Con los caminos de retorno a la normalidad democrática prácticamente cerrados en Honduras al cumplirse este viernes dos meses de perpetrado el golpe de Estado, se amenaza desde Washington con «medidas más severas» en un intento por ablandar al régimen de Roberto Micheletti.
Luego de la visita esta semana de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) liderados por su secretario general, Miguel Insulza, y el frustrado intento de encontrar salidas a la crisis, los empresarios y dirigentes políticos y sociales afines a Micheletti no tuvieron dudas de que se venían sanciones para Honduras desde Estados Unidos.
Las posibles fórmulas de solución chocaron contra negativa del régimen de aceptar un retorno a su cargo del presidente derrocado, Manuel Zelaya, aunque sea de modo condicionado. Consideran, según dijeron sus portavoces, que no es una "persona confiable".
El endurecimiento de posturas del régimen que encontró la misión de la OEA tiene su contraparte en la posición firme de los que luchan por el regreso de Zelaya a la presidencia de Honduras. Entre sus planes está continuar con las manifestaciones callejeras y boicotear el proceso para las elecciones previstas originalmente para el 29 de noviembre.
La campaña política para renovar el gobierno nacional, parlamento y autoridades locales se debe comenzar el 31 de este mes, según el cronograma legal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), responsable de dirigir el proceso.
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Al fantasma de un boicot ya se la había sumado las advertencias de varios gobiernos latinoamericanos y de otras regiones de no reconocer sus resultados. Ahora, además, llegan las cada vez más crecientes presiones de Washington, uno de cuyos portadores advirtió el jueves que podrían darse nuevas medidas contra Honduras, sin entrar en detalles.
Trascendió periodísticamente que el gobierno de Estados Unidos se prepara para declarar formalmente que Zelaya fue depuesto el 28 de junio por un "golpe de estado militar", lo cual implica legalmente la suspensión automática e inmediata de la ayuda económica en diversos ámbitos y de decena de millones de dólares.
Hasta ahora el gobierno estadounidense de Barack Obama sólo ha suspendido una ayuda militar de 18 millones de dólares, así como la emisión de nuevas visas para los hondureños que quieran viajar hacia esa nación norteamericana.
Guillermo Matamoros, integrante de la asociación de maquilas (zonas francas de procesamiento de exportaciones) de Honduras, dijo a IPS que, si Washington hace efectiva esta declaración de "golpe de estado militar", la situación económica del país se complicaría y "habrá que prepararse para escenarios nada favorables".
Por su parte, Adolfo Facussé, líder de los industriales hondureños, fue tajante al señalar que "estos escenarios fueron discutidos con los cancilleres de la OEA y les dijimos que preferíamos aguantar el embargo, comer un tiempo salteado (un día sí y otro no) antes que presionar para que se acepte un retorno del ex presidente Zelaya en quien nadie confía ya en Honduras".
"El ex presidente Zelaya le puede decir que sí a todo lo que diga la comunidad internacional, pero ellos no lo conocen, nosotros en cambio sabemos que él no es capaz de respetar ningún pacto ni acuerdo", dijo Facussé a IPS.
La visita de cancilleres de la OEA tenía como objetivo reavivar la propuesta del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que entre sus 11 puntos demanda un retorno condicionado de Zelaya a la presidencia, así como una amnistía, la instalación de una comisión de la verdad, otra de verificación y seguimiento de los acuerdos, además de una renuncia tácita a cualquier intento de reformar la Constitución, última que fue la causante de su abrupta destitución.
No obstante, la misión no encontró eco ante la negativa del gobierno ilegítimo que no acepta el retorno condicionado ni mucho menos la amnistía por considerar que ello vulnera "la legislación interna y la Constitución".
A su regreso a Washington, el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, declaró que el diálogo aún no estaba roto, y esta semana la misión negociadora designada por Micheletti partió a Estados Unidos para continuar los cabildeos a favor de una salida.
Esta vez, llevan la opción de conformar una junta de conciliación que surja de la mediación en donde ni Micheletti ni Zelaya figuren en el gobierno. IPS supo que esa propuesta goza de la simpatía de varios países en la OEA, que anunció que Zelaya llegará a esa sede en Washington la próxima semana.
Víctor Meza, ministro del interior del gobierno depuesto de Zelaya, dijo a IPS que este es uno de los últimos esfuerzos de la OEA por encontrar una salida negociada al conflicto, y "esperemos a que ello encuentre eco entre los golpistas".
Para Meza, dos meses después del golpe de Estado, la impaciencia comienza a hacer mella entre los simpatizantes de Zelaya, pero "la gente no debe claudicar, debe seguir marchando en las calles como hasta ahora, sorprendiendo así a los propios golpistas y a muchos de nosotros, acostumbrados a que en Honduras las protestas no pasaban de tres días o una semana".
Para el ministro de la administración destituida, el retorno del presidente Zelaya es "vital" para restaurar el orden democrático, caso contrario, "la paciencia tiene sus límites y pueden surgir otros métodos nada democráticos que puedan generar en una violencia política".
No obstante, el analista político Matías Funes ve difícil un retorno de Zelaya. "La nación está demasiado polarizada y su regreso no es garantía de estabilidad, al contrario, las cosas se pueden agudizar; yo creo que hay que apostar a las elecciones y negociar mayores aperturas de cambio en la clase política en esta coyuntura que difícilmente se puede volver a presentar", indicó.
En estos dos meses alejado por la fuerza del gobierno, Zelaya realizó un intenso cabildeo internacional para denunciar el golpe de Estado y el régimen que le siguió. A su vez, el llamado Frente Nacional de Resistencia no ha dejado las calles hondureñas ni un solo día, al tiempo que genera formas creativas de resistencia como veladas culturales, caravanas de autos y plantones pacíficos en las principales instituciones de contralor del país.
En sus protestas, no sólo han mostrado su desafección hacia las tradicionales elites políticas del país sino también la necesidad de una democracia más participativa. En estas movilizaciones han muerto al menos cuatro manifestantes a manos de fuerzas represivas y muchos otros han sido apaleados en los desalojos perpetrados por operativos combinados de la policía civil y el ejército.
