Organizaciones no gubernamentales expresaron su decepción por la decisión del Senado de Estados Unidos de liberar parte de los fondos incluidos en la Iniciativa Mérida de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en México, pese a las denuncias contra el ejército de violar derechos humanos.
"Desgraciadamente, Estados Unidos ha mostrado siempre que les importa mucho más la relación bilateral con ciertos países que una actitud conducente a que aquellos que reciben ayuda militar respeten los derechos humanos", dijo a IPS desde Londres Javier Zúñiga, asesor de la secretaría general de Amnistía Internacional, organización con sede en esa ciudad.
Por su parte, Adrián Ramírez, director de la no gubernamental Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, declaró a IPS que les "preocupa que de manera un tanto política se desdeñe a una parte del Congreso estadounidense que quería detener la ayuda".
John Feeley, ministro consejero de la embajada de Washington en México, informó el jueves, durante un foro sobre la Iniciativa Mérida en la nororiental ciudad mexicana de Monterrey, que el Senado de su país autorizó la entrega de unos 64 millones de dólares en ayuda contra el tráfico ilegal de estupefacientes.
Esta semana, Patrick Leahy, del gobernante Partido Demócrata y presidente del Comité Judicial del Senado, manifestó su respaldo al desbloqueo del financiamiento, aunque mostró su descontento porque el Departamento de Estado (cancillería) envió prematuramente al Congreso el informe sobre derechos humanos en México, un requisito para la cesión de la ayuda.
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El Senado estadounidense se encuentra en receso vacacional del verano boreal, por lo cual el anuncio oficial se produciría en los primeros días de septiembre próximo.
La Iniciativa Mérida, aprobada en la gestión del presidente George W. Bush (2001-2009), del hoy opositor Partido Republicano, es un programa de apoyo de tres años, a partir de 2008, de 1.400 millones de dólares para México y América Central.
Pero se estableció que el desembolso de hasta 15 por ciento de ese financiamiento esté condicionado a una certificación extendida por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el respeto a los derechos humanos de los países beneficiarios.
El Senado del vecino del norte mantenía bloqueados los recursos por las acusaciones contra las Fuerzas Armadas de México de graves atropellos a los derechos humanos.
Luego de asumir el cargo en diciembre de 2006, el presidente mexicano, el conservador Felipe Calderón, ordenó el despliegue de miles de soldados y policías para frenar la producción y el comercio ilícito de drogas.
Desde esa fecha la violencia relacionada con esa actividad ha explotado. Sólo este lunes se registraron 57 ejecuciones en todo el país.
La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos registró quejas ciudadanas contra militares por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y otros abusos, que saltaron de 182 en 2006 a 1.230 en 2008.
El director general de Derechos Humanos de la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional (Sedena) de México, general Jaime López, informó el 23 de julio que el ejército había enjuiciado y condenado desde 2006 a 12 militares por violaciones a los derechos humanos, pero son casos que se remontan a más de 10 años atrás.
La Corte Suprema de Justicia ratificó el 10 de este mes la validez del fuero militar para procesar penalmente a integrantes del estamento castrense.
Organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos han criticado el funcionamiento de este mecanismo, avalado por la propia Constitución mexicana, y la opacidad con la que la Sedena maneja los expedientes penales.
"Muchas organizaciones le han pedido al gobierno estadounidense que solicite pruebas al gobierno mexicano sobre el no uso de la tortura y la creación de un mecanismo independiente para investigar esas denuncias", comentó Zúñiga.
"Si no se puede ventilar públicamente la justicia militar y no hay acceso a los expedientes, no es fácil saber si se imparte justicia", refirió Ramírez.
La decisión legislativa coincide con el anuncio de Washington de renovar el alerta de viajes a México y que estará vigente hasta el 20 de febrero próximo.
La nota difundida por el Departamento de Estado señala que "es imperativo que los viajeros entiendan los riesgos de viajar a México", a causa de los niveles de violencia en el país, y que "la incierta situación de seguridad plantea riesgos graves para los ciudadanos estadounidenses".
Además, converge con la convocatoria del llamado Movimiento Blanco, un colectivo de organizaciones que demandan el combate a la inseguridad ciudadana, lanzada este viernes para convocar una manifestación de apoyo a las Fuerzas Armadas, a efectuarse el 15 de septiembre, que es el aniversario de las fiestas patrias en esta nación.
Este año México recibirá 420 millones correspondientes a la Iniciativa Mérida. De la ayuda liberada el 3 de diciembre pasado, el gobierno ha empezado a recibir 35 aparatos de rayos X, 24 vehículos blindados, cinco del tipo Mini Van, un laboratorio de análisis de documentos y cuatro dispositivos de identificación balística.
