La persecución penal de traficantes de personas, la protección a víctimas de ese delito y la prevención contra el accionar de las mafias se han quedado cortas en México, según un estudio divulgado este jueves.
Así lo constata el "Informe del instrumento para el estudio de las condiciones de la trata de personas", elaborado por el Colegio de Abogados de Estados Unidos y presentado en la capital mexicana.
"Hasta ahora no hay sentencias, lo cual es muy grave. Pero la ley contra la trata de personas en México es muy nueva, necesita más tiempo para evaluar su aplicación", dijo a IPS Gretchen Kuhner, una de las autoras del reporte y asesora del Colegio de Abogados del vecino país del norte.
La referencia es a la norma para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada en noviembre de 2007 pero reglamentada sólo en febrero.
El documento dado a conocer este jueves, elaborado a partir de 78 entrevistas efectuadas entre enero y junio de 2008 con expertos y funcionarios, identifica inconsistencias legales como definir a una víctima de trata como una persona que participa en el proceso penal de un caso en particular, por lo cual quien no lo hace no es considerada como tal.
La trata consiste en el engaño de personas para trasladarlas a un sitio donde sufrirán explotación laboral o sexual. En el caso de México, el informe identificó entre las actividades relacionadas con esta industria criminal al trabajo doméstico, la prostitución, las labores agrícolas temporales y la extracción de órganos vitales.
El informe, elaborado dentro de la Iniciativa para el Estado de Derecho, se centró en ocho estados del norte y sur de México, donde esa práctica criminal es frecuente.
Esa iniciativa, impulsada por el Colegio de Abogados de Estados Unidos con 400.000 miembros, se ejecuta en 40 países. El reporte contó con el financiamiento de la Oficina de Monitoreo a la Trata de Personas del Departamento de Estado (cancillería) de ese país.
"Hay un vacío en las competencias jurisdiccionales", subrayó, en entrevista con IPS, Mónica Salazar, coordinadora de campo de la investigación.
La ley estipula que los casos de tráfico humano son del ámbito de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, pero si intervienen bandas del crimen organizado entonces la causa tendrá el paraguas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia organizada, ambas adscritas a la Procuraduría (fiscalía) General de la República.
México es parte del Protocolo para Reprimir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna-cional, que cobró vigor el 29 de septiembre de 2003.
Las autoridades mexicanas han comenzado al menos 24 investigaciones sobre casos de trata, han atendido a 52 víctimas y han presentado dos demandas formales. Pero entre 2005 y 2008, organizaciones no gubernamentales han descubierto 300 casos de tráfico humano y han ayudado a 1.500 mexicanos víctimas de esa práctica en Estados Unidos entre 2002 y 2007.
"La mayoría de casos han sido descubiertos por organizaciones mexicanas, internacionales o por la Comisión Nacional de Derechos Humanos", dijo Kuhner.
El reporte señala que la actividad criminal ocurre con el paso de emigrantes provenientes especialmente de América Central que pasan por México hacia Estados Unidos, en el traslado de ciudadanos mexicanos hacia el vecino país del norte y en las migraciones internas.
Se estima que cada año, unos 500.000 centroamericanos atraviesan el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.
Aunque no hay cálculos oficiales fidedignos, se estima que entre 20.000 y 50.000 personas caen anualmente en las redes dedicas al tráfico.
Según las autoridades mexicanas, más de 20 bandas se dedican a la trata de personas en México, con vínculos con otras agrupaciones criminales que trafican personas indocumentadas y dro-gas ilegales.
Aunque el informe menciona avances en la prevención del fenómeno, la persecución penal de quienes lo practican y la protección a las víctimas, critica que el gobierno no haya canalizado fondos para que las organizaciones no gubernamentales puedan trabajar en esas labores.
"Mientras no haya cambios legales y voluntad política para combatir la trata, nada va a cambiar. Además, persiste la idea de separar el narcotráfico de otras actividades ilegales", señaló a IPS Mario Fuentes, director del no gubernamental Centro de Estudios e Investigación en Desa-rrollo y Asistencia Social, que ha efectuado trabajos sobre explotación sexual infantil.
A la fecha, 22 de los 32 estados que componen México han reformado sus códigos penales para tipificar los delitos de trata de personas.
En un caso notorio conocido en México, un grupo de mujeres denunció en junio haber sido explotadas por una red dedicada a la trata de mujeres de Costa Rica y América del Sur, con la colusión de funcionarios migratorios mexicanos. Dos personas fueron aprehendidas por esos señalamientos.
La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos, que opera desde 2007 un Programa contra la Trata de Personas, considera que esa actividad ilegal es una de las más rentables para el crimen organizado.
"Hay cada vez más consciencia de que la trata es un problema grave", declaró a IPS Michael McCullough, director para América Latina y el Caribe del Colegio de Abogados, cuya sede central se localiza en Washington.
La ley en la materia determina la creación de una comisión intersecretarial, con la participación de funcionarios gubernamentales, que tiene que elaborar el Programa Nacional contra la Trata de Personas, lo cual aún no se ha producido.
