La situación de las campesinas de Sudáfrica no mejoró con el fin del apartheid, el régimen de discriminación racial que rigió en este país hasta 1994, porque para ellas las tierras agrícolas siguen siendo ajenas.
Las trabajadoras rurales sudafricanas se quejan de que son discriminadas como lo eran en tiempos del apartheid. Desde el 27 de julio hasta el 9 de agosto, organizaron varias manifestaciones en la provincia del Cabo Occidental en protesta por las malas condiciones laborales, los recortes de salarios y los desalojos y despidos.
La movilización fue convocada por el sindicato de campesinas Sikhula Sonke, escindido el año pasado de Women on Farms Project (Mujeres en Proyectos Agrícolas: WFP, por sus siglas en inglés), que también participó en la organización de las protestas.
Las actividades incluyeron manifestaciones en varias plantaciones, vigías fuera de la sede legislativa de esta ciudad y bloqueo de la ruta que lleva al sitio de celebración del Festival del Vino, en la localidad vecina de Stellenbosch, que atrae a sibaritas y degustadores del exterior.
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Las campesinas solicitaron entrevistas con miembros de la comisión de agricultura y asuntos agrarios del parlamento en 30 días.
El acceso a la tierra es una de las principales causas de los problemas recurrentes del campesinado, remarcó Estelle Coetzee, de Sikhula Sonke.
"Los trabajadores agrícolas deben recibir tierras y el gobierno debe intervenir para que se conviertan en propietarios y puedan colocar su producción en el programa de Empoderamiento Económico para los Negros", creado para estimular el desarrollo de los grupos raciales más desfavorecidos en este país, señaló Coetzee.
"Se debe priorizar la redistribución de tierras para beneficiar a los trabajadores rurales, en especial a las campesinas, y brindarles capacitación para que puedan gestionar su propio emprendimiento", reza un memorando dirigido al presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma.
Esmeralda Jacobs es una campesina de 52 años que desde hace 20 trabaja en el campo y vive en la miseria. Con una parcela podría recuperar su dignidad.
"Tengo hijos, trabajo desde hace años, pero no tengo nada que sea realmente mío, es deshumanizante", se lamentó.
Alrededor de un millón de trabajadores negros fueron expulsados de sus tierras en los 10 años que siguieron al fin del apartheid, según un estudio realizado por la Asociación de Desarrollo Nkuzi y Sikhula Sonke en 2004, y no hay señales de que la tendencia se revierta.
Los programas estatales de redistribución de tierras carecen de fondos y no se respeta el cronograma previsto.
OCUPACIÓN DE TIERRAS
Integrantes de la Cooperativa Agrícola de Mujeres de la localidad de Rawsonville, en la provincia de Cabo Occidental, ocuparon partes de una hacienda en protesta por la lentitud con la que el gobierno lleva adelante la reforma agraria.
El propietario está dispuesto a vender, pero el Ministerio de Tierras demora el proceso de formalización y no destina los fondos necesarios para la transacción, según la organización.
"Es difícil conseguir tierras. Los hacendados se venden entre ellos y no permiten que se consoliden los agricultores negros", declaró Roseline Presence, de WFP, que apoya a la Cooperativa Agrícola de Mujeres.
Las campesinas son capaces de producir si les dan recursos necesarios, según Presence, y puso el ejemplo de un grupo de mujeres de Stellenbosch que viven de la huerta que tienen en un terreno arrendado.
Pero la lentitud del gobierno y la falta de dinero para adquirir tierras y distribuirlas atenta contra las posibilidades de las campesinas.
"El gobierno no prioriza la distribución de tierras entre campesinos y no creo que vaya a cambiar porque su política agraria tiende a beneficiar la gran agricultura comercial. Son muy pocas las tierras repartidas a pequeños propietarios", señaló el profesor Ben Cousins, director del Instituto de Estudios Agrarios, Tierras y Pobreza.
"La clave para la reforma agraria en Sudáfrica está en los trabajadores rurales. Deben aumentar la presión y reclamar tierras para producir", añadió.
La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica llamó a un diálogo tripartito entre el gobierno, los grandes agricultores y los trabajadores rurales.
La violación de los derechos de los asalariados rurales es preocupante, señaló Pregs Govender, integrante de la Comisión.
"Los campesinos ganan muy por debajo del salario mínimo, pese a que trabajan muchas horas. Un establecimiento hortícola que produce hermosas flores en esta provincia tiene trabajadores que viven en pocilgas", indicó Govender.
La avanzada legislación que protege a los trabajadores rurales tendrá sentido si el gobierno la hace cumplir, señaló Coetzee, del sindicato Sikhula Sonke, quien criticó a los ministerios de Tierras y de Trabajo por su falta de acción.
"Las autoridades parecen entender, pero sólo hablan, nunca las verás en una hacienda. Si el Ministerio de Trabajo no cuenta con inspectores suficientes, debe contratar más", arguyó Coetzee.
Según Sikhula Sonke, los agricultores dedicados a productos de exportación, como flores y uvas, están despidiendo y desalojando jornaleros a medida que pierden mercados. Las autoridades tendrían que asistir a las empresas que estén en problemas o exigir a sus propietarios a recortar gastos de otra manera.
