Un contingente policial violó la autonomía de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) al repeler una manifestación estudiantil. Fueron golpeados varios jóvenes, periodistas y funcionarios, inclusive la rectora Julieta Castellanos.
La rectora, junto a otras autoridades universitarias, se aprestaba a dialogar con los uniformados para que desalojaran las instalaciones de la casa de estudios cuando fue derribada por uno de los policías.
También resultaron agredidos Ramón Romero y Olvín Rodríguez, miembros de una junta de dirección que promueve un proceso de reformas en la universidad.
Estudiantes, trabajadores y docentes afines al depuesto presidente Manuel Zelaya efectuaron este miércoles una toma de las instalaciones de la UNAH por espacio de cinco horas, con el fin de anunciar la creación de un frente universitario para luchar por el retorno del mandatario constitucional a su cargo, del que fue expulsado el 28 de junio.
La ocupación, que obstaculizaba el ingreso a la universidad y el tránsito en las calles adyacentes, fue reprimida fuertemente por la policía.
[related_articles]
Quemas de llantas, bombas lacrimógenas y golpes fueron parte de las escenas protagonizadas fuera y dentro de la sede de la UNAH.
La rectora Castellanos condenó la acción policial violatoria de la autonomía universitaria establecida en la Constitución y que prohíbe el ingreso de militares y policías a esa casa de altos estudios.
"Estos actos son repudiables y vamos a demandar a la autoridad, ellos no podían entrar y nosotros no estamos dispuestos a permitir que se atropelle a los jóvenes", dijo Castellanos a IPS.
La rectora se encontraba en una reunión para analizar el presupuesto universitario cuando recibió una llamada alertándole del ingreso de los uniformados.
"Decidí llamar al comisario (César Augusto) Somoza para pedirle que sacara a los policías y que se retiraran de la universidad, porque en este ambiente tan sensible que vive el país, la violencia solo genera más violencia", relató.
"Somoza me dijo que no sabía quién dirigía esa operación y que iba intentar llamar para que desalojaran, pero ya los policías estaban tirando bombas lacrimógenas dentro de la institución y cuando me aprestaba a dialogar, uno de ellos me empujó y caí al suelo. Un compañero me levantó, pero este abuso no se puede ni se debe permitir", agregó.
Olvín Rodríguez manifestó que ni en los años 80, cuando se cometieron la mayor cantidad de actos represivos y violaciones de derechos humanos en este país centroamericano, "la autoridad uniformada se atrevió a violar la autonomía y atropellar a una autoridad como es la rectora".
El desalojo se fue de las manos de las autoridades universitarias y policiales, ya que los estudiantes ejecutaron actos violentos dentro de la UNAH, saqueando locales de alimentación, sobre todo los que pertenecen a cadenas internacionales de comida rápida.
De la refriega tampoco escaparon los periodistas, que recibieron golpes de uno y otro bando. Un reportero gráfico fue fracturado y su cámara destruida por la policía.
Mientras, miembros del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado iniciaron este miércoles una caminata pacifica de seis días desde diferentes puntos del país que culminará en concentraciones públicas en las ciudades de San Pedro Sula, en la costa norte, y en Tegucigalpa, la capital.
Juan Barahona, uno de los coordinadores del Frente, dijo a IPS que la movilización será pacífica y no busca confrontar a la autoridad. "Lo que buscamos es hacer un acto público y masivo de repudio a los golpistas hasta que el presidente Zelaya retorne al poder".
Zelaya fue secuestrado de su casa en la madrugada del 28 de junio por militares que lo llevaron a un avión con rumbo a Costa Rica. Desde entonces permanece fuera del país, y pese a negociaciones y a la unánime condena de la comunidad internacional al golpe de Estado, no ha conseguido ser restituido en el cargo.
El mismo día 28 el Congreso legislativo y el Poder Judicial avalaron la acción militar, alegando que el mandatario había incurrido en flagrantes violaciones a la Constitución.
La polarización que vive el país a raíz del golpe pasó de expresarse en protestas pacíficas a acciones más violentas, tanto de quienes defienden el regreso al orden democrático como de la autoridad policial y militar que trabaja conjuntamente en la represión. El régimen ha apelado ampliamente al toque de queda, cuya vigencia suspende garantías fundamentales.
El martes, manifestantes favorables a Zelaya causaron varios destrozos sobre todo contra sedes de medios de comunicación acusados de complicidad con el golpe de Estado, y distribuyeron una lista con nombres de periodistas y medios de prensa "enemigos de la democracia".
A su vez, mensajes anónimos atribuidos a un desconocido Frente Democrático Nacional acusan a dirigentes sociales que integran la resistencia al golpe de vínculos con el narcotráfico y la corrupción.
"Estos son los enemigos de la patria, conócelos y denúncialos", decía uno de los volantes que mostraba los rostros de dirigentes populares.
Estas acciones han puesto en entredicho la afirmación de las autoridades de que la estabilidad política "estaba controlada".
También se registraron las primeras acciones contra medios de comunicación críticos al golpe de Estado, como la radioemisora Globo, que transmite desde la capital. Un abogado militar interpuso un pedido ante la autoridad que administra el espectro radioeléctrico para que suspenda la concesión de la frecuencia que explota ese medio, alegando que invocó a la sedición.
Alejandro Villatoro, propietario de la emisora, se manifestó sorprendido. El caso está bajo investigación de la fiscalía y ha recibido condenas de ciudadanos y de organizaciones nacionales defensoras de la libertad de expresión.
