Una organización opositora cubana consideró apaciguadora la postura de la Unión Europea (UE) respecto de esta isla, especialmente la de España, al tiempo que reclamó una «posición más enérgica» de la comunidad internacional en defensa de los derechos humanos en su país.
"No nos oponemos al diálogo, pero nos parece pobre en relación con un tema que requiere mayor atención", dijo a IPS Elizardo Sánchez, tras difundir un informe sobre el panorama humanitario que emite cada seis meses la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
En el seno de la UE, "debido a la pertinaz influencia del gobierno de España, sigue prevaleciendo una política de virtual apaciguamiento" hacia la situación de Cuba, consideró Sánchez en una declaración que acompaña el documento de la CCDHRN, una organización que actúa sin reconocimiento legal.
En opinión del activista disidente, la comunidad de naciones y fuerzas democráticas internacionales deberían mostrar "una posición más enérgica, que se manifieste en una clara reclamación al gobierno de Cuba para que respete normas universalmente consagradas en materia de derechos civiles, políticos, económicos y culturales".
Sin embargo, Sánchez aclaró a IPS que no está en contra del diálogo político que tanto la UE como España mantienen con La Habana. "Pero nos parece pobre en relación con estos temas humanitarios que requieren mayor atención", dijo el opositor, que encabeza la CCHRN desde su creación en los años 80.
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En ese sentido, el activista se quejó de que al menos una veintena del grupo de 75 disidentes que purgan severas condenas desde 2003, bajo cargo de conspirar con Washington, se encuentran en situación no compatible con la cárcel y, sin embargo, no hay "indicios" de que se les vaya a beneficiar con la licencia extrapenal.
Bajo esa figura del Código Penal que permite conceder libertad condicional por razones de salud fueron excarcelados hasta el momento 20 de los 75 opositores. "Hay temas que no pueden esperar los tiempos y ritmos de la política", opinó Sánchez, quien insistió en que el estado de otros 20 encarcelados podría empeorar si continúan en prisión.
Del total del grupo, solo Reinaldo Labrada abandonó la cárcel por cumplimiento de su condena de seis años. En tanto que, de los 20 que habían sido dejados en libertad condicional, uno de ellos, Miguel Valdés Tamayo, falleció, nueve permanecen en Cuba y 10 residen actualmente en el extranjero.
De este último grupo, cuatro fueron liberados en febrero de 2008 tras una negociación con España, según un reporte distribuido por Miriam Leiva, esposa del opositor Oscar Espinosa Chepe, otro de los liberados por razones de salud y ex dama de blanco, grupo que integran familiares de los 75.
El informe de la CCDHRN incluye un listado de 208 personas que cumplen sanción o se encuentran a la espera de juicios. La cifra es ligeramente mayor a la informada en 2008, cuando cerró con 205 casos e incluye a los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, sentenciados en 1998 a pena de muerte por terrorismo.
Esos dos reclusos, al igual que Humberto Eladio Real Suárez, arrestado en 1994 y también sentenciado a la máxima pena por actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego, esperan aún la decisión del Tribunal Supremo Popular respecto de sus respectivos recursos de apelación.
"Estamos atentos a la situación de al menos media docena de casos expuestos a la pena de muerte, sentencia que podría ser cambiada por cadena perpetua", dijo Sánchez. En abril del pasado año, el presidente de Cuba, Raúl Castro, anunció que a un grupo de condenados al cadalso (que no identificó) les sería conmutada por cadena perpetua o 30 años de cárcel.
La CCDHRN aseguró que en los últimos seis años el gobierno ha adoptado una táctica de "represión política de bajo perfil" mediante arrestos "por varias horas o pocos días, amenazas y otras formas de hostigamiento contra los activistas de oposición".
"No apreciamos una perspectiva de cambios positivos, al menos a corto plazo, en cuanto a la pésima situación de los derechos civiles, políticos y económicos que prevalece en Cuba, insistió Sánchez en el comunicado, que también se refiere a la destitución en marzo de algunos importantes funcionarios de gobierno.
Respecto de ese caso, que costó la salida de Carlos Lage de su cargo de vicepresidente de Cuba y de Felipe Pérez Roque de canciller, el opositor se quejó de la "indefensión de las ciudadanos y la precariedad del respeto a sus derechos civiles", aunque no hizo mención a la difusión en el país de un video que brinda detalles sobre el tema.
Visto ya por miles de militantes del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas, ese material fílmico desmenuza las principales imputaciones, como descontrol, deshonestidad y abuso de poder, entre otros, esgrimidas contra varios implicados en el caso.
Las autoridades consideran a los opositores "mercenarios a sueldo" de la política hostil de Estados Unidos contra Cuba y raramente reaccionan públicamente a sus comunicados.
