Para Silvestre Bravo Cuevas, ex informante de la agencia antidrogas estadounidense DEA, la posibilidad de permanecer en Estados Unidos acogido a la Convención de la ONU contra la Tortura se ve lejana.
Bravo Cuevas, de 34 años, podría ser condenado a 10 años de cárcel por enviar amenazas de muerte desde un reclusorio en el oriental estado estadounidense de Florida a los jueces John Kaull y Robert Maxwell.
Entre el 21 de febrero y el 27 de marzo, Bravo Cuevas mandó cinco cartas intimidatorias a los magistrados, luego de que estos rechazaron semanas antes una demanda civil interpuesta por el preso por supuestos malos tratos sufridos durante su permanencia en la prisión federal de Hazelton, en el estado de Virginia Occidental.
El ex informante presentó el 17 de enero de 2008 una queja por violación a sus derechos civiles en contra del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Prisiones, la penitenciaría de Hazelton y el guardia Joe Driver por "trato ignominioso", por haberse contagiado de hepatitis A y por obstrucción de correspondencia escrita.
El prisionero con registro carcelario 18629-112 se declaró culpable el 22 de julio pasado y está pendiente la fecha de su juicio por las misivas amenazantes, por las cuales tendrá que pagar una multa de 250.000 dólares.
El acusado pertenece a un grupo de antiguos integrantes de organizaciones de narcotraficantes que pasaban narcóticos a Estados Unidos que dieron información a la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas inglesas) de ese país.
Al concluir su vínculo con esa instancia, los miembros de ese grupo han luchado por evitar su deportación a México, equivalente a una condena a muerte a manos de los carteles a los que espiaron. Su argumento central es que pueden acogerse a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Este convenio en el marco de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), vigente desde 1987 y ratificado por Estados Unidos, establece en su Artículo 3 que "ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura".
Nacido el 24 de abril de 1975 en el noroccidental estado de Michoacán, Bravo Cuevas fue condenado a 96 meses por tráfico de metanfetaminas, una droga sintética, según sus expedientes judiciales, a los cuales IPS tuvo acceso.
Michoacán es un territorio donde opera la agrupación criminal "La Familia", cuya especialidad es la producción y comercialización de drogas sintéticas. Aledaño a la costa mexicana sobre el océano Pacífico, es una arteria vital para el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y por lo cual otros carteles de este país lo disputan.
Los registros carcelarios de Bravo Cuevas, quien iba a salir de la cárcel en febrero pasado por buena conducta, lo definen como "un interno de nivel de alta seguridad", por haber pasado información al gobierno estadounidense.
Bravo Cuevas fue llevado a la cárcel de Hazelton el 31 de mayo de 2006, proveniente de un centro correccional federal en Jesup, en el sureño estado de Georgia.
En el transcurso de esta década, Bravo Cuevas ha pasado por varias prisiones federales. La primera solicitud de traslado desde una cárcel del sureño estado de Texas, fronterizo con México, data del 26 de julio de 2000, a petición de Gail Standish, entonces fiscal asistente en la División Criminal de la oficina del fiscal del Distrito Central del occidental estado de California.
Hasta los primeros días de febrero pasado, el mexicano permaneció en el Centro de Detención de Puerto Isabel en Los Fresnos, estado de Texas, a cargo de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas inglesas), pero luego fue movido a la cárcel de Krome, en Florida.
"Su caso se cerró administrativamente, porque dejó de estar en manos de la dirección de migraciones, y cuando esté de vuelta en custodia de ICE se reabrirá", explicó a IPS su ex representante legal Jodilyn Goodwin, quien lo dejó de defender al producirse el cierre administrativo.
El historial carcelario de Bravo Cuevas menciona medidas disciplinarias por asaltos con y sin lesiones serias, posesión de arma de fuego y de contrabando, desobedecer órdenes y abuso telefónico.
Uno de sus registros, correspondiente a la prisión de Hazelton y etiquetado con la clave "HAZ-429", alude a dos presos albergados por esa cárcel, posiblemente vinculados a carteles de la droga. "Ambos nunca fueron encarcelados junto al preso Cuevas", cita el texto.
Ese mismo reporte señala que "los problemas de Bravo Cuevas parecen provenir de las instituciones anteriores donde ha estado recluido y los problemas relacionados con la actividad de narcotráfico que lo etiquetan de problemático.
Para defender su candidatura a acogerse a la Convención contra la Tortura, el detenido mexicano demandó el 22 de enero una demanda de solicitud de información ante la Corte del Distrito Sur de Texas en contra del Departamento de Justicia y las oficinas de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) y de Información y Privacidad.
Para ello, arguyó que, su es deportado a México, "es seguro que seré torturado y asesinado por agentes de policía que trabajan para la organización narcotraficante de la que informé".
Los documentos requeridos fueron reportes de investigación y memorandos que agentes investigativos especiales redactaron en las prisiones federales donde el solicitante estuvo recluido mientras purgaba su condena.
Esos registros contienen información sensible sobre el papel del solicitante como informante de la DEA y por haber estado bajo protección durante la mayor parte de su sentencia. Por ejemplo, Bravo Cuevas permaneció 19 meses en una unidad especial de alojamiento en la cárcel de Hazelton.
La Corte del Distrito de Columbia instruyó el 30 de enero a la Oficina de Prisiones a responder a la demanda de Bravo, lo cual ocurrió el 21 de abril.
Así, Clarissa Owens, supervisora de Instrumentos Legales de la Oficina Regional del Atlántico Medio de BOP, envió al preso seis páginas completas y otras 20 parcialmente censuradas, por contener datos privados de otras personas. Muchos de los documentos entregados a Bravo Cuevas ostentan el sello de "sensible-uso oficial limitado".
En mayo de 2008, el ex informante había recibido 22 folios sin tachaduras y otros 19 con información borrada.
