«¿Acaso yo tenía una pluma en la cabeza y he aniquilado a los policías?», respondió Mercedes Cabanillas cuando los periodistas le preguntaron si como ministra del Interior de Perú asumía responsabilidad en la operación que culminó con 24 efectivos y nueve indígenas muertos en la localidad selvática de Bagua.
Con esa lógica, 13 días después, ascendió de grado, a modo de premio, a 11 oficiales que participaron a comienzos de junio en el desalojo de los indígenas que mantenían bajo control un tramo de ruta conocido como "La curva del Diablo" y la Estación de Bombeo de Petróleo número 6 en la provincia de Bagua, parte del norteño departamento de Amazonas.
Cuando la prensa hizo pública la distinción, la hoy ex ministra dejó en suspenso los ascensos hasta que Inspectoría de la policía se pronunciara si los oficiales en cuestión estaban implicados en esa matanza.
Luego vino la divulgación del informe de la Inspectoría señalando la actuación negligente y punible de los generales Javier Uribe, quien era jefe territorial de la policía en cuya jurisdicción se encuentra Bagua, y Elías Muguruza, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), quienes actuaron bajo el mandato de Cabanillas. Y tuvo el efecto de una bomba.
Tanto que el líder de la bancada del Partido Nacionalista, Daniel Abugattás, anunció que su agrupación evalúa denunciar constitucionalmente a Cabanillas por su participación decisiva en el llamado "Baguazo".
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Es que en el informe aparecen testimonios de que la ex funcionaria del gobierno de Alan García habría tenido participación decisiva en la nefasta operación policial. Ella fue quien relevó a Uribe y envió desde Lima a Muguruza con orden de desalojar a los indígenas en protesta.
Los hechos trágicos se desataron a partir de que un contingente de 500 policías avanzó sobre la Curva del Diablo y se registraron las primeras muertes de ambos lados. Los indígenas que estaban en la estación de bombeo despojaron de sus armas al grupo de policías que resguardaba el lugar y luego los asesinaron en venganza por la muerte de sus hermanos en la carretera.
El saldo de muertes puede ser superior al informado oficialmente, según dirigentes indígenas, además de que resultaron heridas un centenar de personas y 80 fueron detenidas en el marco de los enfrentamientos entre fuerzas estatales y nativos amazónicos que reclamaban la derogación de normas contrarias a sus derechos constitucionales.
Las agrupaciones aborígenes de la Amazonia denunciaron que la fuerza pública había escondido cuerpos de varios de los caídos en la represión.
El 8 de junio, en su presentación ante el Congreso legislativo para explicar por qué no se pudo evitar la masacre en Bagua, Cabanillas afirmó que la policía actuó con completa autonomía y en consecuencia el resultado de la operación era responsabilidad del comando.
Sin embargo, en declaraciones hechas ante el Tribunal Disciplinario Nacional de la policía por parte de los generales Uribe y Muguruza, estos afirmaron que Cabanillas intervino en el proceso de toma de decisiones.
"Específicamente, yo era el jefe de la Dirección Territorial Policial de Tarapoto (que comprende a Bagua), pero luego vino una orden de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para que el general Elías Muguruza asuma la responsabilidad del operativo", dijo Uribe según las actas del Tribunal Disciplinario a las que tuvo acceso IPS.
A su turno, Muguruza explicó al tribunal: "Sí, estuve a cargo de la operación". "La acción de desbloqueo era netamente policial. En ese entonces la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, tenía conocimiento de que se iba a realizar el operativo, pero no sabía la fecha, ni hora de la acción policial", añadió.
Los dos oficiales son procesados hoy por el Tribunal Disciplinario Nacional debido a que la Inspectoría de la policía, después de investigar los hechos por más de dos meses, estableció que cometieron gravísimas faltas al no adoptar las medidas necesarias para evitar la muerte de los policías y de los civiles en Bagua, según un informe al que también tuvo acceso IPS.
La Inspectoría precisa que incluso pasaron por alto un informe de inteligencia que alertaba que los indígenas eran numerosos y que estos reaccionaban violentamente si eran atacados.
A pesar de las advertencias, Muguruza decidió atacar a los manifestantes al promediar las cinco de la mañana del cinco de junio.
Después que el gobierno de García y el parlamento se negaron a derogar un conjunto de leyes aprobadas sin consultar a las poblaciones indígenas, que, según éstas, amenazaban la propiedad de las tierras y recursos naturales en la Amazonía, el alto comando de la Policía Nacional recibió la orden del Poder Ejecutivo de desalojar de la zona.
Pero la ex ministra Cabanillas ha dicho públicamente que el alto mando de la policía actuó conforme a su criterio profesional y que ella no ordenó matar a nadie.
En su presentación ante el Congreso para ofrecer explicaciones sobre lo sucedido, arguyó que los responsables del enfrentamiento en Bagua eran los indígenas y no la policía, destacando que habían muerto más miembros de las fuerzas de seguridad que manifestantes.
Por su parte, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, dijo que solicitará el informe de la Inspectoría para evaluar las responsabilidades y que, en caso de encontrar evidencias contra un funcionario con derecho a antejuicio, "créanme que no tendré reparo alguno en hacerlo".
La Inspectoría recogió la versión de los policías que sobrevivieron en la estación petrolera, quienes dijeron que su jefe, el comandante Miguel Montenegro, coordinó con Muguruza para que le avisara con anticipación si es que el gobierno ordenaba el desalojo de la carretera y del establecimiento petrolífero.
Muguruza no lo hizo. Montenegro terminaría siendo uno de los ejecutados por los indígenas, ante quienes se había comprometido que no serían reprimidos.
Por estos hechos, la Inspectoría recomendó al Tribunal Nacional Disciplinario de la policía que dé de baja a Muguruza y Uribe.
En su descargo ante el tribunal, Muguruza dijo que cumplió escrupulosamente lo estipulado en el Plan de Operaciones de Desalojo y que mantuvo contacto permanente con los contingentes policiales.
Pero el jefe de uno de esos grupos, el comandante Juan del Carpio, afirmó que ese general no respondió a sus llamados para que enviara refuerzos después de constatar que los indígenas sobrepasaban en número a los policías. Los manifestantes arrebataron a los efectivos sus fusiles AK-47 y los asesinaron. Del Carpio se salvó, pero perdió a 11 hombres.
Ahora se sabe, por boca de Uribe y Muguruza que Cabanillas sabía de las características de la operación de desalojo y que incluso envió de Lima a Bagua al segundo para ejecutar el plan policial con el desgraciado resultado de 33 fallecidos.
