Byron Ranulfo Rustrián tenía 12 años. Era un chico normal al que le gustaba mucho el fútbol y era buen alumno en el colegio. El 23 de julio, un grupo de desconocidos lo invitaron a jugar un partido y él aceptó, pero era una trampa: fue secuestrado y, cinco días después, apareció sin vida.
Sus familiares habían pagado dos rescates, unos 15.000 dólares en total, pero el dinero no fue suficiente para los secuestradores El cuerpo del pequeño fue hallado el 28 de julio en una maleta de equipaje con señales de haber sido estrangulado.
Un total de 109 casos de secuestro fueron reportados a las fuerzas de seguridad en Guatemala en los primeros seis meses de este año, mientras que siete personas han muerto durante las negociaciones, según la policía.
Personas de todas las edades, empresarios y hasta funcionarios de gobierno han sido víctimas de raptos en este país centroamericano con una de las más altas tasas de homicidios de América Latina (un promedio de 16 por día).
"Existe un clima de tensión y hermetismo. De hecho quisimos hacer un trabajo de campo, pero decidimos esperar pues las personas se mostraron desconfiadas para dar información", dijo a IPS Carlos Martínez, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos del sureño departamento de Escuintla, el segundo más violento del país, donde murió Rustrián.
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Este caso desencadenó otros no menos preocupantes. Grupos clandestinos se han organizado para hacer justicia por mano propia. "Hemos recibido una nota que está circulando donde se acusa a varias personas de secuestradores, extorsionistas y delincuentes, y se insta a la población a desaparecerlos", explicó Martínez.
La impunidad (98 por ciento de los crímenes cometidos quedan sin sentencia), la escasez de agentes policiales y la falta de investigación son, según Martínez, los principales factores de este problema.
El caso Rustrián demuestra cómo los secuestros han dejado de ser un fenómeno exclusivo de la capital y se han extendido al resto del territorio, donde la presencia de las fuerzas de seguridad es menor.
En este país de 13 millones de habitantes, hay apenas 20.000 agentes de policía, 60 por ciento de los cuales están apostados en el central departamento de Guatemala.
"Me tuvieron secuestrado día y medio, robaron mi vehículo y me golpearon en la cabeza", dijo a IPS el diputado opositor Efraín Asij, raptado en febrero mientras conducía su automóvil por la capital, y quien logró escapar de sus captores arriesgando su vida.
"Me quitaron mi documentación y se fueron a un cajero automático para robarme el dinero. Al ver mi identificación (como diputado) se asustaron, entonces me escapé", relató Asij, del derechista Partido Patriota.
El hecho de ser legislador tampoco le ha favorecido en el esclarecimiento de los hechos. Han pasado cinco meses y ni la policía ni el Ministerio Público (MP) han resuelto el caso. "No hay razones para creer en la justicia aquí", dijo tajantemente.
Según el diputado, el gobierno "no cuenta con un plan visible para combatir la inseguridad" y "no ha tenido voluntad política para hacerlo". "Si la tuviera, se depuraría a la policía y se pondría a trabajar porque es un compromiso de Estado garantizar la seguridad de las personas", indicó.
La credibilidad de la policía guatemalteca no está en su mejor momento si se considera que el gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom ha destituido a más de 800 agentes por corrupción.
El último escándalo policial sucedió el 7 de agosto, cuando fueron destituidos y sometidos a la justicia el director, el director adjunto y el subdirector de operaciones de la policía, acusados de apropiarse de parte de una incautación de cocaína.
Michelle De Leal, dirigente de la agrupación Madres Angustiadas, surgida en 1995 a raíz de la ola de secuestros, cree estos delitos prosperan gracias a la impunidad. "El factor uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete determinantes en la incidencia de secuestros es la impunidad", dijo a IPS.
"Como el delincuente sabe que no será capturado, sigue cometiendo delitos", sostuvo. "Mientras no haya justicia, la situación continuará igual", añadió.
En 2008 se reportaron oficialmente 213 secuestros, pero sólo 39 personas fueron halladas culpables. De Leal también señaló que la corrupción incide. "Los índices de secuestro han empeorado, pero las personas no lo están denunciado porque saben que en la policía, en el MP y en el Organismo (Poder) Judicial se mueven grados de corrupción".
Otro cuestionamiento al gobierno de Colom es la inestabilidad de las autoridades al frente del Ministerio de Gobernación, lo cual ha dejado en entredicho el eslogan de su campaña: "La violencia se combate con inteligencia".
En 18 meses de gestión, la cartera de Gobernación ha sido dirigida por cuatro diferentes ministros, removidos por distintos motivos, excepto uno que falleció en un accidente aéreo aún no aclarado. La policía, a su vez, ha tenido cinco jefes.
Para el director del Instituto Comparado en Ciencias Penales, Luis Ramírez, el aumento de los secuestros tiene que ver también con la falta de una efectiva inteligencia e investigación criminal.
"Cuando suceden en forma masiva (los secuestros), debe haber inteligencia para encontrar la lógica de su funcionamiento", dijo a IPS. Además "no tenemos una policía de investigación criminal. Debería haber un cuerpo de investigadores independiente de la policía pero bajo la tutela del presidente", agregó.
Las críticas al sistema de seguridad incluso llegan desde fuera. El embajador de Chile, Jorge Saavedra, afirmó que en este país "no se investiga, no hay detectives ni investigadores", mientras que el problema "es algo más que urgente".
Chile colabora con las autoridades guatemaltecas en la capacitación policial desde hace varios años.
