El martes, la prensa colombiana destacó la noticia de la orden de captura del general Miguel Maza Márquez, librada por la fiscalía. Durante todo el día los noticieros de televisión repitieron la imagen del cansado general en retiro, con la mirada vacía y el paso inseguro, asediado por los reporteros.
Pariente del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, el general y ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue un aguerrido perseguidor del narcotraficante Pablo Escobar (1949-1993), a pesar de los repetidos intentos del poderoso criminal para darle muerte.
Hoy, 20 años después del asesinato del precandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, el general permanece detenido bajo el cargo de homicidio agravado contra el líder político cuya muerte, el 18 de agosto de 1989, fue uno de los momentos trágicos de un año oscuro para Colombia.
Sólo en Medellín, la norteña ciudad que era el territorio de Pablo Escobar, en ese año hubo una víctima de la violencia de los narcotraficantes cada dos horas, según los registros de la secretaría de gobierno municipal. El capo, a su vez, había ofrecido a los sicarios cuatro millones de pesos (unos 2.000 dólares) por la muerte de cada agente de policía.
Escobar, activamente perseguido por todo el territorio de Antioquia, departamento del que Medellín es capital, condujo con una creciente crueldad la que él llamó su guerra contra el Estado.
[related_articles]
El rostro visible de ese Estado fue para Escobar el director del DAS, y contra él preparó con minuciosidad de relojero un atentado con 140 kilogramos de dinamita que explotaron al paso del automóvil blindado del general, con un mínimo retraso de dos segundos, suficientes para dejar ileso a Maza, si bien el vehículo voló fuera de la vía y causó la muerte de siete peatones.
Al conocer el resultado de la operación, Escobar ordenó darle muerte en su propia oficina, del noveno piso del edificio del DAS. Los sicarios recibieron la consigna de "borrar el edificio" y se dedicaron a reunir en una bodega 10.000 kilos de dinamita que, encaletados en un autobús, explotaron el 6 de diciembre de 1989 a las 07.30 de la mañana, cuando el general acababa de llegar a su despacho.
Murieron 70 personas, llegaron a los hospitales 500 heridos, pero otra vez el general resultó ileso, mientras en la oficina de al lado moría su secretaria.
Los reporteros que entrevistábamos a Maza en esos años solíamos comentar como una fijación suya la idea de destruir el imperio criminal de Escobar, a quien atribuía todo cuanto sucedía de malo en este país.
Pero los hechos de ese año 1989 parecian darle la razón: dos días antes del atentado contra el precandidato Galán, después de una cuidadosa preparación, se había cumplido la orden de dar muerte, en medio de sus escoltas, al magistrado Carlos Valencia, quien tenía a su cargo el proceso contra Escobar y contra Gonzalo Rodríguez Gacha, "El Mexicano", por el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, cometido dos años antes.
Dos jueces que habían estudiado ese proceso, Eduardo Triana y Consuelo Sánchez, después de dictar auto de detención habían salido del país, aterrorizados por las amenazas contra su vida.
Para impedir la acción de la justicia, Escobar le pagó al sicario encargado de asesinar al magistrado Valencia 15 millones de pesos (75.000 dólares) y Rodríguez Gacha, 50 millones de pesos (25.000 dólares).
Un mes antes del asesinato del magistrado, la sentencia de muerte dictada por Escobar había sido contra el comandante de la policía Valdemar Franklin, quien, al cabo de una investigación que había frustrado los envíos de cocaína desde el aeropuerto de Rionegro (Antioquia) y puesto tras las rejas a un hijo de "El Mexicano" y a seis personas más, se convirtió en objetivo del indignado capo.
El tráfico de drogas era intenso y productivo en aquellos momentos. Entre el mes de agosto de 1987 y diciembre de 1988, habían entrado a Estados Unidos 10 toneladas de cocaína, un negocio que el coronel Franklin había puesto en peligro.
Pero hubo una mortal equivocación de los sicarios encargados de asesinarlo, y el muerto, al explotar la carga de dinamita activada a control remoto, resultó ser el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, aquel 4 de julio de 1989.
En vista del fracaso, el capo urdió un nuevo plan que se cumplió el 18 de agosto, en la mañana del día en que Galán habría de morir en otro atentado que, como en el caso del coronel Franklin, solo tuvo cumplimiento eficaz en el segundo intento.
Implacable y persistente, para Escobar sus sentencias de muerte no admitían clemencia, aunque sí retrasos.
Sin embargo no hubo un segundo atentado para César Gaviria, sucesor de Galán en la candidatura presidencial. Para darle muerte, Escobar había comprado pasajes en el vuelo 203 de Avianca que despegó de Bogotá hacia Cali el 27 de noviembre de 1989 a las 07:30 de la mañana.
El agente de Escobar llevaba consigo un maletín de ejecutivo que no debía abrir, tan solo activar desde fuera, para grabar la voz de su vecino de asiento, según le habían dicho. Cuando la nave tomó altura, la carga explosiva del maletín estalló y con ella el avión. Murieron 177 personas, pero el candidato Gaviria, contra quien iba dirigido el ataque, no había tomado ese vuelo.
Entonces, el candidato Gaviria y el general Maza fueron los enemigos que Escobar no pudo destruir, a pesar de sus intentos.
Hoy, el ex presidente Gaviria (1990-1994) acusa a Maza de alianzas con el cartel de Cali y de participación en la muerte de Galán.
Cuando, de acuerdo con el régimen penal colombiano, debía prescribir el proceso por la muerte del político, la orden de detención contra Maza permite que el proceso reviva.
La situación mantiene semejanzas con lo ocurrido hace 20 años, cuando, ante la presión de una opinión pública dolorida e indignada que reclamaba castigo para los culpables, se hizo necesario mostrar a los autores. Fueron siete personas capturadas apresuradamente que, después de cinco años de cárcel, volvieron a la libertad que nunca debieron perder porque eran inocentes.
El general Maza bien puede ser otro chivo expiatorio del crimen, como aquellos, 20 años después de ese oscuro 1989.
