Catorce ciudades chilenas serán sede este sábado de movilizaciones de variado tipo contra centrales hidroeléctricas. La actividad es convocada por el Consejo de Defensa de la Patagonia, un colectivo que se opone a la construcción de cinco mega-represas en la austral región de Aysén.
"Queremos protestar en forma cultural, pero muy enérgica, contra los proyectos destructivos que se han construido en este país y que hay planes de seguir haciendo", explicó a IPS Juan Pablo Orrego, uno de los portavoces del Consejo, que agrupa a unas 50 organizaciones nacionales y extranjeras de distinta índole.
Aunque el lema de la manifestación es "Por un Chile Sin + Represas", a ella se han sumado "personas que han visto sus vidas y entornos afectados por otro tipo de emprendimientos industriales", como las centrales termoeléctricas a carbón, apuntó.
Hay programadas marchas y actividades artístico-culturales en Santiago, Valparaíso, Talca, Curacautín, Concepción, Temuco y Valdivia. En la región de Aysén, 2.000 kilómetros al sur de la capital chilena, habrá movilizaciones en Coyhaique, Cochrane, Villa O'Higgins, Caleta Tortel, Chile Chico, Villa Cerro Castillo y Bahía Murta.
El consorcio HidroAysén, conformado por la generadora chilena Colbún y la firma trasnacional Endesa, pretende erigir cinco mega centrales hidroeléctricas en los caudalosos ríos Baker y Pascua para producir 2.750 megavatios de electricidad.
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La iniciativa, de 3.200 millones de dólares, implica la inundación de 5.910 hectáreas de territorio prístino y el traslado de la energía hacia Santiago a través de un tendido de alta tensión de 2.000 kilómetros que atravesaría ocho regiones del país.
El proyecto fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en agosto de 2008 y, tras recibir cerca de 3.000 observaciones de parte de los servicios públicos en noviembre, la empresa decidió suspender su tramitación hasta el miércoles.
Pero el 20 de este mes, HidroAysén informó que postergará nuevamente, hasta el 20 de octubre, su respuesta al Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara) preparado por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet.
La empresa aclaró que estaba en condiciones de presentar su adenda en la fecha comprometida, pero que prefirió no sobrecargar a los servicios públicos que en estos momentos evalúan otros importantes proyectos energéticos en la misma región.
Uno de ellos es la central hidroeléctrica Cuervo, de Energía Austral, filial de la minera anglo-suiza Xstrata Cooper.
"Me parece bastante interesante esa solidaridad entre empresarios. Es una declaración bastante curiosa esto de dejar espacio para que evalúen bien el proyecto Cuervo", comentó Orrego.
Hace unos días la Contraloría General de la República se pronunció a favor de HidroAysén frente a una consulta hecha por un grupo de parlamentarios que cuestionaban la legalidad de la actuación de las autoridades regionales durante la tramitación del estudio de impacto ambiental.
Según los opositores al complejo hidroeléctrico, si se hubiera cumplido la normativa vigente el proyecto debería haber sido rechazado por la gran cantidad de observaciones negativas que recibió de parte de los servicios públicos. No se debió haber continuado con su evaluación, indicaron.
Entremedio, la empresa anunció el lanzamiento de una campaña publicitaria para informar a la ciudadanía sobre las bondades de la iniciativa. "Nosotros estamos absolutamente convencidos de que HidroAysén es un proyecto con impactos absolutamente insubsanables, incompensables e inmitigables. No habría forma de compensar a la región de Aysén, ni a Chile ni al mundo por la pérdida, la destrucción y degradación de la Patagonia chilena", planteó Orrego.
Para los activistas, detrás del aplazamiento de la empresa se esconde la intención de dejar el proyecto al arbitrio del próximo gobierno, que asumirá el 11 de marzo de 2010.
Debido a su gran envergadura, el proyecto se ha transformado en uno de los temas más llamativos de la campaña para las elecciones presidenciales del 13 de diciembre. Los directivos del Consejo de Defensa de la Patagonia se han reunido con los distintos candidatos.
Los tres postulantes de izquierda, Jorge Arrate, Alejandro Navarro y Marco Enríquez- Ominami, se han pronunciado totalmente en contra del proyecto, mientras que el aspirante de la coalición centroizquierdista gobernante Concertación de Partidos por la Democracia y el de la oposición derechista han asumido posturas ambiguas.
Ni Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex presidente de Chile entre 1994 y 2000 y actual carta de la Concertación, ni Sebastián Piñera, multimillonario empresario y figura de la derechista Coalición por el Cambio, se han manifestado derechamente a favor de HidroAysén.
Ellos sólo plantean que "hay que respetar la normativa ambiental vigente y nosotros tenemos claro hace mucho tiempo que cuando alguien dice eso significa se le está dando la pasada a las empresas", declaró Orrego.
"Todos sabemos que la legislación y la institucionalidad ambiental no funciona y, es más, que tiene un sesgo clarísimo a favor de las empresas", enfatizó.
Consciente de estas falencias, el gobierno de Bachelet presentó un proyecto de ley para crear un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, asuntos que avanzan en el parlamento.
"Nosotros estamos convencidos de que lo que estamos haciendo con esta campaña (contra las represas de Aysén) es trascendente", comentó Orrego.
"Estamos de alguna manera supliendo las enormes carencias del Estado y de los gobiernos de turno. Estamos creando conciencia y hemos logrado instalar la discusión sobre la eficiencia energética, las energías renovables no convencionales" y la reforma al Código de Aguas, aseguró.
En estos momentos, la propiedad y el uso de las aguas se ha tornado una preocupación nacional, con parlamentarios y la Iglesia Católica llamando insistentemente a su nacionalización y protección.
A fines de junio, la presidenta Bachelet creó un Comité Interministerial de Política Hídrica, presidido por el ministro de Obras Públicas, que tiene como tarea precisamente proponer una nueva política de agua.
El gobierno ha planteado la necesidad, por ejemplo, de impulsar una reforma constitucional que establezca que el agua es un bien nacional de uso público. En esta misma senda, el 3 y 4 de septiembre se realizará en Santiago el Seminario Internacional "Conflictos Actuales y Derecho Humano al Agua. Hacia una Nueva Cultura del Agua", organizado por organizaciones ecologistas, ciudadanas y religiosas.
"Hoy asistimos a la multiplicación de conflictos por el agua. En el norte, la concentración de la propiedad de este recurso en las empresas mineras y la contaminación del agua con desechos de este sector dañan a comunidades rurales e indígenas", señaló Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, una de las entidades detrás del evento.
"En la zona centro-sur del país, el conflicto es por el uso intensivo de agua para agricultura industrial y la contaminación de cuencas hídricas en manos empresas forestales, de celulosa y también mineras", acotó.
"En el sur, agobia la concentración de la propiedad del agua en grandes empresas generadoras de energía", detalló Larraín. Según Orrego, "la ciudadanía está contribuyendo a visibilizar cosas que han estado tapadas en Chile, metidas debajo de la alfombra, como son los impactos de los emprendimientos industriales mal evaluados, sin participación ciudadana".
"Se están levantando personas, redes y coaliciones de organizaciones a lo largo de todo el territorio chileno y esta manifestación (contra las represas) es parte de eso", concluyó.
