El gobierno de Perú dejó una cuenta pendiente a su paso esta semana por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que se mostró preocupado principalmente por el trato que reciben las comunidades indígenas en ese país.
Las relaciones ya ásperas entre el gobierno peruano de Alan García y los dirigentes de los pueblos indígenas se acentuaron luego del confuso incidente del 5 de junio en la carretera Fernando Belaúnde, a la altura de la localidad de Bagua, en la región noroccidental de la Amazonia.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de Perú indicó que un enfrentamiento en ese lugar había causado la muerte de nueve civiles y de 23 policías.
Desde entonces, las interpretaciones del episodio han contribuido a acentuar las diferencias entre el gobierno y los dirigentes indígenas, como demostraron durante el examen del caso peruano por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), radicado en Ginebra.
Miguel Palacín Quispe, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, estimó que el CERD se enfrascó con interés en el caso peruano "por los hechos que acontecen desde hace tiempo y que tuvieron de detonante los sucesos de Bagua, de cuya consecuencia han sufrido los hermanos indígenas y la policía que fue enviada".
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El relator del Comité para el tema de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), José Francisco Cali Tzay, expuso que las inquietudes del cuerpo respecto de Perú van desde una muy profunda y general sobre el racismo estructural en el país hasta aspectos específicos como el acceso al agua de las etnias nativas o el arraigo de la discriminación en la administración pública.
La delegación gubernamental peruana, encabezada por el ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, dejó sin respuestas por razones de tiempo esos y otros temas, y prometió enviar su réplica por escrito a la brevedad.
Cada dos años, Perú y los otros 172 estados miembros de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial deben presentar un informe periódico sobre el acatamiento de esa norma y discutirlo ante los 18 expertos independientes que integran el CERD.
Valdivieso dijo entender que el Comité, aun cuando se trata de un órgano imparcial, debe tener mayor predisposición a controlar a un estado que "a buscar el control de la población".
"Así como comprendo eso, espero que entiendan que traigo una posición política de un gobierno que cree que las cosas que esta haciendo son las correctas", dijo el ministro peruano a IPS. "En política puede haber varios matices, varias visiones, pero las estadísticas nos dicen que estamos teniendo resultados positivos", agregó.
El jefe de la delegación dedicó gran parte de sus exposiciones ante el Comité a exaltar los logros de su gobierno en materia económica y social.
Valdivieso dijo que su país exhibe el índice de crecimiento económico más alto de América Latina y también la tasa más baja de inflación. La pobreza cayó de 48 por ciento de la población, cuando asumió García hace tres años, a 36 por ciento en la actualidad, sostuvo.
"Somos un país que tiene todavía grandes desigualdades", admitió. Sin embargo, ello no afecta solamente a las comunidades de nativos o de descendientes de africanos, la pobreza es un tema transversal en Perú que no tiene que ver con un grupo en particular sino con condiciones determinadas, expuso.
Aunque es verdad que gran parte de las comunidades nativas viven en la pobreza, esa situación no es un tema exclusivo de ellas, indicó Valdivieso, quien en todas sus intervenciones evitó usar la expresión pueblos indígenas para referirse a los grupos originarios de la región.
Palacín Quispe comentó a IPS que las desigualdades "están del lado del (Poder) Ejecutivo peruano, que discrimina y hace política sólo para un determinado sector en detrimento de otros". De allí resulta que no hay una política para los pueblos indígenas.
Ese ángulo fue examinado por varios expertos del Comité, que demandaron al gobierno que explique cuál es el espacio que destina a las poblaciones de indígenas y de descendientes de africanos en el modelo de sociedad que promueve.
La respuesta general obtenida gira solamente en torno al tema del desarrollo, pero nos preocupa que este discurso, como muchas veces ha ocurrido, sea utilizado como una política de asimilación, advirtió Cali Tzay.
Esperamos que esto no sea lo que vaya a suceder en Perú y nos gustaría saber de que hablan con respecto a ese desarrollo, insistió el relator.
Palacín Quispe reprochó que el estado peruano nunca haya contado con una estructura política que incluya a los indígenas.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), creado después de una lucha de 10 años, se ha convertido "en una oficina inútil, sin mandato claro y sin personal idóneo", dijo.
El dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas sostuvo que el gobierno ha dictado 11 decretos legislativos que "criminalizan al movimiento social". "En Perú, poner una piedra en el camino es delito y tienes 15 años de cárcel, así como también es delito hacer una declaración pública respondiendo a las políticas del gobierno", insistió.
En Perú, "cuando tú opinas contra el gobierno, eres chavista, eres terrorista. Y eso no lo dijo el ministro Valdivieso ante el CERD, expresó Palacín Quispe.
El relator del Comité reclamó información sobre la posición del gobierno ante la propuesta del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, de crear una comisión independiente para investigar los hechos de Bagua.
El ministro Valdivieso dijo a IPS al respecto que en Perú hay en este momento una investigación judicial que nadie puede interferir, según manda la Constitución del país.
Al final de la investigación alguien podría formar una comisión para investigar no solamente los hechos sino también la actuación del Estado, agregó. El Congreso legislativo tiene derecho a formar una comisión, por ejemplo, prosiguió.
Mi opinión es que conversando con el resto del consejo de ministros y con el propio presidente podría haber otro criterio, arriesgó Valdivieso.
Palacín Quispe se declaró preocupado por las afirmaciones de Valdivieso ante el CERD, cuando dijo que en los episodios de Bagua la población indígena asaltó una comisaría, robó armas y con ellas mató a los policías.
"El ministro miente porque el propio Defensor del Pueblo y la fiscalía, que han investigado los hechos, dijeron que la población indígena estaba desarmada", manifestó.
