Unas 3.000 personas viven del turismo rural comunitario en Costa Rica, según la cámara que agrupa a quienes se dedican a esta actividad que vincula el disfrute de los visitantes con la vida rural y agropecuaria.
Conocido en otros lugares como agroecoturismo, en Costa Rica se practica desde hace 18 años. Una ley promulgada el 17 de julio por el presidente Óscar Arias busca su impulso definitivo.
"Nosotros fomentamos el acercamiento estrecho entre el visitante y la comunidad" y hay cierto grado de aventura natural, la que día a día viven los campesinos o indígenas que brindan estos servicios, explicó a Tierramérica Mario Ordóñez, gerente de mercadeo de Simbiosis Tours, agencia de viajes especializada.
"Los turistas cruzan los mismos puentes colgantes que cruza la comunidad, o realizan las cabalgatas que ellos hacen en su trabajo. No hay nada preparado", ejemplificó.
La diferencia con el ecoturismo se debe a que éste "desvincula la parte cultural de la actividad", añadió.
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Según los conocedores, es una forma "avanzada" del ecoturismo, "porque se hace un énfasis muy especial en la tenencia de la tierra por parte de los pobladores locales y en que se pueda aprovechar la misma dándole un valor agregado", declaró a Tierramérica Kyra Cruz, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario.
Una comunidad de la etnia bribrí, en la región indígena de Talamanca, fue pionera en este tipo de turismo.
La región se ubica en el sur de la oriental provincia de Limón, y abarca desde las playas del Caribe hasta la zona central del sur del país. En la Alta Talamanca vive la etnia bribrí, de unas 10.000 personas.
En 1987, tras la crisis del cultivo de cacao y la escasa rentabilidad del banano "nos organizamos para ver si mejorábamos la producción del banano, y metimos teléfono e iniciativa turística", relató a Tierramérica el gerente de la organización Aventuras Naturales Yorkín, Guillermo Torres.
Según Torres, hoy 18 familias viven de esta aventura. Cuentan con un albergue para 25 personas y están construyendo una posada de ocho habitaciones. También ofrecen un recorrido en canoas para trasladar bambú a través del río Yorkín y actividades vinculadas a las artesanías, el cacao y el tiro con arco.
Gracias a esta iniciativa se está recuperando la lengua bribrí, "porque enseñamos términos nuestros a los visitantes", dijo Torres. El énfasis en la cultura de cada comunidad es uno de los grandes atractivos para quienes deciden contratar este tipo de servicio.
La nueva ley busca regular un sector en crecimiento, caracterizado por su pequeña escala. "Hasta ahora, para beneficiarse de la ley de incentivos turísticos, obligaban a tener un mínimo de 10 habitaciones, y el 98 por ciento no llegaba a eso", dijo Cruz.
La norma baja a tres el mínimo de habitaciones para acceder a las ayudas, que incluyen la eliminación de impuestos, facilitación de trámites por parte de las municipalidades y promover "la importancia de este modelo de turismo sostenible", destacó.
"La ley va a ser muy importante si logramos que los reglamentos sean efectivos y no excesivamente burocráticos", agregó.
Para Marcy Arrieta, impulsora de la actividad en el gubernamental Instituto Costarricense de Turismo, con esta legislación "se reconoce el esfuerzo que se ha hecho en el país durante 18 años" así como la calidad del servicio, con una plataforma social y económica "muy apta para desarrollarse" y creando un destino comunitario en manos de sus propias organizaciones.
La actividad "se ha convertido en un modelo, trascendiendo nuestras fronteras", dijo Arrieta a Tierramérica. Se ha exportado con éxito a otros países centroamericanos, así como a Colombia, Perú o Chile, aseveró.
El presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Gonzalo Vargas, describió las bondades del turismo rural comunitario: "El capital que se invierte es casi en su totalidad costarricense, y mejor aún, de familias de escasos recursos", lo que da "tranquilidad" de que se está consumiendo un producto que mejora la calidad de vida de la gente que vive aquí.
Además, un "altísimo" porcentaje de cada colón (moneda nacional) que se invierte en comprar estos servicios queda dentro de la misma familia o comunidad, con "un alto impacto en los ingresos" de esos grupos, dijo.
De las 43.000 habitaciones hoteleras que el país ofrece, las correspondientes al turismo rural comunitario son unas 1.000, señaló Vargas. El promedio es de cuatro o cinco habitaciones con 10 a 12 camas, sobre todo en posadas.
* Este artículo fue publicado originalmente el 8 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.