Mientras asegura estar anuente al diálogo, el régimen liderado por Roberto Micheletti en Honduras reprime con dureza las manifestaciones en favor de la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia. Por lo menos tres personas han muerto, un centenar resultaron heridas y decenas fueron detenidas.
En los 36 días transcurridos desde que Zelaya fue sacado de madrugada de su casa por un comando militar y enviado a Costa Rica, las autoridades admiten que se han sucedido unas 260 marchas de protesta en distintas zonas del país, reprimidas a sangre y fuego por la policía y militares, quienes detuvieron por horas o algunos días a unas 150 personas.
La última víctima fatal fue el profesor de enseñanza secundaria Roger Vallejo, quien falleció el fin de semana luego de permanecer en estado de coma desde el jueves, cuando recibió un disparo en la cabeza de parte de la policía en el desalojo de una protesta ocurrida en las cercanías de un mercado local capitalino y donde fueron arrestados 88 manifestantes. Según partes oficiales y de defensores de los derechos humanos, ya no quedan detenidos por estas horas.
En esa misma protesta, uno de los golpeados al punto de resultar con fracturas en el brazo fue el líder social Carlos H. Reyes, el primer candidato independiente a la presidencia de Honduras para las elecciones que, según la programación institucional, deben realizarse el 29 de noviembre.
Los restos de Vallejo son velados en las instalaciones de uno de los seis colegios magisteriales del país y, en espera de unos parientes procedentes del exterior, serán enterrados este martes.
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La madrugada del domingo otro profesor fue asesinado, luego de asistir al velatorio de Vallejo, pero sus familiares creen que el hecho no estaría relacionado con su activismo antigolpista. La policía apresó a un joven como presunto responsable del crimen.
Numerosas personas entre maestros, profesores, pobladores, líderes sociales y estudiantes se han hecho presentes en el velatorio. La dirigencia del Frente de Resistencia en Contra del Golpe de Estado convocó a una caminata de seis días desde ese lugar a partir de este miércoles para concluir en las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y la norteña San Pedro Sula.
La caminata saldrá de diversos puntos del país y el propósito es formar dos grandes concentraciones de repudio al golpe de Estado y al régimen instaurado por Micheletti y en favor del retorno al orden institucional y democrático con la vuelta al gobierno de Zelaya.
Mientras, las autoridades declararon que investigan las circunstancias en que se produjeron las muertes de los manifestantes.
Por su parte, la dirigencia de las asociaciones de maestros y profesores, puntales de las movilizaciones contra el golpe de Estado, demandó a la fiscalía agilidad en el asunto y responsabilizó de su muerte a la policía, que la semana pasada protagonizó una fuerte represión contra manifestantes que por más de un mes bloquearon carreteras en diversos puntos del país.
"Nunca imaginamos que ese desalojo sería tan violento, cercaron a los compañeros y comenzaron a lanzarles bombas lacrimógenas y a golpear con sus toletes a varios dirigentes, mientras otros fueron llevados a las postas policiales y posteriormente liberados", narró a IPS Lina Pineda, dirigente magisterial.
Pineda apuntó que, si bien la policía había advertido en un comunicado el miércoles que no iban a tolerar más tomas de carreteras que obstaculizaran el tráfico vehicular, "porque estábamos golpeando la economía a los poderosos del país, jamás pensamos que esa advertencia iba a terminar en hechos violentos y lamentables como la muerte del compañero Vallejo".
La policía volvió a amenazar a los manifestantes. "Vamos a aplicar las potestades que nos otorga la ley, la gente tiene derecho a manifestarse en forma pacífica pero no a obstaculizar otros derechos", dijo a IPS, Orlin Cerrato, portavoz de esa fuerza de seguridad.
Cerrato agregó que los registros policiales señalan que se han registrado 260 manifestaciones tras el golpe de Estado del 28 de junio en todo el país, la mayoría concentradas en la costa norte, occidente y la zona central. Las protestas se dieron mediante bloqueos de carreteras, paros sectoriales en el sector público y marchas a favor del retorno de Zelaya.
