El gobierno de Sri Lanka quiere que el Comité Internacional de la Cruz Roja reduzca sus operaciones en el país, en medio de preguntas sobre el rol de los trabajadores humanitarios en la posguerra.
Sarasi Wijeratne, portavoz de la Cruz Roja en Colombo, confirmó esta semana que esa entidad estaba cerrando cuatro oficinas en la región oriental. En esas oficinas trabajaban 148 empleados locales y hasta 10 extranjeros de su plantilla total de 649.
"La Cruz Roja está en proceso de evaluar su sistema y prioridades operativas en Sri Lanka", dijo en un comunicado la semana pasada Jacques de Maio, jefe de operaciones de la organización para Asia austral.
Los rebeldes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil pelearon durante 26 años por la autonomía del norte y este de Sri Lanka, y en los últimos dos las fuerzas regulares del gobierno lanzaron una intensa campaña que el 17 de mayo terminó con la derrota de los insurgentes.
Miles de personas murieron durante el conflicto, que comenzó en 1983 tras una serie de ataques de la comunidad cingalesa, mayoritaria en el país, contra la tamil, predominante en el norte y el este.
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Tras el "cese de hostilidades", el gobierno le pidió a la Cruz Roja que redujera sus operaciones en su territorio, señaló el comunicado. Presente en el país desde 1989, la organización se concentró en brindar ayuda a los desplazados por la guerra.
Pero la noticia no tomó por sorpresa a otras organizaciones no gubernamentales, pues ya tenían una relación inestable con el gobierno nacionalista de Mahinda Rajapakse desde que éste asumió la presidencia, en noviembre de 2005.
La actitud del gobierno no es ni hostil ni favorable a las organizaciones no gubernamentales, dijo Vinya Ariyaratne, director ejecutivo de Sarvodaya, mayor organización no gubernamental de Sri Lanka.
"Hay una suerte de posición intermedia, pero apoyo la reducción de operaciones dispuesta por el gobierno para agencias (como la Cruz Roja internacional) cuyo rol se vuelve limitado en un escenario de posguerra", dijo a IPS.
Activistas y funcionarios del gobierno ya tuvieron, precisamente, discusiones sobre ese rol, admitió la trabajadora extranjera de una agencia internacional de asistencia que pidió no ser identificada en este informe.
"No hay ninguna presión o pedido de reducir nuestros programas de trabajo, pero sí una necesidad de redefinir nuestra función y fijar los límites", dijo.
Aunque el gobierno tiene buena capacidad para el desarrollo de infraestructura —construcción de carreteras, escuelas y hospitales, por ejemplo—, la sociedad civil tiene más experiencia en la reintegración de los desplazados y en su preparación para la vida de posguerra, sostuvo.
Decenas de organizaciones no gubernamentales, la mayoría internacionales —como la Cruz Roja y Save the Children—, además de agencias del sistema de las Naciones Unidas como su Fondo para la Infancia (Unicef), estuvieron activas en la zona de combate a comienzos de este año, momento de máximo enfrentamiento entre los rebeldes tamiles y las tropas del gobierno.
Exceptuando la Cruz Roja, todas estas organizaciones se retiraron luego que las fuerzas gubernamentales acorralaron a los insurgentes tamiles, matando a los combatientes que quedaban y a su líder Velupillai Prabhakaran, y asegurándose el control de todo el norte por primera vez en décadas.
El norte y el este del país, donde los rebeldes luchaban desde 1983 para crear una patria autónoma para la minoría tamil (que es mayoría en esa zona), ahora están bajo control del gobierno de Sri Lanka.
A lo largo de los años, el régimen de Rajapakse trató a las organizaciones de la sociedad civil con mano de hierro, y en algunos casos acusó a algunas de apoyar a los rebeldes tamiles, aunque no las identificó.
Las organizaciones no gubernamentales brindan refugio a unos 300.000 desplazados que viven en campamentos del norte de Vavuniya, pero con un acceso limitado a esas instalaciones.
En los últimos tiempos, el gobierno impuso un gravamen de alrededor de uno por ciento a las donaciones extranjeras recibidas por organizaciones no gubernamentales.
Las visas extendidas a trabajadores expatriados, incluidos los directores de agencias, también son restringidas, y en algunos casos se reducen a seis meses con la posibilidad de renovarlas, lo que se convierte en un proceso engorroso y envuelto en burocracia. Los expatriados habitualmente se desempeñan por un periodo de tres años.
Sin embargo, aunque en los últimos años esto ha constituido todo un problema para las organizaciones no gubernamentales, la fase del desarrollo de posguerra puede incluso dar lugar a un aumento de las actividades de las entidades de la sociedad civil.
"Hay mucho por hacer en la fase de posguerra, y una vez que clarifiquemos nuestro rol ante el gobierno se despejará el camino para una relación más fructífera con las autoridades y comunidades", dijo la trabajadora expatriada.
Ariyaratne, de Sarvodaya, expresó que reducir las operaciones es natural, dado que hay menos necesidad de estos servicios.
"Lo que hay que hacer es redefinir el rol de las organizaciones no gubernamentales", dijo, agregando que hay algunos servicios que en tiempos de paz debe brindar el gobierno.
El aporte de la sociedad civil se vuelve importante en áreas como el apoyo a la atención a la salud y los medios de sustento, añadió.
"También ayudamos a los desplazados a volverse independientes y los preparamos para recibir servicios del Estado", señaló.
Wijeratne, de la Cruz Roja, dijo que la agencia continúa debatiendo con las autoridades sus actividades futuras. Aún quedan necesidades humanitarias que se deben abordar, opinó.
"Nosotros trabajamos con desplazados, enfermos, heridos y lisiados, y también con poblaciones que regresan", explicó.
La Cruz Roja también posee oficinas en las norteñas localidades de Jaffna, Vavuniya y Mannar.
Otras dos, en el centro del antiguo frente de batalla —en Kilinochchi y Puthukudiirrupu— justo antes de que esos poblados dejaran de estar bajo control rebelde, fueron clausuradas al ser capturados por el gobierno.
