El gobierno de Kenia no ha cumplido con su compromiso de conformar tribunales independientes e internacionales para juzgar a los responsables de la violencia post-electoral de 2007, señaló la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
El gabinete de Kenia informó el 30 de julio que no crearía en el corto plazo, como se había anunciado previamente, un tribunal especial para juzgar a los individuos responsables de la violencia étnica desatada tras las disputadas elecciones presidenciales de diciembre de 2007. Esos enfrentamientos dejaron más de 1.000 muertos y causaron el desplazamiento de otros 350.000.
"Sin una adecuada cura y reconciliación, Kenia no podrá afrontar los acontecimientos de la última violencia post-electoral", justificó en una declaración el gabinete keniana, que también prometió reformas judiciales antes de iniciar proceso.
Las elecciones presidenciales de 2007 enfrentaron al presidente Mwai Kibaki, del grupo étnico kikuyu, contra el opositor Raila Odinga, de la tribu luo. Los kikuyu constituyen 22 por ciento de la población total del país, y los luo 13 por ciento.
Aunque los resultados preliminares apuntaban a una victoria de Odinga, Kibaki se declaró ganador por 200.000 votos, cerca de dos por ciento de los casi 10 millones de sufragios emitidos.
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Cuando tanto Odeinga como los observadores independientes de la Unión Europea (UE) denunciaron un fraude, estalló la violencia entre muchas de las tribus del país, particularmente entre las kikuyu y luo.
En respuesta al conflicto, el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, presidió un panel de líderes africanos que auspiciaron un acuerdo entre el gobierno y la oposición de Kenia para compartir el poder, según el cual Odinga se convertía en primer ministro y Kibaki en presidente.
El panel también creó la Comisión Waki sobre Violencia Post-electoral para investigar los incidentes, y ésta recomendó establecer un tribunal especial independiente con participación internacional para llevar a los justicia a los responsables de las muertes.
La Comisión también recomendó que, si el gobierno de Kenia no lograba establecer un tribunal, la Corte Penal Internacional en La Haya debería realizar las audiencias.
El mes pasado, la presión internacional aumentó para que el gobierno de Kenia tomara acciones por lo ocurrido en 2007. La UE emitió un comunicado presionando a Nairobi para que creara el tribunal, así como para que realizara reformas electorales de manera de impedir nuevos incidentes.
"La pronta implementación de las reformas acordadas son de importancia clave para la reconciliación, para la construcción de la nación, el desarrollo y la prevención de nuevos conflictos en Kenia", señaló el bloque.
Aunque una mayoría de kenianos apoyan la idea de que la audiencia se haga en la CPI, tanto el presidente Kibaki como el primer ministro Odinga quieren que la tarea la hagan tribunales locales.
Defensores de los derechos humanos están frustrados por la respuesta del gobierno.
"Llevar justicia a esas víctimas era la prueba más urgente a la voluntad de la coalición de gobierno para resolver la crisis", dijo Georgette Gagnon, director para África de HRW. "El gabinete simplemente fracasó rotundamente en esa prueba", añadió.
Briggs Boma es director de campañas en Africa Action, organización con sede en Washington que promueve un cambio en la política de Estados Unidos hacia los países africanos. Dijo a IPS que la actitud del gobierno keniano no era una sorpresa.
"No veo sorprendente que Kenia ahora esté hablando de no crear el tribunal especial. No creíamos que hubiera una intención o un compromiso en primer lugar para realmente ir al fondo de la violencia post-electoral que se presenció", dijo Bomba.
El activista también señaló que el sistema judicial interno keniano no será capaz de manejar este caso.
"Creo que es un caso en el que hay evidencia de que el proceso de la justicia local ha fracasado", dijo.
HRW pidió a una dura respuesta de Estados Unidos y del resto de la comunidad internacional. Washington y "otros socios internacionales en Kenia deben insistir inequívocamente en que, hasta que se establezca un mecanismo judicial, no podrá normalizarse la situación", dijo Gagnon.
Kenia es la primera escala de la próxima gira de la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Clinton, por siete naciones de África, que comenzará esta semana. HRW instó a la funcionaria en una carta abierta a adoptar una fuerte postura sobre el tema.
La misiva le pide a Clinton que "inste a Kenia a que regrese a los principios de las recomendaciones de la Comisión Waki" y a "públicamente señalar que Estados Unidos podría considerar la imposición de sanciones, incluso prohibiciones de viaje, contra los más responsables de las graves violaciones a los derechos humanos".
Sin embargo, Bomba cree que es poco probable una fuerte respuesta de Washington. "Estados Unidos juega de forma muy cuidadosa. Creo que no quieren aumentar las tensiones en el país".
