la causa penal se hallan 320 presentaciones, cifra que aumenta a más de 400 cuando se habla de demandas hechas en el fuero civil.
"No tenemos idea de cuántas personas tendrán que ser indemnizadas, ni cuánto se cobraría. Se trata de un proceso engorroso y muy complicado", indicó Rivarola.
El edificio del siniestrado supermercado, ubicado en un barrio populoso de Asunción, sigue tal cual quedó tras el incendio. Era una de las sucursales de la red de supermercados de la sociedad Ycuá Bolaños y aún no se sabe cuál será el destino del inmueble.
Según Lataza, el proceso de indemnización cubrirá todo lo que es el patrimonio de las personas condenadas como así también de la sociedad Ycuá Bolaños.
Actualmente, 18.000 millones de guaraníes (unos 3,5 millones de dólares) se hallan disponibles en el Banco Nacional de Fomento para resarcir el daño moral a las víctimas. Corresponden a fondos pertenecientes al embargo preventivo que se dictó durante la tramitación del juicio.
Pero para el abogado querellante, "ningún dinero será suficiente, puesto que cada caso tiene un gasto específico".
A pesar del futuro incierto que se plantea en lo que respecta a la reparación de daños, la organización de víctimas no cesa en su lucha.
"Nosotros hemos logrado dar un cambio; ahora la justicia paraguaya tendrá que mirar al pueblo de otra manera y entender que no solamente cierto sector merece justicia, sino que todo aquel ciudadano de este país que ha sido violentado en su derecho", concluyó Rivarola y reiteró el slogan que acuñan: "nunca más otro Ycuá Bolaños".
