La presencia militar en la represión de manifestaciones contra el golpe de Estado en Honduras está reñida con las normas internacionales, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al término de su visita de cinco días a este país.
Al presentar su informe preliminar, la misión de alto nivel de la CIDH indicó que recibió cientos de denuncias y varios testimonios sobre violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe cívico militar contra el presidente Manuel Zelaya, secuestrado en su residencia en la madrugada del 28 de junio por soldados que lo llevaron en pijama a un avión con rumbo a Costa Rica.
"Si bien en situaciones excepcionales las Fuerzas Armadas pueden ser llamadas a participar en el control de las manifestaciones, este ejercicio debe limitarse al máximo debido a que éstas carecen del entrenamiento necesario para el control de disturbios internos", señala la CIDH en su informe preliminar de 15 páginas.
El régimen de facto alegó que un mandato constitucional autoriza a militares y policías a actuar conjuntamente para "controlar disturbios".
"Sin embargo, como lo han dicho la Comisión y la Corte Interamericana, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades", señaló la CIDH.
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El chileno Felipe González, segundo vicepresidente de la CIDH y relator para Honduras, dijo que "el entrenamiento que reciben (los militares) está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, que es propio de los entes policiales".
La delegación de la CIDH dijo haber constatado un "uso excesivo" de la fuerza contra las manifestaciones a favor del retorno del depuesto Zelaya.
La presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía, reportó "graves excesos" y cuatro personas muertas en acciones represivas, presumiblemente a manos de uniformados, todas en proceso de investigación, pero negó que hubiera "decenas de muertos", según denuncias de grupos humanitarios nacionales e internacionales.
En un mensaje antes de regresar este sábado a Washington, Mejía manifestó que "la CIDH considera que el golpe de Estado ejecutado mediante la remoción del presidente constitucional tiene un impacto inmediato sobre la vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos en Honduras".
"La Comisión pudo constatar… que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano y la ineficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas", indicó.
El toque de queda instaurado por el régimen ilegítimo que encabeza Roberto Micheletti, según la CIDH, violentó principios humanitarios básicos y careció de un fundamento legal sólido, al no cumplirse una serie de requisitos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El primero de esos requisitos, explicó Mejía, es que la suspensión de garantías sea adoptada por un gobierno que ejerza el poder en forma legítima, dentro del contexto de una sociedad democrática.
"La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona", dijo Mejía, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el golpe, miles de personas han sido afectadas en sus derechos y garantías, ya sea por los toques de queda o por la represión de manifestaciones de protesta, advierte en su informe la CIDH, adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ese foro hemisférico suspendió a Honduras como miembro activo el 4 de julio, pero no la excluyó del sistema interamericano de derechos humanos, del cual la CIDH forma parte.
La CIDH, con sede en Washington, es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en América. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Cómo órgano autónomo de la OEA, la CIDH tiene un mandato de la carta interamericana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su función principal es "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos".
La misión viajó a varios sitios en el norte y el oriente de Honduras para recabar testimonios, denuncias y otras informaciones.
En materia de violaciones a los derechos humanos, la Comisión comprobó control de la información mediante el cierre temporal de algunos medios de comunicación, la prohibición de emitir a ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica y agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al régimen.
También registró agresiones, amenazas e intimidaciones a reporteros y medios que mostraron simpatías o rechazos al retorno de Zelaya. La Comisión Interamericana advirtió una fuerte polarización en la prensa que hace difícil la existencia de una información equilibrada.
La activista Reina Rivera, del Centro de Promoción e Investigación de los Derechos Humanos en Honduras, dijo a IPS que el informe preliminar de la CIDH "viene a reafirmar lo que muchos de nosotros hemos estado diciendo en cuanto al uso excesivo de la fuerza en la represión, así como agresiones y maltratos contra personas, además de atentados al ejercicio de la libertad de expresión".
"Compartimos su preocupación en cuanto a la presencia militar en los operativos policiales", añadió.
Lo que viene a develar la CIDH es que "los responsables del control de las fuerzas de seguridad, como el ministerio público, por desconocimiento, por complicidad o por tolerancia, no han estado cumpliendo su labor" señaló Rivera.
Se estima que el informe final de la misión de la CIDH esté concluido en dos meses, contemplando una serie de recomendaciones para el Estado.
Esas recomendaciones "deben ser acogidas de inmediato por el régimen de facto del señor Micheletti, porque si continúa con la represión como hasta ahora, la vía que queda es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", advirtió Rivera.
El canciller de facto, Carlos López Contreras, estimó que el contenido del informe de la CIDH "era previsto, y nosotros, en su momento, haremos las argumentaciones y defensas en cada uno de los puntos expuestos".
Durante su estadía, la CIDH se reunió con representantes del gobierno de facto, autoridades de los tres poderes del Estado, y diversos sectores de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales y organizaciones no gubernamentales.
Además de Mejía y González, la misión estuvo conformada por el primer vicepresidente, el argentino Víctor Abramovich, el comisionado Paolo Carozza, de Estados Unidos, el secretario ejecutivo Santiago Canton, de Argentina, la relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, de Colombia, y personal de la secretaría ejecutiva.
