Una carta del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos despertó dudas sobre cuál es efectivamente la postura del gobierno de Barack Obama en torno a la crisis en Honduras
En una misiva enviada el 4 de este mes al senador Richard Lugar, principal representante del opositor Partido Republicano en el Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta, la administración de Obama condenó el golpe de Estado en ese país centroamericano, aunque atribuyó cierta responsabilidad en lo sucedido al depuesto mandatario Manuel Zelaya y no hizo un expreso llamado a reintegrarlo en el cargo.
La carta estaba firmada por el secretario de Estado asistente para Asuntos Legislativos, Richard Verma.
"Nuestra estrategia para comprometernos (en la crisis) no se basa en apoyar a ningún político o individuo en particular", indicó. "También reconocemos que la insistencia del presidente Zelaya en realizar acciones provocativas contribuyeron a la polarización de la sociedad hondureña y llevaron a una confrontación que desató los acontecimientos que terminaron con su remoción".
Vicki Gass, especialista en Honduras de la Oficina de Washington sobre América Latina, sostuvo que el texto demostraba el respaldo de Estados Unidos a un gobierno democrático y al imperio de la ley en Honduras, pero no necesariamente a Zelaya.
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"Estados Unidos no ha apoyado a Zelaya", dijo a IPS. "Apoya el orden democrático, lo que implica su regreso, pero eso no significa que les guste".
Frederick Jones, portavoz del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry, dijo el viernes que el senador estaba preocupado por la posibilidad de que la carta enviara "una señal confusa" sobre el compromiso de Washington para restaurar a Zelaya en su cargo de presidente.
Algunos señalan que la carta fue una respuesta a otra enviada por Lugar el 30 de julio a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidiéndole que explicara su política en Honduras.
"Solicito que el Departamento provea a los miembros interesados una detallada clarificación de los pasos que ha tomado e intenta dar en respuesta a los acontecimientos previos y posteriores a la remoción forzada del presidente Manuel Zelaya de Honduras", había escrito Lugar a Clinton.
Como forma de condenar la falta de una acción decisiva de Washington en la crisis de Honduras, los senadores republicanos dejaron en suspenso la confirmación de dos candidatos de Obama para puestos diplomáticos clave: Arturo Valenzuela como secretario de Estado asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental y Thomas Shannon como embajador en Brasil.
Gass dijo que el vacío en esos cargos se estaba sintiendo en el Departamento de Estado, y la carta habría sido una medida para satisfacer a los republicanos y facilitar que los nominados sean confirmados.
Existe una clara división en el Congreso sobre cómo debería resolverse la crisis hondureña. Los legisladores del gobernante Partido Demócrata apoyan el regreso de Zelaya a la Presidencia, aunque con poderes limitados, mientras que los republicanos están en contra.
Estos últimos han incluso señalado que el golpe contra el mandatario hondureño salvó a la democracia en ese país de una "dictadura populista" como la que, según consideran, lidera el presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Zelaya.
Estados Unidos revocó las visas diplomáticas de cinco personas del gobierno de facto de Roberto Micheletti. También suspendió las operaciones antidrogas de bases militares estadounidense en territorio hondureño, retuvo 16 millones de dólares de un paquete de asistencia por un total de 250 millones y alertó que podría no desembolsar el 10 por ciento restante de los fondos.
Estados Unidos también ha apoyado fuertemente los esfuerzos de mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien propuso un plan para el regreso de Zelaya al gobierno conocido como Acuerdo de San José.
La carta también señalaba que Washington rechazaba la idea de imponer sanciones al régimen de Micheletti.
Gass sostuvo que la respuesta de Estados Unidos ha sido inconsistente.
La administración de Obama "necesita tener más carácter para condenar el golpe y ser más consistente en el Departamento de Estado", sostuvo.
Además, indicó que Washington necesita "enviar un mensaje más fuerte al gobierno de facto", cancelando las visas a sus familiares y congelando sus cuentas bancarias.
La carta del Departamento de Estado molestó a algunos líderes latinoamericanos que han cuestionado la falta de acción de Washington. Se produjeron protestas fuera de la embajada estadounidense en Tegucigalpa.
El viernes pasado, Obama indicó a periodistas que seguía apoyando el regreso del mandatario hondureño depuesto, pero aclaró: "No puedo presionar un botón y sorpresivamente reinstalar al señor Zelaya".
En la cumbre de líderes de América del Norte, celebrada el lunes, Obama rechazó las críticas de que no había hecho lo suficiente en el caso hondureño.
"Las mismos críticos que dicen que Estados Unidos no ha intervenido lo suficiente en Honduras son los que dicen que estamos siempre interviniendo, y que los yanquis tienen que irse de América Latina. Puede verse desde los dos lados", afirmó.
"Si esos críticos piensan que es apropiado que sorpresivamente actuemos de una manera que en cualquier otro contexto consideran inapropiada, entonces creo que eso indica que quizás haya algo de hipocresía en su enfoque de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que ciertamente no van a guiar las políticas de mi administración", añadió.
Aunque la Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre la carta, Robert Wood, el portavoz de la Presidencia, defendió en conferencia de prensa el lunes los esfuerzos del gobierno en el caso de Honduras y reiteró que se mantendrá del lado de Zelaya.
"Hemos dejado en claro cuál es nuestra posición", dijo a periodistas. "Somos un gran partidario del presidente Zelaya. Queremos ver que regrese. Lo hemos dejado en claro. No debe haber dudas sobre eso".
Una delegación de cancilleres, liderada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, anunció sus planes de visitar Honduras en los próximos días para convencer a Micheletti que acepte el Acuerdo de San José, según el cual Zelaya concluiría su mandato en enero de 2010 y se adoptaría una amnistía política para los responsables del golpe.
