Un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó que el gobierno incurrió en violaciones fundamentales del debido proceso al congelar los bienes de la organización de caridad KindHearts por sospechas de vínculos con actividades terroristas.
El gobierno no puede tomar semejante medida en el marco de la Ley sobre Financiamiento al Terrorismo sin una orden judicial que se base en una causa probable y sin informar a la entidad en cuestión los motivos de su acción, señaló el veredicto.
Además, el gobierno debe asegurarse de que la organización tenga una clara oportunidad de defenderse de la acusación, dijo el tribunal.
Si queda firme este dictamen, emitido el martes por el juez de distrito James G. Carr, el gobierno perderá un instrumento clave de las potestades que obtuvo la administración de George W. Bush (2001-2009) para combatir el terrorismo tras los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
La demanda original fue presentada en noviembre de 2008 por la filial de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) en el nororiental estado de Ohio y varios abogados de derechos civiles, en nombre de KindHearts for Charitable Humanitarian Development, una organización de beneficencia radicada en ese distrito.
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Los abogados del actual Departamento de Justicia defendieron la posición de sus predecesores.
"El gobierno tiene un interés legítimo en interrumpir el financiamiento de actividades terroristas, pero la autoridad empleada contra KindHearts y tantas otras organizaciones de caridad es un mazazo que permite clausurar de modo indefinido a estas entidades sin encontrar ninguna infracción, sin ningún aviso ( ), sin ninguna aprobación judicial previa, y sin ninguna oportunidad significativa de que la organización se defienda", dijo David Cole, profesor de leyes en la Universidad de Georgetown y uno de los abogados del caso.
"La decisión del juez Carr reconoce que un poder tan descontrolado no puede conciliarse con la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución, que fueron adoptadas, como reacción a los legendarios abusos del rey Jorge (de Gran Bretaña), para contener el poder oficial de confiscar propiedades arbitrariamente", agregó.
Hace tres años y medio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro congeló los bienes de KindHearts sin orden judicial, notificación ni audiencia.
La medida se basó en que la OFAC estaba investigando si KindHearts debía ser "designada especialmente como organización terrorista global".
En el fallo del martes, el juez Carr concluyó que el gobierno debe obtener una orden basada en una causa probable antes de confiscar los bienes de una organización, y apelando a precedentes judiciales que demuestren que las acciones internas del Poder Ejecutivo, "incluso cuando sean realizadas en nombre de la seguridad nacional", deben ajustarse a la Cuarta Enmienda.
El juez Carr también dictaminó que la OFAC infringió la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda, porque "violó el derecho fundamental de KindHearts a ser informada en base a qué y por qué motivos el gobierno la privó de acceso a todos sus bienes y clausuró sus operaciones".
Nunca se comprobó que KindHearts estuviera comprometida en ninguna maniobra ilegal y nunca fue designada especialmente como organización terrorista global, aunque fue clausurada desde que la OFAC congeló sus activos —un millón de dólares—, el 19 de febrero de 2006.
Puesto que quedó pendiente la investigación que dio origen a la confiscación, pasó a ser delito ejecutar cualquier actividad o negocios con KindHearts.
La entidad brindó al gobierno información detallada sobre sus operaciones, y le pidió que especificara sus razones para bloquear la investigación que pendía sobre sus bienes. Pero las autoridades ignoraron las peticiones y se retrasaron una y otra vez responder esos pedidos.
El tribunal concluyó que las acciones del gobierno constituyeron violaciones fundamentales del debido proceso.
El juez Carr ordenó una audiencia para septiembre, a fin de determinar cómo corregir lo que considera defectos constitucionales en el caso seguido por el gobierno.
Los abogados del Departamento de Justicia están evaluando el fallo y aún no se sabe si lo apelarán.
El Departamento del Tesoro argumentó que KindHearts brindaba apoyo financiero al palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla la franja de Gaza, y que había trabajado con éste en Cisjordania y en Líbano para apoyar actividades terroristas.
KindHearts no pudo usar sus propios recursos para pagarse la defensa legal. El juez Carr dijo que la OFAC fue "arbitraria y caprichosa" al no considerar si la entidad podía afrontar ese gasto.
El magistrado también rechazó el argumento del Departamento de Justicia en cuanto a que la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y confiscaciones arbitrarias, fue superada por la autoridad de seguridad nacional del presidente.
La Cuarta Enmienda, sostuvo el juez, es "un baluarte contra los abusos y excesos de la autoridad descontrolada del gobierno".
Carr también criticó que el Departamento del Tesoro brindara tan poca información a KindHearts. La información llegó tras "demora prolongada e inexplicable" y de reiterados pedidos de los abogados de la organización.
KindHearts se fundó en 2002, luego de que el gobierno clausuró otras varias organizaciones similares, con el propósito expreso de brindar asistencia humanitaria tanto en Estados Unidos como en el exterior.
Desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno clausuró ocho organizaciones de caridad en Estados Unidos y congeló los activos de otras cientos en otros países.
La Ley Patriota, promulgada a consecuencia del 11 de septiembre, amplió las facultades de la OFAC para aplicar sanciones y coordinar con otras agencias el bloqueo de bienes de entidades sospechosas, antes inclusive de abrir una investigación.
Reformas posteriores a esa ley permitieron elevar información clasificada a un tribunal en el marco de una apelación a la calificación de "organización terrorista".
"Esta nueva autoridad de la Ley Patriótica ha ampliado en gran medida nuestra capacidad de hacer y defender las calificaciones, dejando absolutamente en claro que la OFAC puede usar información clasificada para determinar (que una organización es terrorista), sin remitir el material a la entidad o persona que rechace esa designación", señaló el Departamento del Tesoro.
Pero defensores de las libertades civiles sostienen que esos cambios en la ley han ampliado la facultad de liquidar a organizaciones e individuos en base a sospechas, y no a evidencia probada de un delito que exigiría cualquier tribunal para emitir una condena por terrorismo.
Para el abogado y respetado académico constitucionalista David Cole, hay paralelismos entre la caza de brujas que desató en la década de 1950 el senador Joseph McCarthy y las actuales políticas del gobierno.
"Con nuestro regreso al 'paradigma preventivo' de eliminar amenazas a la seguridad nacional antes de que existan, revive la culpabilidad por asociación de la era McCarthy", dijo Cole a IPS.
"Así como en los años 50 era ilegal ser miembro del Partido Comunista, hoy es un delito apoyar a una persona u organización incluida en una lista de entidades terroristas, aunque el gobierno pueda catalogar a esas entidades y confiscar sus bienes sin exhibir verdaderos vínculos con el terrorismo u otros actos ilegales", concluyó.