El régimen de facto hondureño suspendió el fin de semana pasado el toque de queda impuesto por casi un mes en todo el país, excepto en las zonas fronterizas con Nicaragua, donde se mantiene vigente de seis de la tarde (00:00 hora GMT) a las seis de la mañana (12:00 hora GMT).
Micheletti fue enfático al reiterar este lunes que va "a poner orden y control" y que no permitirá que "se siga dañando la economía ni que existan hechos violentos por parte de los manifestantes". "Aquí vamos a hacer que se respete la ley", arengó.
Esa postura ha llevado a organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales a solicitar el respeto a las garantías constitucionales en esa zona, así como medidas de protección a los dirigentes humanitarios y sociales.
Desde su campamento en la frontera de Nicaragua, Zelaya lamentó el deceso del profesor Vallejo y anunció que ha iniciado la formación de una "milicia popular pacífica", que es entrenada y capacitada por algunos de sus simpatizantes en varias haciendas en la región del Ocotal, a unos 25 kilómetros de la frontera hondureña de Las Manos, en el sudoriental departamento hondureño de El Paraíso.
A todo esto, Micheletti pidió al mediador, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que para reactivar el diálogo entre el gobierno de facto y la delegación de Zelaya acepte el envío a Honduras de un emisario internacional de renombre para hablar de la situación con las fuerzas políticas y sociales.
El emisario propuesto por Micheletti es el responsable de la Secretaría General Iberoamericana, el hispano-uruguayo Enrique Iglesias, quien este domingo llegó a San José para abordar con Arias la crisis hondureña.
A su vez, Zelaya comenzó a dar señales el fin de semana de querer volver a la mediación y estudiar la propuesta de Arias, luego de un encuentro la semana anterior en Managua con el embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, y otros delegados del Departamento de Estado (cancillería) de ese país norteamericano.
Aunque no trascendió lo abordado en esa reunión, de las expresiones de la canciller del depuesto gobierno de Zelaya, Patricia Rodas, a medios locales hondureños, se deduce que Llorens habría insistido en volver a la mediación de Arias.
Para la vicecanciller del régimen ilegítimo hondureño, Martha Lorena Alvarado, la propuesta de Arias no "está muerta", "Sólo se están cumpliendo los plazos, pero obviamente entre más errores cometa el ex presidente Zelaya de amenazar con incursionar y formar grupos guerrilleros, más nos ayuda a nosotros como nuevo régimen a consolidarnos", advirtió.
"Entre más tiempo pasa, más nos fortalecemos, pero estamos anuentes a cualquier diálogo en el cual se respete nuestra Constitución y creemos que, si bien las presiones internacionales han sido fuertes, tenemos unidad para resistir sin abandonar las negociaciones", dijo el domingo a un canal de televisión local.
A pesar de la presión internacional y el aislamiento que vive el país, el régimen de facto se ufana de haber "resistido" el primer mes y, según el líder de los industriales, Adolfo Facussé, "ya todo está tranquilizándose y nosotros hemos empezado a contactar inversionistas extranjeros que antes no querían venir al país".
"Mire, estamos canalizando inversiones por casi 500 millones de dólares con empresarios canadienses y estadounidenses, y yo creo que Zelaya está haciendo una lucha que no tiene sentido", Dijo el empresario a IPS,
"Uno lo que ve es que desde afuera nos quieren imponer un presidente que internamente no es popular y, si viene, no va a aguantar, no va a poder gobernar, porque no tiene a nadie con él", añadió Facussé.
Para Facussé, la mediación de Arias "es prudente, bien intencionada y, si bien ahora nos quiere imponer un presidente bien amarrado (condicionado), yo creo que Zelaya debe regresar para ser juzgado y debemos apostar más a las próximas elecciones".
